México, el campo de batalla de la industria de alimentos ultraprocesados

Por Kennia Velázquez / Quinto Elemento Lab y Thin Lei Win / Lighthouse Reports

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, promovió el logotipo de la Coca-Cola durante 37 largos segundos en una de sus populares y muy vistas conferencias matutinas el pasado marzo, en un acto escenificado para apoyar las actividades que la compañía refresquera realizaba en vísperas del Mundial de futbol, que terminó este domingo con España como campeón.

Frente a las cámaras, Sheinbaum presumió los boletos que iba a regalar la empresa y luego levantó con una amplia sonrisa el trofeo de la Copa del Mundo. A su lado, el presidente de Coca-Cola México, Louis Balat, agradeció la ayuda del gobierno para realizar una gira con el trofeo por diversas ciudades del país.

En los años recientes, Coca-Cola no solo fue el patrocinador oficial del Mundial, también fue la compañía que, a través de las embotelladoras locales que fabrican sus productos en México, promovió la mayor cantidad de demandas judiciales en contra de las regulaciones gubernamentales a los refrescos y la comida chatarra en el país.

Durante los últimos tres lustros, el sector de los refrescos y los alimentos ultraprocesados interpuso a escala mundial al menos 239 demandas judiciales en seis de sus principales mercados (Estados Unidos, Reino Unido, India, Brasil, México y Colombia) para revocar o modificar leyes y normas. El 80 por ciento de todos esos litigios que se entablaron entre 2010 y 2025 sucedieron en México, de acuerdo con una investigación de Quinto Elemento Lab en colaboración con Lighthouse Reports y una alianza de medios internacionales.

De todas las demandas promovidas en esos seis países, 188 casos fueron entablados directamente por grandes empresas privadas, y más de un tercio fueron presentados por nueve grupos corporativos y sus filiales o socios: Coca-Cola a la cabeza con 24 casos, seguida de PepsiCo con 17.

México se ha convertido en los últimos años en uno de los principales laboratorios mundiales de políticas públicas dirigidas a combatir enfermedades asociadas con la alimentación y a regular los productos ultraprocesados, que son alimentos y bebidas listos para consumir y que suelen contener altos niveles de azúcares, grasas y sodio, con un bajo aporte de fibra y nutrientes.

Impuestos a bebidas azucaradas y alimentos con alto contenido calórico, restricciones a la publicidad dirigida a la infancia, un sistema de etiquetado frontal de advertencia —los sellos en los paquetes que alertan sobre el exceso de azúcar, grasa, sodio y otros aditivos—, así como la prohibición de la venta de estos productos en escuelas, posicionaron al país como referente internacional en la adopción de medidas regulatorias para la salud pública.

La estrategia de ataque

 

De las 193 demandas que esta investigación documentó en México, 154 fallaron a favor del interés público, dos fueron resueltas en beneficio de la industria alimentaria, tres tienen un resultado poco claro, 15 fueron retiradas por las demandantes, y 19 permanecen pendientes de resolución.

Según expertos y organizaciones civiles que han seguido los procesos, la avalancha de amparos por parte de las grandes empresas tiene un doble propósito: retrasar la implementación de las leyes en México y enviar una advertencia a otros países que pudieran seguir su ejemplo, mostrándoles que adoptar regulaciones similares los expondría a una cascada de demandas.

“Tienen suficientes recursos para hacerlo, incluso para perder dinero en estos litigios. Parece ser parte de su modelo de negocio. En cualquier etapa del ciclo de las políticas públicas, invertirán en todo lo que esté a su alcance y sea necesario para mantener el mercado sin regulación y alineado con sus intereses”, sostiene el asesor de nutrición y actividad física en la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Fabio da Silva Gomes.

Scott Faber, excabildero de la industria alimentaria y actual vicepresidente de Asuntos Gubernamentales del Environmental Working Group en Washington, explica que “esta no es una pelea por dinero. Es una pelea por poder, y las empresas simplemente no quieren que los legisladores jueguen un papel en cómo toman los consumidores sus decisiones”.

