Muertes, abusos y negligencia: los centros del ICE son los verdugos de los migrantes

Ciudad de México, 12 de julio (SinEmbargo).– Los centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos acumulan denuncias por hacinamiento, malos tratos, deficiencias sanitarias y violaciones a los derechos humanos. Entre 2025 y 2026 al menos 58 personas de distintas nacionalidades murieron bajo custodia migratoria, de las cuales 14 eran mexicanas. Frente a este panorama, el Gobierno de México anunció que endurecerá su respuesta jurídica contra las empresas privadas que administran estos centros, señaladas por concentrar buena parte de las denuncias sobre las condiciones de internamiento y el trato a los migrantes.

El Canciller mexicano Roberto Velasco Álvarez informó el jueves que México emprenderá una ofensiva legal contra las compañías privadas encargadas de operar centros de detención migratoria. Como parte de la estrategia, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) enviará cartas de “cease and desist” (cese y desistimiento) para exigir el fin de las prácticas y condiciones que, afirmó, derivaron en la muerte de ciudadanos mexicanos bajo custodia. Además, el Gobierno mexicano recurrirá a organismos internacionales para reforzar la protección de sus connacionales.

Las medidas llegan después de años de denuncias de organizaciones civiles, abogados y medios de comunicación sobre las condiciones que enfrentan miles de migrantes recluidos en estos centros, cuya población se disparó tras el endurecimiento de la política migratoria impulsada por el Presidente Donald Trump.

El Deportation Data Project, que analiza información oficial obtenida mediante solicitudes de transparencia, documentó que entre 2025 y principios de 2026 la Administración Trump multiplicó la capacidad y el uso del sistema de detención migratoria. El promedio diario de personas detenidas por arrestos realizados dentro de Estados Unidos pasó de unas 14 mil durante la segunda mitad de 2024 a cerca de 57 mil en enero de 2026.

El incremento respondió, por un lado, a la ampliación de la infraestructura de detención, que pasó de unas 40 mil a casi 70 mil camas gracias a una inyección extraordinaria de recursos federales. Sin embargo, el mayor crecimiento obedeció al uso intensivo de instalaciones que el ICE ya tenía disponibles. A ello se sumó la drástica disminución de los arrestos en la frontera, que liberó miles de espacios ocupados rápidamente por personas detenidas en el interior del país, consolidando un giro hacia las redadas internas como eje de la estrategia migratoria.

Los datos del Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), de la Universidad de Syracuse, muestran que al 4 de abril de 2026 el ICE mantenía bajo custodia a 60 mil 311 personas. De ellas, 42 mil 722 —el 70.8 por ciento— no tenían antecedentes penales. Incluso entre quienes sí registraban condenas, muchas correspondían únicamente a faltas menores, como infracciones de tránsito. La información también señala que Texas concentró el mayor número de personas detenidas durante el año fiscal 2026. Tan solo el centro ERO El Paso Camp East Montana albergó un promedio diario de 2 mil 505 migrantes.

Un encierro convertido en infierno

A finales de mayo, una demanda colectiva presentada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y otras organizaciones acusó al centro de detención Camp East Montana, en Fort Bliss, Texas, de mantener a las personas migrantes en condiciones que violan gravemente la Constitución estadounidense y los derechos humanos.

La demanda, presentada en representación de cuatro personas detenidas, sostiene que el mayor centro de detención migratoria del país somete a los internos a violencia física, negligencia médica, aislamiento prolongado, alimentos en mal estado, falta de higiene y represalias contra quienes denuncian abusos.

Los testimonios incluidos en la querella describen golpizas por parte de custodios, atención médica insuficiente incluso para lesiones graves y enfermedades mentales, así como el uso del confinamiento solitario como castigo. También denuncian que las instalaciones —grandes tiendas de campaña instaladas en el desierto de El Paso— presentan temperaturas extremas, polvo permanente y hacinamiento, condiciones que ponen en riesgo la salud de los detenidos.

La demanda sostiene que, desde su apertura en 2025, el centro ha acumulado múltiples violaciones a los estándares federales de detención, además de registrar varias muertes bajo custodia y un brote de sarampión. Para las organizaciones demandantes, estos hechos reflejan un patrón sistemático de abusos derivado de la rápida expansión de la política de detenciones masivas impulsada por la Administración Trump.

