Las bases de referencia para la comercialización de maíz blanco en Jalisco, Guanajuato y Michoacán, publicadas por el Gobierno Federal el pasado miércoles, fueron presentadas como una medida para dar certidumbre al mercado. Sin embargo, el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) advirtió que, en las condiciones actuales, el esquema dejaría a los productores en pérdidas.

De acuerdo con el aviso oficial de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA), se estableció una Base Neta a pagar al productor de 100 dólares por tonelada para el ciclo primavera-verano 2026. Sin embargo, al sumar esta cifra con el precio de los futuros de marzo 2027, de 192.71 dólares, el precio de mercado se sitúa en aproximadamente $5,106.00 pesos por tonelada.

Según los datos de agro-costos de FIRA, este nivel de precio implica que el productor enfrentaría una pérdida neta del 1% en su actividad. Es decir, la base colocada no garantiza que el ingreso cubra siquiera los costos de producción más una utilidad mínima razonable.

Un anuncio sin compradores ni garantías

 

La crítica del GCMA se centra en que la autoridad publicó la base de referencia sin establecer una mesa de negociación previa con todos los actores de la cadena. Esto ha dejado varios cabos sueltos que agravan el riesgo financiero para el campo.

Estima que la industria de consumo humano no podrá absorber toda la cosecha, dejando cerca de 1.2 millones de toneladas en el aire, sin un comprador identificado. Tampoco existe claridad sobre quién cubrirá la diferencia cuando el precio del mercado esté por debajo del ingreso garantizable que el productor necesita para ser rentable.

El anuncio no da detalles sobre coberturas de precios, seguros climáticos y esquemas de financiamiento que protejan al agricultor ante la volatilidad internacional.

El sector advierte que, de no corregirse el rumbo y formalizarse el sistema de ordenamiento integral que incluya al sector pecuario y apoyos directos, los productores del Bajío llegarán a la cosecha sin saber a quién le venderán su grano ni a qué precio final, enfrentando un escenario de descapitalización inminente

La deuda pendiente con los productores: Sinaloa pasó por lo mismo el último ciclo

 

Lo que ocurre en el Bajío no es un caso aislado. La incertidumbre para vender el maíz se ha convertido en un problema recurrente para los productores de distintas regiones del país, quienes año con año llegan a la cosecha sin contratos de compraventa, ni mecanismos que protejan el precio de su grano ante las fluctuaciones del mercado internacional.

Ante la falta de una política integral para ordenar la comercialización, el sector termina dependiendo de apoyos gubernamentales que, por lo general, se entregan con demoras, con muchas trabas burocráticas, y no alcanzan para cubrir los costos de producción ni asegurar una utilidad suficiente.

Sinaloa vivió un escenario similar el último ciclo agrícola. En abril de 2026, cientos de productores mantuvieron bloqueos en casetas durante dos semanas para exigir un precio que les permitiera recuperar su inversión, ya que el maíz se cotizaba alrededor de los 4,300 pesos por tonelada, mientras que producirlo costaba entre 5,500 y 5,600 pesos.

Tras las protestas, se acordó un esquema de apoyos estatales y federales, junto con descuentos en créditos, para llevar el precio a 6,000 pesos por tonelada. Sin embargo, la cifra quedó por debajo de los 7,200 pesos que los agricultores consideraban necesarios para obtener una rentabilidad que les permitiera reinvertir en el siguiente ciclo.

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