El etiquetado frontal fue la regulación que más escozor causó en la industria. De todos los amparos presentados ante tribunales mexicanos, el 80 por ciento fue por esa causa. En menor medida, las querellas se interpusieron por las restricciones a la publicidad dirigida a niños y adolescentes, el aumento de los impuestos especiales a las bebidas azucaradas y la prohibición de su venta en escuelas.

Del total de las demandas documentadas en México, el 8 por ciento fueron retiradas antes de que hubiera un fallo judicial. Según los activistas, esto responde a una lógica calculada en este tipo de procedimientos: el tribunal publica su borrador de resolución antes de la decisión final, y si la industria percibe que el fallo le será desfavorable, prefiere retirar la demanda para evitar que la sentencia siente un precedente que complique futuros litigios.

El coordinador legal de la asociación civil El Poder del Consumidor, Javier Zúñiga, explica la estrategia que hay detrás de los litigios. “Toman dos o tres argumentos legales y los explotan en todas partes. Se los plantean a los legisladores de manera política, al ejecutivo de manera regulatoria, y después a un tribunal de manera jurídica”.

Zúñiga afirma que “algo que confirman los casos en contra del etiquetado es que las industrias saben que esos casos los van a perder y aun así deciden presentarlos”, confiando en que podrían tener suerte y lograr un fallo favorable.

En 2022, tres casos llegaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a petición de juzgados que solicitaron al máximo tribunal pronunciarse debido a que su resolución tendría trascendencia nacional.

Tras analizar las impugnaciones —presentadas por Santa Clara (subsidiaria de FEMSA Coca-Cola), la embotelladora Desde el Corazón del Fruto (dueña de refrescos Barrilitos) y Grupo Herdez—, la SCJN declaró por unanimidad la constitucionalidad de diversas disposiciones del etiquetado frontal. Los ministros consideraron que los sellos en los empaques protegen el interés superior de niñas, niños y adolescentes, así como los derechos a la salud, a una alimentación adecuada y a la información.

Los argumentos legales

 

Para pelear ante los tribunales, las compañías que han presentado las decenas de amparos alegaron violaciones a diversos derechos constitucionales —libertad de comercio, propiedad intelectual, honor, no discriminación— y sostuvieron que las medidas “satanizaban” sus productos o vulneraban los derechos del consumidor.

Algunas empresas también afirmaron ante los jueces que no existe evidencia suficiente sobre los daños asociados a los edulcorantes ni sobre el impacto de la publicidad dirigida a niñas, niños y jóvenes.

Las compañías plantearon argumentos que los jueces rechazaron por carecer de sustento; por ejemplo, Jugos del Valle aseguró que el etiquetado constituye una intromisión en las decisiones familiares, y Coca-Cola afirmó que los sellos en los empaques inhiben el consumo sin considerar la dieta completa de las personas. Una embotelladora de Pepsi alegó que en ciertas zonas rurales de México es más seguro ingerir refrescos que el agua disponible. Yoli de Acapulco, una refresquera asociada a FEMSA, sostuvo que el impuesto a las bebidas azucaradas vulnera el derecho al libre desarrollo de la personalidad al limitar la elección de hábitos alimenticios.

“El etiquetado frontal viola nuestro derecho a la vida privada y a la cultura familiar, y representa una intromisión del Estado en las decisiones que los padres toman sobre sus hijos”, argumentó Jugos del Valle, una empresa de Coca-Cola.

“Los refrescos de sabores forman parte de la canasta básica rural, y los jugos y néctares envasados forman parte de la canasta básica urbana. Aumentar su precio con más impuestos impactará a la población mexicana en estado de pobreza porque no tendrán cómo pagar las bebidas saborizadas”, alegó la Compañía Embotelladora del Fuerte, que produce bebidas de Coca-Cola.

