El gobierno de Guanajuato pagó 47.1 millones de pesos por transmitir distintos partidos del Mundial de Fútbol en plazas públicas de los municipios de León y Dolores Hidalgo. Así fue revelado este viernes en un micrositio luego que POPLab solicitó al área de comunicación de Secretaría de Turismo e Identidad (Secturi) conocer el estado de los contratos ejecutados para dichos eventos, y que fueron negados durante un mes.

De acuerdo con lo reportado hasta el 10 de julio, a una semana de que concluya la justa mundialista, más de 75 mil personas han acudido a ver las transmisiones en las tres sedes y se ha generado una derrama económica de 14.7 millones de pesos en comercios locales, lo que representa apenas una tercera parte de la inversión estatal de 47 millones de pesos. 

En la postura enviada a los medios de comunicación a través del enlace de prensa de la Secturi, el gobierno estatal señaló que los eventos fueron diseñados para acercar a las familias a dicho evento deportivo de manera gratuita. Asimismo, se explica que los 47 millones de pesos fueron destinados a la instalación y operación de las sedes, la producción técnica, la logística, el equipamiento, la seguridad, la programación de actividades y la coordinación institucional.

En el caso de León, la empresa encargada de prestar el servicio de producción y transmisión de 40 partidos fue la Coordinadora de Eventos y Convenciones del Bajío S. de R.L., que estuvo a cargo de la organización del segundo informe de la gobernadora Libia García, en mayo pasado, así como del evento Alas para Volar, pagado por la administración leonesa con motivo del 450 aniversario de la fundación del municipio.

El costo total de la producción fue de 24.3 millones de pesos, de los cuales, 5 millones corresponden al pago por los derechos para transmitir los partidos; los 19.7 millones restantes corresponden a mobiliario como sillas, carpas, vallas, iluminación, audio, pantallas, baños portátiles, personal de seguridad privada, entre otros. Así consta en el anexo del contrato SECTURI/CTO/208/2026, con fecha del 10 de junio, al cual POPLab tuvo acceso.

Para Dolores Hidalgo, para la transmisión de 35 partidos de la Copa del Mundo, fue contratada Comercializadora de Espectáculos RP, empresa ligada a Grupo García, que fue la principal proveedora de conciertos nacionales e internacionales para la Feria de León en 2024 y 2025. El costo por su servicio en el pueblo mágico fue de 15.4 millones de pesos, de los cuales 2.1 millones corresponden a la licencia para retransmitir los partidos.

En Yuriria, el costo por la transmisión de los partidos fue cubierto por el programa federal de Pueblos Mágicos. No obstante, el gobierno estatal, a través de Secturi, sí destinó 7.3 millones de pesos del erario a la empresa The Best Marketing por concepto de producción. 

De acuerdo con las actas de la Secretaría de Economía, la prestadora de servicios fue creada en León en 2010, pero en 2013 su domicilio cambió a la ciudad de Guadalajara. Anteriormente, ha sido contratada por distintas dependencias del Estado, así como por el municipio de Irapuato para la realización de eventos masivos.

Fue a finales de mayo, días antes del arranque de la Copa del Mundo, cuando la gobernadora, Libia Dennise García Muñoz Ledo, anunció en una transmisión que el estado pagó por los derechos para transmitir 35 partidos de la justa mundialista en tres plazas públicas de los municipios mencionados. En aquel momento no fueron dados a conocer los costos ni los proveedores implicados en la organización de los eventos.

Transparencia Mexicana cuestiona ocultamiento de costos por transmisiones del Mundial

Para Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, la negativa inicial a entregar la información sobre los recursos destinados por el Gobierno de Guanajuato para transmitir los partidos del Mundial de Fútbol en espacios públicos carece, en principio, de sustento constitucional.

De acuerdo con la respuesta a distintas solicitudes hechas por esta reportera con fecha del 15 de junio, la información fue negada con el argumento de que el contrato se encontraba en proceso de integración. Asimismo, una postura de la Secretaría de Turismo e Identidad publicada por el diario AM el 16 de junio, refería a supuestas cláusulas de confidencialidad establecidas por terceros.

Aunque inicialmente la dependencia estatal solamente compartió una postura en la que se detalló el monto global de los tres municipios, POPLab tuvo acceso al micrositio de la Secturi en el que se encuentran los costos desglosados por municipio, así como sus respectivos contratos, luego de que dicha información fue negada durante cuatro semanas.

