Culiacán, Sinaloa.- Esperar meses, incluso años en incertidumbre para conocer una sentencia, ha sido una realidad para miles de personas privadas de la libertad en Sinaloa. Al cierre del 2025, 2 mil 283 personas permanecían en prisión sin una resolución judicial, lo que equivale al 40.7 por ciento de la población adulta penitenciaria del estado, según información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
De ellas, 366 acumulaban dos años o más en espera de que un juez resolviera su situación jurídica, de acuerdo con los datos del Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios Estatales 2026. Esto incluye los cuatro centros penitenciarios estatales y el Centro Federal de Reinserción Social Norponiente ubicado en Guasave.
*Información al cierre de 2025
Sin embargo, la espera no es uniforme. Mientras 405 personas llevaban menos de tres meses privadas de la libertad sin sentencia, 523 acumulaban entre tres y seis meses, 423 entre seis meses y un año, 566 entre uno y dos años y 366 habían rebasado los dos años en esa condición.
Se trata de personas que, al cierre de 2025 permanecían privadas de la libertad sin haber sido declaradas culpables por una sentencia. La mayoría se encontraban bajo prisión preventiva justificada, una medida cautelar impuesta por un juez a petición del Ministerio Público cuando considera que existe riesgo de fuga, de obstaculización del proceso o de que el imputado continúe cometiendo delitos.
De acuerdo al INEGI, el 65.2 por ciento se encontraban privadas de la libertad bajo la prisión preventiva justificada mientras que el 34.8 por ciento permanecían bajo prisión preventiva oficiosa, la cual se aplica de manera automática para los delitos graves previstos en el artículo 19 de la Constitución, abuso sexual infantil, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo a casa habitación, desaparición forzada, delitos relacionados con drogas sintéticas y fentanilo, armas de uso exclusivo del Ejército, terrorismo, corrupción, contrabando y otros ilícitos considerados graves por la ley.
Para el doctor en Derecho, Gonzalo Armienta Hernández la prisión preventiva justificada procede cuando un juez considera que hay razones para no dejar en libertad al imputado, aunque el delito no esté considerado en el artículo 19 de la Constitución.
“Tiene que ver mucho con la Fiscalía, en el sentido de que estime que no debe de estar en libertad esa persona, pero esa persona tiene los medios de defensa para acreditar que no va a hacer, no va a estar fuera de la justicia, no se va a apartar de sinaloa, etcétera”, dijo.
Además, consideró que el contexto de violencia que enfrenta Sinaloa puede influir en que la Fiscalía solicite con mayor frecuencia esta medida cautelar, al estimar que determinadas personas representan un riesgo para la sociedad.
“Fundamentalmente es por las características del individuo, vamos a suponer, una persona atropella a otra, hay lesiones, pero es un ciudadano normal que no tiene nada que ver con el crimen organizado ni tiene antecedentes, se le da la libertad bajo caución, pero si es una persona que tiene antecedentes y que seguramente forma parte de algún cártel, entonces la Fiscalía solicita la prisión preventiva justificada”, explicó.
Sin embargo, mencionó que tanto la prisión preventiva oficiosa como la justificada son una pena anticipada, pues de acuerdo con especialistas nacionales y lo señalado en la Constitución, nadie puede ser privado de la libertad hasta que se les dicte sentencia.
“Porque hasta que se dicte sentencia debería señalarse si deben estar las personas privadas de la libertad o no, y hay personas que tienen muchos años en el sistema penal anterior y que todavía no se les dicta sentencia y puede ser que salgan libres porque no se les demuestre su culpabilidad”, mencionó.
Esto se refleja en las cifras del INEGI, donde se muestra que cuatro de cada diez personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios para adultos de Sinaloa, permanecían sin una sentencia al cierre de 2025, y cientos de ellos acumulaban años de espera de que un juez definiera su situación jurídica.
*ESPEJO buscó a la Fiscalía General del Estado, mediante su área de Comunicación Social, para conocer los criterios con los que solicita la prisión preventiva justificada. Al cierre de esta edición no hubo respuesta.
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