“En zonas rurales del país el consumo de bebidas endulzadas resulta indispensable para el desarrollo y bienestar de la población, ya que en esas zonas es más seguro ingerir las bebidas azucaradas que el agua simple, ya que no es 100 por ciento potable”, expuso la embotelladora de Pepsi, GEPP.

FEMSA y Compañía Embotelladora del Fuerte declinaron hacer comentarios para este reportaje y pidieron contactar a Coca-Cola México, que tampoco quiso referirse a la estrategia detrás de las demandas. GEPP no respondió a las solicitudes de información.

Según consta en las resoluciones judiciales, algunos de los argumentos esgrimidos por las compañías fueron desestimados por los juzgados tras considerar que ciertos derechos invocados corresponden a personas físicas y no a empresas. Aun así, los procesos han prolongado disputas regulatorias durante años y muestran cómo el sistema legal se ha convertido en un espacio relevante para debatir el alcance de las políticas de salud.

A nivel internacional, las grandes empresas del sector de alimentos y bebidas han perdido el 82 por ciento de los casos que llevaron ante tribunales, pero el solo hecho de atender las demandas en las cortes provoca que se absorban recursos públicos. Los 239 litigios entablados en los seis países donde las empresas son líderes de mercado suman más de 595 años en los tribunales. Algunas querellas en Brasil llevan en curso desde 2010 sin que se hayan resuelto.

Faber, del Environmental Working Group, advierte que el litigio no es necesariamente el último recurso. “El hecho de que la industria predeciblemente impugne estas políticas en los tribunales es un factor que se toma en cuenta desde el inicio del proceso de formulación de dichas políticas”.

Los datos recabados en esta investigación revelan que seis de cada diez litigios en México se presentaron tan solo en 2020, cuando el etiquetado frontal entró en vigor. Las demandas continuaron en los siguientes años, conforme la norma se consolidaba.

Embotelladoras y marcas relacionadas con Coca-Cola fueron las más activas promoviendo recursos legales al concentrar por lo menos 24 de las querellas presentadas, seguidas de empresas como Pepsi, Mondelez, Ferrero, Danone y Kellogg’s.

“Ferrero ha mantenido conversaciones con diferentes autoridades y organismos reguladores en lo que respecta a la claridad en la aplicación de las políticas”, respondió la compañía que produce la famosa Nutella y otros dulces. La firma presentó al menos cinco demandas en México, pero declinó hablar sobre sus tácticas legales.

“Apoyamos todas las iniciativas diseñadas para ayudar a las personas a tomar decisiones saludables en cuanto a los alimentos que compran y consumen”, informó Danone, que promovió cinco amparos, pero rechazó responder a los cuestionamientos sobre sus litigios en México. Mondelez, Pepsi y Kellogg’s no respondieron a las solicitudes.

“Si los países impulsan políticas eficaces, siempre enfrentarán oposición, (…) particularmente de las industrias trasnacionales o las grandes empresas, porque ellas tienen los recursos para entablar litigios e implementar otras tácticas de resistencia”, sostiene el experto de la OPS, Fabio Da Silva.

Los amparos promovidos en México fueron presentados por al menos 60 empresas ante tribunales federales de la Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, el Estado de México, Guanajuato, Yucatán y Puebla, entre otras entidades. En 51 casos no fue posible identificar a la persona o empresa demandante, pues las versiones públicas entregadas por la autoridad vía Transparencia ocultaron ese dato.

Fomento Económico Mexicano (FEMSA) y Arca Continental son dos empresas mexicanas que venden el 65 por ciento de los productos de Coca-Cola que se consumen en América Latina. Seis de las filiales de FEMSA presentaron una demanda cada una contra el gobierno para frenar tanto el impuesto a bebidas azucaradas como el etiquetado frontal. En todos los casos, el fallo favoreció al interés público.

“Consideramos que los desafíos de salud pública se abordan mejor mediante la colaboración entre los gobiernos, las autoridades de salud pública, el sector privado y la sociedad civil, (…) respetamos el papel que cada uno de estos actores desempeña para contribuir al cumplimiento de los objetivos de salud pública”, informó Coca-Cola México, aunque no detalló sobre la estrategia de interponer amparos.

