Los operativos que realizan las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional en los municipios de Rosario, Escuinapa y Concordia llegan tarde pero de cualquier forma son necesarios para restablecer la seguridad y el predominio de la ley en esa región afectada por la violencia de alto impacto.

Después de 22 meses de que las facciones que se enfrentan por el control del Cártel de Sinaloa y exhiben su enorme capacidad logística y la disposición de arsenales inagotables, el Gabinete de Seguridad federal implementa la acción aérea y terrestre que el 4 de julio abatió a diez presuntos delincuentes y detuvo a tres más.

Este operativo fue la respuesta al ataque que el 3 de julio afectó a cuatro elementos de la Marina, asesinando a uno de ellos e hiriendo a tres, en las inmediaciones de la presa Picachos, recalcando dicha agresión la permanencia de sicarios a los cuales se les acusa de crímenes de alto impacto como el asesinato de mineros de la empresa Viszla Sílver y la desaparición de turistas en Mazatlán.

El sur del estado sigue siendo campo de batalla de la narcoguerra, ahora con mayor temor e incertidumbre por la participación numerosa de militares en el combate de la delincuencia organizada que se ha asentado en la región limítrofe con Durango y Nayarit, situación que obligó a familias al desplazamiento forzado mientras las que deciden quedarse en sus comunidades tienen la vida en vilo.

Las instituciones de seguridad pública han sido convocada una y otra vez por sectores sociales, expertos y por las mismas circunstancias, a marcar distancia de la estrategia de reaccionar ante hechos criminales ya consumados, para proceder a la prevención y solución del fenómeno multicausal de la violencia. La región sur de Sinaloa refrenda la táctica de intervenir con la mayor fuerza del Estado cuando el número de víctimas y las afectaciones económicas han devastado al tejido social y no antes de las terribles consecuencias.