Culiacán, Sinaloa.- Ante la falta de una respuesta de fondo por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a los reclamos por los altos cobros del servicio de energía eléctrica en Sinaloa, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Óscar Loza Ochoa, consideró que se requiere una intervención más firme del Poder Ejecutivo y del Congreso del Estado para atender el conflicto.

El ombudsperson informó que integrantes de los grupos ciudadanos que encabezan las protestas por las tarifas eléctricas acudieron a la CEDH para solicitar orientación y acompañamiento, debido a la afectación económica que enfrentan cientos de familias.

“Es un problema muy sentido desde el punto de vista social. Las escuchamos, les dimos orientación y nos pidieron que las acompañáramos”, explicó.

Loza recordó que la Comisión también sostuvo acercamientos con el superintendente de la CFE en Sinaloa; sin embargo, señaló que la respuesta se limitó a ofrecer facilidades de pago, sin atender el origen de los cobros.

“Aquí es obvio que se requiere una acción mucho más fuerte por parte del Ejecutivo del Estado y del Congreso local para que los escuchen”, afirmó.

El presidente de la CEDH señaló que, de acuerdo con lo expresado por funcionarios de la CFE durante la reunión realizada en la Ciudad de México, la empresa argumentó que no tiene facultades para reconocer posibles fallas en los medidores, por lo que remite esos casos a la Secretaría de Hacienda.

No obstante, consideró que esa respuesta resulta insuficiente frente a recibos que, dijo, han llegado hasta los 90 mil e incluso 180 mil pesos en algunos casos.

Asimismo, cuestionó que continúen los cortes del servicio eléctrico, pese al acuerdo anunciado previamente entre autoridades estatales y la CFE para suspender las interrupciones mientras se revisaban los casos.

“Cuando se habla de electricidad también se habla de un derecho humano”, sostuvo.

Loza Ochoa planteó además la necesidad de crear una instancia independiente que pueda resolver las controversias entre los usuarios y la Comisión Federal de Electricidad.

“Debe existir un tercero que resuelva estos conflictos. No puede dejarse únicamente a la Comisión Federal de Electricidad ni a la Secretaría de Hacienda la decisión sobre estos casos”, concluyó.

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