La escena de Sheinbaum en su conferencia de prensa promoviendo la Coca-Cola resume una paradoja, pues han sido los gobiernos de Morena —el partido político al que pertenece la presidenta— los que han impulsado las regulaciones más ambiciosas para la industria de alimentos y bebidas.

Las administraciones de Andrés Manuel López Obrador y de Sheinbaum implementaron el etiquetado frontal de advertencia (2020), la prohibición de venta de ultraprocesados en escuelas (2025) y el incremento del impuesto a los refrescos (2026). Cuando fue presidente, López Obrador recomendó a la ciudadanía abstenerse de consumir productos ultraprocesados; incluso llegó a referirse a los refrescos como “aguas puercas”.

Las medidas impulsadas por los gobiernos morenistas para regular las bebidas endulzadas y los alimentos chatarra han sido combatidas durante años en los tribunales por parte de las embotelladoras de Coca-Cola y otras refresqueras. Ahora, esa misma empresa comparte escenario con la presidenta, le entrega boletos del Mundial, participa en actividades de la mano de su gobierno y anuncia inversiones millonarias.

La guerra contra los sellos

 

María de Lourdes Reyes y sus dos hijas tienen resistencia a la insulina, y una de ellas padece además dermatitis atópica y alergias alimentarias. Su pediatra le recomendó aprender a identificar los ingredientes de los productos. Los ultraprocesados fueron desapareciendo de la alacena de esta familia radicada en Saltillo. Fuera los embutidos, fuera los aceites industriales, fuera los alimentos con listas interminables de ingredientes.

“Prácticamente preparamos todos nuestros alimentos, y nos ha ayudado muchísimo”, dice. Lo que más le sorprendió cuando aparecieron los sellos de advertencia fueron los cereales y las barritas que se promocionan como saludables. “Dicen que son muy orgánicas y de orgánicas no tienen nada”, afirma.

Lograr que la gente pudiera identificar de manera fácil y rápida los ingredientes críticos en los productos tomó un largo camino. En octubre de 2019, el Congreso mexicano aprobó casi por unanimidad la implementación del etiquetado frontal de advertencia en alimentos y bebidas.

Los sellos sustituyeron un modelo impulsado por la propia industria que requería cálculos complejos para interpretar la información nutricional. Un estudio del Instituto Nacional de Salud Pública, publicado en 2020, encontró que el 75 por ciento de la población no podía distinguir la calidad nutrimental de un producto.

México ocupaba en 2019 el cuarto lugar entre 80 naciones en ventas per cápita de ultraprocesados, de acuerdo con la OPS. El gasto familiar en estos productos creció 29 por ciento entre 2006 y 2022, desplazando progresivamente a los alimentos naturales, de acuerdo con el Banco de México. El promedio anual de consumo de bebidas azucaradas alcanza los 166 litros de refresco por persona, mientras que en Estados Unidos es de 131.7.

El impacto en la salud es directo: más de un tercio de los escolares mexicanos vive con exceso de peso o con obesidad — el 36.6 por ciento — y en la adolescencia la cifra llega al 40.1 por ciento, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua 2020-2024. De no revertirse la tendencia, la obesidad podría reducir la esperanza de vida en más de cuatro años hacia 2050, la proyección más alta entre los países de la OCDE. En tanto, la diabetes afecta a casi uno de cada cinco adultos mexicanos.

Carlos es taxista en la Ciudad de México y le resulta complicado alimentarse sanamente trabajando en la calle. “Sí, he visto los sellos, pero a veces es difícil no comprar esos productos porque no hay muchas opciones”, dice con cierta vergüenza. En cambio, celebra que en la escuela de su hija de siete años ya no vendan comida chatarra. “Ahora hay fruta picada, jícama o pepino con chilito y limón, y aguas frescas”.