Las denuncias no se limitan a Camp East Montana.

Una investigación de The New York Times documentó la muerte de Emmanuel Damas, un migrante haitiano de 56 años que, de acuerdo con testimonios de otros detenidos y de su familia, pasó aproximadamente una semana solicitando atención médica por un intenso dolor de muelas en un centro de detención de Arizona. Según la investigación, únicamente recibió ibuprofeno. La infección avanzó hasta provocarle un choque séptico y murió el 2 de marzo de 2026. Sus familiares sostienen que las autoridades ignoraron reiteradamente su estado de salud y lo “dejaron morir” bajo custodia.

El caso forma parte de una investigación basada en una demanda federal y más de dos decenas de entrevistas con abogados, migrantes, familiares, médicos y funcionarios electos. El reportaje describe un patrón de deficiencias en numerosos centros administrados por empresas privadas como CoreCivic y GEO Group.

Golpes, comida podrida e infecciones

Los testimonios recopilados denuncian falta de atención médica oportuna, escasez de medicamentos, alimentos en mal estado, agua potable insuficiente, condiciones insalubres y brotes de enfermedades. El reportaje también documenta otras muertes registradas en instalaciones como Adelanto, California, y un campamento de tiendas de campaña en El Paso, Texas, donde familiares han cuestionado las versiones oficiales y promovido investigaciones independientes.

En el centro de detención Delaney Hall, en Newark, inspecciones sanitarias y documentos oficiales confirmaron múltiples denuncias formuladas durante meses por las personas detenidas. Los informes revisados por The New York Times revelan graves fallas en el manejo de alimentos, deficiencias de higiene y obstáculos impuestos por las autoridades para inspeccionar completamente las instalaciones.

Las inspecciones detectaron alimentos almacenados a temperaturas peligrosas, superficies de preparación sin desinfectar, personal que incumplía protocolos básicos de higiene y riesgos de contaminación cruzada. Además, autoridades sanitarias de Nueva Jersey denunciaron que se les negó el acceso a las áreas médicas y de alojamiento para revisar los protocolos de control de infecciones.

Los testimonios de personas detenidas y sus familiares describen un panorama aún más preocupante: comida insuficiente o descompuesta, hacinamiento, celdas con temperaturas extremas, mala ventilación, dificultades para acceder a atención médica y restricciones a las visitas familiares.

Algunos migrantes aseguraron haber permanecido semanas sin recibir tratamiento para enfermedades, mientras otros afirmaron desconocer las razones por las que seguían detenidos. GEO Group rechazó las acusaciones y sostuvo que cualquier deficiencia detectada se corrige conforme a los protocolos establecidos por el ICE.
Las denuncias derivaron en una huelga de hambre de los propios detenidos y en semanas de protestas frente al centro, algunas de las cuales terminaron en enfrentamientos con fuerzas federales.

Organizaciones civiles, voluntarios y líderes religiosos —entre ellos el cardenal Joseph Tobin— respaldaron las movilizaciones y exigieron el cierre de Delaney Hall, al considerar que el centro simboliza las consecuencias de la expansión acelerada del sistema de detención migratoria impulsado por la Administración Trump.

“No son tragedias aisladas”

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) ha expuesto cómo las muertes de migrantes en los centros del ICE “no son tragedias aisladas, sino las consecuencias previsibles de un sistema plagado de negligencia, abuso e impunidad”. En ese sentido, ha expuesto que se han producido en múltiples centros con fallos médicos documentados y condiciones inseguras.

En Fort Bliss, el Centro Correccional de Florence y el Centro de Procesamiento de ICE de Adelanto, por ejemplo, han fallecido personas por homicidio, infecciones no tratadas y retraso en la atención de emergencia. En muchos casos, defensores y expertos médicos han constatado que estas muertes eran prevenibles.

En un caso, una infección dental se dejó sin tratar hasta que se volvió séptica, o una afección crónica se ignoró hasta que provocó una insuficiencia orgánica . La ACLU y sus socios han documentado repetidamente la atención médica deficiente y la retención o el retraso sistemáticos de los historiales médicos en los centros de ICE.

