La educación, que todos debiéramos cuidar como única salida disponible en Sinaloa hacia la paz y legalidad, está afectada por la violencia que trastoca a la sociedad en general por el atroz y prolongado conflicto entre organizaciones criminales, durante 22 meses que se cumplen hoy.

De acuerdo con el balance educativo 2025-2026 que presenta Mexicanos Primero capítulo Sinaloa, elaborado con base en solicitudes de acceso a la información, documentos oficiales y un monitoreo realizado durante todo el ciclo escolar, la crisis de la seguridad marcó al recién concluido período lectivo con 60 días de suspensión de clases por violencia y 64 por problemas operativos.

El informe presentado por la directora de la institución, Nuria González Elizalde, también detecta deficiencias en infraestructura escolar, recortes en programas estratégicos y la ausencia de información pública para medir los aprendizajes de niñas, niños y adolescentes, de lo cual deriva el planteamiento de que “el Estado garantice condiciones propicias para que las niñas, niños y jóvenes puedan estar, aprender y participar en contextos adecuados, dignos y seguros”.

La educación es una más de las víctimas colaterales de la narcoguerra y tal coyuntura se complica porque brilla por su ausencia la voluntad gubernamental para blindarla y fortalecerla en épocas difciles como la actual.

Con la enseñanza del nivel básico comprometida en sus posibilidades de aprendizajes por la falta de garantías constitucionales, así como la crisis financiera que amenaza con paralizar las actividades en la Universidad Autónoma de Sinaloa, son motivos suficientes para activar alarmas sociales que nos hagan salir al unísono a proteger lo único que en mediano y largo plazo nos sacará de la repetitiva encrucijada donde el horror y el sentimiento de orfandad política nos colocan en modo de permanente resiliencia.