La obligación de colocar prominentes sellos de advertencia en los productos ultraprocesados provocó una de las reacciones más intensas por parte de la industria alimentaria, pues también incluía la prohibición de usar imágenes de deportistas y personajes de programas infantiles, y la imposibilidad de hacer publicidad dirigida a niños y adolescentes.

Documentos obtenidos para esta investigación muestran que algunas compañías solicitaron a proveedores y aliados comerciales enviar cartas a funcionarios para expresar su preocupación por el nuevo sistema con la intención de retrasar y debilitar la medida. Fausto Costa, presidente ejecutivo de Nestlé México, pidió en 2019 a sus proveedores intervenir, y ofreció apoyo del área de Asuntos Corporativos de la empresa para elaborar y enviar comunicaciones dirigidas a las autoridades gubernamentales.

La petición del directivo argumentaba que los sellos buscaban desincentivar el consumo de sus productos, que el rediseño implicaría costos significativos y que ello podría afectar los empleos y la economía del sector agroindustrial.

“Como parte del sector industrial, Nestlé México brindó información a sus proveedores y aliados estratégicos sobre los posibles impactos de la implementación de dicha norma, y (buscó) facilitar una transición adecuada hacia el cumplimiento de la nueva regulación”, explicó la compañía acerca de esa carta enviada a sus aliados y proveedores.

Antes de que una Norma Oficial Mexicana (NOM) entre en vigor, el gobierno está obligado a someterla a consulta pública. La dependencia responsable publica un proyecto de norma y abre un periodo en el que cualquier persona, empresa u organización puede enviar comentarios, objeciones o propuestas de modificación.

Esas comunicaciones llegan a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER), que se encarga de revisar que las nuevas reglas sean viables y no impongan cargas innecesarias al sector productivo. Una vez cerrado el periodo de consulta, las autoridades analizan los comentarios recibidos, deciden si incorporan cambios al texto original y, finalmente, publican la norma en el Diario Oficial para que sea obligatoria.

En un correo electrónico enviado a la CONAMER también en 2019, el director de Asuntos Regulatorios y Científicos de Nestlé México pronosticó que el etiquetado frontal de advertencia no tendría el impacto esperado porque, aun con información sobre los riesgos para la salud, la población continuaría consumiendo productos no saludables.

“El problema real no es la información que recibe el consumidor (…), sino el consumidor en sí”, puesto que las personas no se encuentran suficientemente educadas para modificar sus hábitos alimenticios, interpretar adecuadamente el etiquetado vigente o realizar cambios orientados a una vida más saludable, según el mensaje enviado por el directivo de Nestlé.

Grupo Jumex, líder en la producción de jugos y néctares, impulsó acciones similares: correos electrónicos muestran mensajes enviados con formatos idénticos a distintos actores. En uno de ellos, desde la Dirección de Compras se instruye imprimir, firmar y remitir documentos a la CONAMER. Las cartas cuestionaban el sustento científico del etiquetado, criticaban la restricción al uso de celebridades y advertían posibles pérdidas económicas y laborales. Jumex declinó hacer comentarios para este reportaje.

La consulta de la NOM-051, que especifica cómo deben ser los etiquetados de advertencia en los productos que se comercializan en México, tuvo una participación inusualmente alta; se recibieron 5 mil 216 comentarios. Quienes participan en estas consultas no solo son ciudadanos o expertos en salud; también lo hacen empresas, cámaras industriales y grupos de cabildeo, que aprovechan el mecanismo para intentar moldear el texto final de la norma a su favor.

Sus “observaciones” —como se llaman formalmente— pueden ir desde señalar un error técnico hasta pedir que se elimine un requisito completo. Esta investigación detectó mil 820 observaciones realizadas por 155 grupos empresariales, de los que 55 eran cámaras industriales de países como España, Estados Unidos y Colombia.

Algunas organizaciones, como la estadounidense Food & Beverage Issue Alliance, aprovecharon los comentarios para solicitar al gobierno de su país oponerse al etiquetado mexicano, pues “aumenta la probabilidad de confusión masiva de los consumidores e incluso puede interrumpir los flujos comerciales en América del Norte”.