La organización denunció que ICE acelera una expansión sin precedentes de su infraestructura de detención mediante la llamada Detention Re-engineering Initiative, un plan que contempla la compra y reconversión de más de 20 bodegas industriales para transformarlas en centros de detención, con una capacidad total cercana a las 96 mil 600 personas.

La ACLU advierte que estos nuevos centros priorizan el confinamiento masivo sobre condiciones dignas de detención. Los planos muestran grandes dormitorios con hileras de literas bajo vigilancia permanente, acceso limitado al exterior, escasas facilidades para personas con discapacidad y mayores obstáculos para que los migrantes consulten a abogados o comparezcan ante jueces de inmigración. La organización concluye que, en lugar de corregir las deficiencias que han derivado en un número récord de fallecimientos, el Gobierno estadounidense está destinando miles de millones de dólares a ampliar un sistema que considera inhumano y con escasa supervisión pública.

Freedom for Immigrants, otra organización, ha documentado miles de casos de abuso en estos centros por los que ha presentado denuncias por violación de derechos civiles en nombre de cientos de personas detenidas por motivos de inmigración. Al mismo tiempo ha expuesto que el modelo de los centros de detención de inmigrantes no aborda ni previene eficazmente las violaciones de los derechos humanos y civiles. De hecho, solo el ICE y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del que depende, realizan auditorías de los centros de detención de inmigrantes.

El uso de la fuerza como método

Una investigación de The Washington Post, basada en 1,460 reportes internos del ICE obtenidos de forma confidencial, reveló desde mayo un aumento significativo en el uso de la fuerza dentro de los centros de detención durante el primer año del segundo mandato de Donald Trump.

Entre enero de 2025 y enero de 2026, el personal recurrió a golpes, inmovilizaciones, sillas de sujeción, pistolas Taser, gas pimienta y balas de pimienta en al menos 780 incidentes, un incremento del 37 por ciento respecto al año anterior. El número de personas sometidas a estas acciones aumentó 54 por ciento, mientras que la población detenida creció 45 por ciento, en un contexto de expansión acelerada del sistema de detención migratoria.

El reportaje documentó que, en numerosos casos, la fuerza fue utilizada contra migrantes que reclamaban condiciones básicas de detención, como acceso a agua, alimentos, atención médica o sus pertenencias personales, en lugar de responder a actos de violencia.

Entre los episodios descritos figuran el uso de balas de pimienta contra 39 personas en un centro de Alaska que protestaban por no poder recuperar sus objetos personales; el rociado con gas pimienta a 35 detenidos en Georgia que exigían atención médica; y otro incidente en Nuevo México, donde 65 migrantes fueron dispersados con gas pimienta durante una huelga de hambre por la mala calidad de la comida y la falta de agua para asearse.

Los documentos muestran además que al menos 106 personas resultaron lesionadas en incidentes de uso de la fuerza desde principios de 2024, aunque el propio diario advierte que la cifra probablemente es mayor debido a registros incompletos. La investigación también encontró inconsistencias en los reportes oficiales, posibles omisiones de casos graves y una reducción deliberada en el nivel de detalle de los informes tras la llegada de Trump al poder. Asimismo, señala que muchos de los centros son operados por empresas privadas y que buena parte de la supervisión gubernamental sobre las condiciones de detención fue debilitada durante la nueva administración.

El caso del mexicano Pedro Cantú Ríos, de 68 años, ilustra las consecuencias de estas prácticas. Tras inhalar agentes químicos durante el operativo en Alaska, sufrió dificultades respiratorias persistentes que, asegura, nunca desaparecieron. Posteriormente fue deportado a México, donde trabaja como barrendero en Nuevo León y afirma que su capacidad física quedó afectada.

Aunque el Departamento de Seguridad Nacional sostiene que los agentes reciben capacitación para emplear únicamente la fuerza mínima necesaria y niega irregularidades en varios de los incidentes descritos, especialistas, exfuncionarios y defensores de los derechos de los migrantes consultados por el diario atribuyen el incremento de estos episodios al hacinamiento, la falta de personal, la escasa supervisión y un modelo de detención basado en prácticas propias del sistema penitenciario.