Culiacán, Sinaloa.- Durante años le dijeron a Eufrosina Cruz Mendoza que los matrimonios de niñas con hombres adultos era una costumbre. Que las niñas fueran entregadas a un hombre siendo apenas adolescentes era parte de la vida en la comunidad zapoteca donde nació. Hoy recorre los congresos del país para convencer a los legisladores de llamar a esa práctica por su nombre y lo que es, abuso sexual infantil.
“Hoy estoy aquí al frente tuyo gracias a una gran persona que marcó mi vida, que fue mi maestro”, recordó.
Nació en una comunidad de la Sierra Sur de Oaxaca sin electricidad, agua potable, hospitales ni carreteras. Ahí, explicó, crecer viendo a niñas convertirse en madres a los 12 o 13 años parecía algo normal.
“Lo peligroso de esto es que cuando tú naces ahí y no conoces otras posibilidades, crees que esa violencia, esa desigualdad es normal”, dijo.
Fue ese maestro quien comenzó a mostrarle otra realidad. A partir de entonces, empezó a cuestionar por qué su madre era la primera en levantarse y la última en dormir, por qué ella no podía jugar en la cancha del pueblo y por qué todo se justificaba bajo la idea de la costumbre.
Eufrosina tuvo la oportunidad de estudiar y hoy lucha para que más niñas puedan elegir y no sean obligadas a ser madres o casarse.
A los 12 años salió de su comunidad sin hablar español. Asegura que fue la educación la herramienta que le permitió entender que aquello que durante generaciones se había normalizado tenía otro nombre.
“Gracias a la educación empecé a cuestionar lo que el sistema llamaba costumbre. No es costumbre, eso se llama abuso sexual infantil. No podemos seguir permitiendo que una niña se convierta en mamá a los 12 o 13 años”, afirmó.
La activista señaló que detrás de muchas de estas uniones existe una transacción económica, ya sea dinero, ganado o productos, por lo que considera que también deben entenderse como una forma de trata de personas.
“¿Cómo le puedes seguir diciendo a una niña que es normal ser mamá a los 13 años? Va a repetir el mismo ciclo de violencia y de desigualdad”, cuestionó.
La activista oaxaqueña estuvo en Sinaloa para respaldar una iniciativa presentada que busca incorporar al Código Penal de Sinaloa el delito de cohabitación forzada, con penas de ocho a quince años de prisión para quien obligue, induzca o entregue a una persona menor de edad a una unión de hecho o convivencia equiparable al matrimonio.
De acuerdo con Cruz, la reforma no busca únicamente castigar a los responsables, sino abrir la puerta para que las instituciones cuenten con protocolos de actuación cuando detecten un caso.
Explicó que, una vez tipificado el delito, las fiscalías podrán iniciar investigaciones; el Sistema DIF y SIPINNA brindar protección a las víctimas; la Secretaría de Salud activar atención médica y psicológica desde los primeros meses de embarazo, y las escuelas generar mecanismos para evitar que las niñas abandonen sus estudios.
“La ley es apenas la punta del iceberg”, dijo. “Después vienen los protocolos, la coordinación entre instituciones y hablar de un problema que durante mucho tiempo nadie ha querido nombrar”.
Como ejemplo, mencionó el caso de Chiapas, donde ya existe una investigación penal derivada de la reforma luego de que una madre denunciara que el padre de su hija la entregó a cambio de 25 mil pesos.
La activista explicó que la cruzada nacional comenzó hace aproximadamente un año, y que, hasta ahora, 15 estados han homologado este delito en sus códigos penales, mientras que otras entidades continúan el proceso legislativo. Sinaloa se sumó a la presentación formal de la iniciativa en el Congreso local.
La propuesta presentada en Sinaloa plantea armonizar la legislación estatal con el Código Penal Federal, donde el delito de cohabitación forzada fue incorporado en 2023, y sancionar a quien obligue o induzca a una persona menor de 18 años o sin capacidad para comprender el hecho a unirse informalmente con otra persona para vivir como matrimonio o concubinato. También prevé un aumento de la pena cuando la víctima pertenezca a un pueblo indígena o afromexicano o exista violencia física, psicológica o sexual.
“Esto no es de partidos”, concluyó Cruz. “Es una causa para poner a las niñas y los niños en el centro. Una sociedad que no protege a su infancia todavía tiene mucho por hacer”.
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