La participación de estas cámaras empresariales extranjeras tiene que ver con que “los grupos industriales invierten en generar alianzas internacionales, tanto financiando estudios como aunando resultados y acuerdos para hacerle contrapeso a la academia y a la producción científica, o para instrumentalizarlas”, según el investigador del Grupo Salud y Poder de la Universidad Paris Cité, Hernando Salcedo Fidalgo.

Además de la consulta pública escrita, las autoridades organizaron mesas de trabajo técnicas convocadas por la Secretaría de Economía para discutir el contenido de la NOM con mayor detalle. Participaron representantes de dependencias federales, instituciones académicas y de salud pública, cámaras empresariales y organizaciones de la sociedad civil.

Los documentos obtenidos dan cuenta de al menos 19 sesiones: diez celebradas entre agosto y septiembre de 2019, y nueve más en enero de 2020. En las mesas de trabajo técnicas, la participación fue desigual: la industria de alimentos y bebidas tuvo 106 acreditaciones frente a 13 otorgadas a organizaciones civiles.

La investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública, Ana Cecilia Munguía, relata que la participación de la industria consistió en “negar la evidencia, retrasar los procesos, dividir la conversación o desviarla”. Además, dice que el 55 por ciento de las aseveraciones que contenían referencias científicas en contra del etiquetado se basaban en estudios con algún tipo de conflicto de interés.

A pesar de los intentos por frenarlo, en los primeros cuatro años del etiquetado frontal en empaques el 52 por ciento de las personas realizó cambios en sus compras y el 30 por ciento prefirió no comprar productos con sellos, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud de 2024.

Al recorrer los pasillos de varios supermercados, es común ver decenas de productos acomodados con la cara posterior hacia el frente, ocultando los sellos de advertencia. En otros, las alertas sobre cafeína y edulcorantes aparecen en tipografía tan pequeña que resultan prácticamente ilegibles. Esta es una forma de eludir la ley del etiquetado, un sistema que es considerado como uno de los más robustos a nivel internacional.

A inicios de 2026, la Secretaría de Economía abrió un proceso para actualizar la norma que rige el etiquetado y volverlo aún más exigente, pues se reducirán los umbrales permitidos de azúcares, sodio, grasas y calorías. Algunas organizaciones civiles han advertido que, si el proceso para discutir las nuevas regulaciones no es incluyente y transparente, se corre el riesgo de una regresión parcial de los avances que ya se lograron.

La dependencia aseguró que el proceso para actualizar el etiquetado, en el que participan representantes del gobierno, la industria, la academia, organizaciones civiles y consumidores, se lleva “con total transparencia y con reglas claras”.

“Lo importante es que todas las voces se escuchen y todas las propuestas se analicen con el detalle que amerita. Nuestro objetivo es precisamente que sea un proceso abierto, transparente e imparcial, donde cualquier actor interesado tenga la oportunidad de aportar y de que sus planteamientos sean considerados”, informó la Secretaría de Economía al ser consultada para este reportaje.

Para María de Lourdes, la ama de casa de Saltillo, quitar o reducir los sellos de advertencia en los productos ultraprocesados sería un error. “Sí te frena un poquito (el impulso de compra), lo piensas dos veces al momento de ver las etiquetas”, dice. Ella considera que el problema de fondo es que nadie te educa sobre cómo leer el etiquetado o alimentarte sanamente. “Lamentablemente, no hay nadie que nos enseñe”.

En los amparos que hace cuatro años llegaron hasta la SCJN, el máximo tribunal resolvió que el etiquetado frontal “es una medida necesaria, toda vez que no existe otro sistema idóneo para proporcionar al consumidor información rápida, sencilla y clara para conocer los ingredientes críticos que contiene en exceso un producto preenvasado. Ello, para tener una alimentación nutritiva y de calidad, lo que tendrá un beneficio en su salud”.