En entrevista para POPLab, Eduardo Bohorquez señaló que ningún convenio o acuerdo comercial suscrito por una autoridad puede estar por encima de las obligaciones de transparencia previstas en la Constitución, sin importar si la contraparte es la FIFA o cualquier televisora privada. 

El especialista explicó que el principio de máxima publicidad obliga a las autoridades a transparentar el destino de los recursos públicos, por lo que los montos pagados por licencias de retransmisión o por cualquier otro servicio contratado con dinero de los contribuyentes deben ser de acceso público. Aclaró que, aunque un contrato puede contener información protegida por la ley en casos específicos, consideró poco probable que el costo de estas operaciones pueda clasificarse como reservado.

“No existe argumento comercial que pueda ir en contra de la disposición constitucional de seguir el dinero de los contribuyentes. En caso de existir cláusula alguna de confidencialidad, esta deberá ser exhibida como parte de la clasificación de reservada, lo que permitirá analizar la validez legal de la cláusula y también la posible afectación al derecho a saber de los contribuyentes”, señaló.

Gobierno, sin justificación para negar información: Fundar

La decisión del Gobierno de Guanajuato de no transparentar desde el principio los costos de las licencias para transmitir los partidos del Mundial de Fútbol en plazas públicas representa una aplicación inadecuada de la Ley General de Transparencia, consideró Saraí Salvatierra, coordinadora del programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de Fundar, Centro de Análisis e Investigación.

La especialista afirmó que invocar una cláusula de confidencialidad para ocultar un contrato financiado con recursos públicos constituye una mala práctica, ya que la legislación mexicana establece que el destino del dinero de los contribuyentes debe ser público. Explicó que la confidencialidad únicamente procede para proteger datos personales u otra información expresamente prevista por la ley, pero no los montos pagados por una dependencia gubernamental.

“Señalar confidencialidad por un contrato a través de recursos públicos me parece que es muy desproporcionado, sobre todo porque la Ley General de Transparencia sí señala que, cuando se trata del uso de recursos públicos, la información no puede ser confidencial ni reservarse. No podría ser confidencial porque no es un dato personal, pero no podría ni siquiera reservarse porque es ejercicio de recurso público”, explicó en entrevista.

En el mismo sentido, la especialista de Fundar cuestionó que la información no puede difundirse porque el contrato se encuentra en un proceso activo. Explicó que la legislación únicamente permite reservas parciales cuando existe un procedimiento administrativo o jurisdiccional cuya resolución pudiera verse afectada por la difusión de determinados datos, y aun en esos casos la restricción no aplica de manera general al contenido de un contrato ni al monto de los recursos ejercidos.

La coordinadora de Fundar indicó que, si bien algunos datos específicos podrían protegerse en circunstancias excepcionales, como información personal de particulares, ello no alcanza a los recursos públicos involucrados.

“Los montos ejercidos con dinero público no se pueden ocultar de ninguna manera”, enfatizó al señalar que cualquier restricción debe estar plenamente fundada y motivada conforme a la ley.

Salvatierra recordó que la reforma a la Ley General de Transparencia de 2025 mantuvo intacto el principio de máxima publicidad respecto al uso de recursos públicos. Añadió que anteriormente el entonces Instituto Nacional de Transparencia emitía criterios para homologar las respuestas de las autoridades en todo el país, lo que daba certeza sobre la información que debía entregarse a los ciudadanos.

“Antes al existir solo un órgano garante o al menos uno federal y uno en cada entidad, había como un estándar en el tipo de respuestas o la forma en que van contestando tanto los sujetos obligados, sobre todo porque al INAI le correspondía emitir criterios que lo que hacían era unificar como ese tipo de respuestas” dijo.

La especialista expresó preocupación por la falta de criterios uniformes en el nuevo sistema de transparencia, pues advirtió que cada entidad podría comenzar a responder de manera discrecional las solicitudes de información.

Finalmente, Salvatierra consideró que esta situación puede desalentar a la ciudadanía a ejercer su derecho de acceso a la información, debido a que los procesos de revisión se vuelven más largos, complejos y con estándares distintos entre un estado y otro.

“Preocupa cómo los distintos estándares y la forma de responder discrecional que pudiera hacer cada entidad. Regresaríamos como hace muchos años, a que cada entidad te dé un nivel distinto de respuesta. Lo que van a hacer es desincentivar a la gente a presentar recursos de revisión porque alargan el tiempo para responder”, advirtió.

Este trabajo fue realizado por POP Lab, que forma parte de Territorial, Alianza de Medios. Para consultar el contenido original, dar clic aquí.