Los refrescos, en la mira

 

En 2014 entró en vigor un impuesto especial de un peso por litro a bebidas azucaradas. En sus primeros diez años, el gravamen recaudó más de 310 mil millones de pesos y contribuyó a una reducción inicial del consumo de refrescos del 6.1 por ciento, de acuerdo con un estudio publicado en el British Medical Journal.

Las empresas respondieron con litigios y con una estrategia para cuestionar la evidencia científica. En sus demandas atribuyeron el sobrepeso al sedentarismo o a factores culturales, pero no al consumo de sus productos.

La táctica fue más allá. Académicos de universidades de Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido documentaron que refresqueras y organizaciones afines financiaron investigaciones —que no fueron revisadas por pares— en centros de estudios mexicanos que concluían que los impuestos no beneficiaban a la salud y, en cambio, dañaban la economía. Esos expedientes fueron distribuidos a la prensa en un intento por desacreditar el gravamen.

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), en cambio, los impuestos a bebidas azucaradas son medidas efectivas para reducir el consumo y la incidencia de enfermedades relacionadas con estos productos. “El menor consumo de bebidas azucaradas implica una reducción de la ingesta de ‘azúcares libres’ y de la ingesta calórica total, una mejor nutrición y una disminución en el número de personas que presentan sobrepeso, obesidad, diabetes y caries dental”, señala el organismo.

El investigador del Instituto Nacional de Salud Pública, Juan Carlos Salgado Hernández, sostiene que hubo una disminución en la compra de estos productos, especialmente en los hogares de nivel socioeconómico bajo. “Esto, desde una perspectiva de equidad y salud pública, es una ganancia social porque en ocasiones sobre ese segmento de la población pueden ser desproporcionadamente más grandes las repercusiones negativas del consumo de bebidas azucaradas”, afirma.

La SCJN determinó en febrero de 2017 que la medida tributaria contra los refrescos era constitucional: “El fin extrafiscal se encuentra justificado, puesto que lo que se busca con el impuesto referido es desincentivar el consumo de dichas bebidas y así proteger el derecho a la salud que tiene toda persona, reconocido en el artículo cuarto constitucional”.

Sin embargo, con el paso del tiempo, el impuesto a las bebidas azucaradas perdió fuerza por la inflación. Para 2023 representaba apenas el 5.3 por ciento del precio final del producto, muy por debajo del 20 por ciento recomendado por la OMS para lograr un impacto significativo. En países como Croacia o los Emiratos Árabes Unidos, el impuesto equivale al 25 por ciento.

En 2019, legisladores de Morena presentaron una propuesta para incrementarlo, pero fue rechazada durante una votación nocturna. Entre los detractores había legisladores del mismo partido y sus aliados. Medios de comunicación reportaron que dirigentes políticos y cabilderos de la industria celebraron la decisión.

Hubo un nuevo intento apoyado por Morena para incrementar el impuesto en 2025, pero las refresqueras cabildearon con el gobierno; al final acordaron que el gravamen sería de 3.08 pesos por litro para bebidas endulzadas, y aceptaron el establecimiento de un nuevo impuesto de 1.5 pesos por litro para productos con edulcorantes no calóricos.

El coordinador del programa de justicia fiscal de la organización civil Fundar, Iván Benumea Gómez, dice que esta expansión del impuesto representa cerca del 8 o 9 por ciento del precio final de una bebida de un litro. “Necesitamos incrementarlo cuatro veces más y, por supuesto, fortalecer el resto de políticas públicas diferentes a los impuestos saludables para que el consumo de bebidas azucaradas disminuya significativamente en México”.

El especialista indica que el impuesto a los cigarros es del 75 por ciento, y en su opinión, el poder de las empresas ha impedido que se coloque un gravamen así de significativo a las bebidas azucaradas. “Ante esa presencia económica, el Estado no ha asumido el mismo rol que en su momento comenzó a darse en contra de la industria del tabaco”.

La organización mexicana El Poder del Consumidor y el colombiano Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo han alertado que la a del sector representa un riesgo para la democracia debido al “acceso privilegiado de la industria a los funcionarios de gobierno por fuera del ámbito de debate democrático, lo que se tradujo en un aumento de su capacidad para retrasar o modificar los reglamentos, con el fin de que le fueran más favorables”.

“La actividad política corporativa de la industria es la barrera más importante para la implementación de políticas públicas efectivas destinadas a reducir los daños relacionados con los ultraprocesados, reflejando el mismo libreto utilizado por las industrias del tabaco, el alcohol y los combustibles fósiles”, de acuerdo con una reciente investigación mundial liderada por la revista científica The Lancet.

Como parte de las negociaciones entre la industria, los legisladores y el gobierno para no subir los impuestos a los refrescos, el representante de Coca-Cola México, Patricio Caso Prado, anunció en octubre pasado durante una reunión con legisladores en San Lázaro el compromiso de reducir de manera gradual el contenido calórico en productos de la marca, con el objetivo de que, en un año, el 70 por ciento del volumen comercializado cumpla con este ajuste.

No es la primera vez que Caso interviene en decisiones de salud pública. Durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto fue funcionario de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y participó en el diseño del sistema de etiquetado anterior —una propuesta impulsada por la propia industria—. Ahora, del otro lado de la mesa, ofreció establecer una política de precios para que las bebidas sin calorías sean más accesibles, eliminar la publicidad dirigida a menores de 16 años y enfocar su comunicación en el consumo responsable.

Organizaciones civiles han advertido sobre los riesgos que conllevan los movimientos de personajes clave entre el sector público y privado —un fenómeno conocido como “puertas giratorias”—. Algunos funcionarios que antes trabajaban para empresas, desde sus actuales cargos públicos podrían estar beneficiando a la industria de ultraprocesados. Esta investigación pudo identificar al menos cinco exdirectivos de firmas y bufetes del sector privado que ahora despachan en dependencias gubernamentales o viceversa. Coca-Cola declinó hacer comentarios sobre potenciales conflictos de interés.

¿Y si sí?

 

Faltaban tres días para que en el Estadio Azteca arrancara el Mundial 2026, y El Poder del Consumidor ya había denunciado 50 violaciones a las leyes de publicidad. “Principalmente de la empresa Coca-Cola por incumplir con las regulaciones sanitarias. Sobre todo, se observó que la publicidad exhibida no mostraba los sellos de advertencia o utilizaba celebridades y deportistas para publicitar productos con sellos”, indicó la organización civil.

En la misma conferencia mañanera cuando la presidenta Sheinbaum posó junto al logotipo de la Coca-Cola, los boletos y el trofeo del Mundial, un reportero le preguntó acerca de un amparo presentado por una empresa refresquera en contra de la prohibición de vender sus productos en las escuelas mexicanas.

“Hemos hablado mucho con todas las refresqueras y están de acuerdo. No ha habido por parte de ninguna de las refresqueras ninguna solicitud (de que los refrescos regresen a las escuelas). Habría que revisar quién puso este amparo”, dijo Sheinbaum.

Aparentemente, la presidenta desconocía quién había promovido la demanda contra su gobierno. Fue una refresquera: la Compañía Embotelladora del Fuerte, parte del sistema Coca-Cola en México. La empresa insiste en comercializar sus productos al interior de preparatorias y universidades, y presentó el amparo en noviembre de 2024, justo un mes después de que Sheinbaum asumiera la presidencia. El caso se remitió a la SCJN, donde permanece pendiente de resolución.

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 Esta es una investigación de Lighthouse Reports realizada en colaboración por Agência Pública (Brasil), Cuestión Pública (Colombia), Follow the Money (Países Bajos), The Guardian (Reino Unido), Il Fatto Alimentare (Italia), L’Espresso (Italia), O Joio e O Trigo (Brasil), Quinto Elemento Lab (México), Santa Cruz Local (Estados Unidos) y The Wire (India). Frida Mendoza colaboró para este reportaje en México.

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