Ángel Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero, quedó marcado políticamente por la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014.

Casi 12 años después de los hechos de Iguala, autoridades de seguridad federal lo detuvieron por su posible participación en el caso; la Fiscalía General de la República (FGR) lo señala por el presunto ocultamiento de evidencias para conocer el paradero de los normalistas.

La detención ocurre después de años en los que el caso Ayotzinapa condicionó su trayectoria política y mantuvo bajo cuestionamiento a los funcionarios que integraban el gobierno estatal durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando seis personas fueron asesinadas, decenas resultaron heridas y 43 normalistas desaparecieron en Iguala.

CASO AYOTZINAPA LO OBLIGÓ A DEJAR EL CARGO

 

Aguirre Rivero dejó el gobierno de Guerrero el 23 de octubre de 2014, 27 días después de los hechos, luego de solicitar licencia al cargo en medio de la presión política y social por la desaparición de los estudiantes.

En aquel momento, el entonces gobernador sostuvo que su salida buscaba permitir que las investigaciones avanzaran sin que el debate se concentrara en su permanencia en el cargo.

“En este escenario de tragedia me niego a que el debate público se centre en si el gobernador debe permanecer o no en su cargo. La prioridad debe ser la búsqueda de los jóvenes desaparecidos y que estas violaciones graves a los derechos humanos sean esclarecidas”, afirmó al anunciar su solicitud de licencia.

Aguirre Rivero aseguró que su administración había actuado desde las primeras horas para detener a policías señalados por su participación en los hechos y localizar a los estudiantes.

“Desde las primeras horas, el gobierno del estado tomó medidas inmediatas para detener a los policías directamente implicados y a otros individuos identificados como partícipes de estos hechos delictivos, así como para localizar a los estudiantes desaparecidos y brindar la atención necesaria a todas las víctimas”, declaró.

Días después de dejar el cargo, en febrero de 2015, Aguirre Rivero renunció a su militancia en el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y aseguró que estaba dispuesto a ser investigado por cualquier hecho que se le imputara.

“Me pongo a disposición de las autoridades Federales y Estatales para que se me investigue de cualquier hecho que se me impute como ha sucedido desde el primer día en que solicité licencia sobre los lamentables hechos acontecidos en la ciudad de Iguala”, escribió en una carta dirigida al dirigente nacional del partido, Carlos Navarrete.

También afirmó entonces que enfrentaría las investigaciones y que no abandonaría el país.

“Enfrentaré esta investigación con dignidad y entereza, no habré de esconderme, ni mucho menos salir de mi País y de mi Estado”, señaló.

DE GOBERNADOR INTERINO DEL PRI A MANDATARIO POR EL PRD

 

Aguirre Rivero llegó al gobierno de Guerrero en 2011 como candidato del PRD, aunque su trayectoria política inició en el PRI. Antes de competir por la gubernatura con el partido de izquierda, había ocupado cargos de representación popular y había sido gobernador interino de Guerrero entre 1996 y 1999, luego de que Rubén Figueroa Alcocer solicitó licencia tras la masacre de Aguas Blancas, en Coyuca de Benítez.

Durante su trayectoria en el PRI fue diputado federal y senador de la República. En 2010 buscó la candidatura del partido para la gubernatura de Guerrero, pero el tricolor eligió a Manuel Añorve Baños. Después de esa decisión, Aguirre Rivero dejó el PRI y fue postulado por una coalición encabezada por el PRD, con la que ganó la elección estatal.

Su llegada al poder ocurrió en un contexto en el que el PRD había ganado dos elecciones estatales consecutivas, en 2005 y 2011, y mantenía presencia política en Guerrero. Sin embargo, la desaparición de los normalistas modificó el escenario político del partido y del propio Aguirre.

Después de los hechos de Iguala, el exgobernador se mantuvo alejado de cargos públicos de primer nivel. Durante casi tres años hizo una pausa formal en su actividad política y posteriormente se concentró en la dirigencia de una corriente interna del PRD en Guerrero, la Izquierda Progresista de Guerrero (IPG).

EL INTENTO FALLIDO POR REGRESAR A LA POLÍTICA

 

En 2017, Aguirre Rivero intentó regresar a la vida electoral como precandidato a diputado federal por el distrito 08 de Guerrero, con sede en Ayutla de los Libres, como parte de la coalición Por México al Frente, integrada por PAN, PRD y Movimiento Ciudadano.

El 27 de diciembre de ese año, durante el inicio de su precampaña, madres y padres de los 43 normalistas interrumpieron el acto para exigirle información sobre sus hijos desaparecidos.

Una de las madres le reclamó su responsabilidad política en el caso y le pidió colaborar para esclarecer los hechos.

“Aguirre Rivero, señor, queremos que nos dé la cara, nosotros veníamos buscándolo a usted, que aporte toda la información que tenga para dar con el paradero de nuestros hijos. No vengo a confrontarme con sus seguidores, pero sí me importa que usted colabore y ayude a esclarecer los hechos porque eso es lo que importa”, expresó.

Poco después, Aguirre retiró su precandidatura. El 7 de enero de 2018 informó que dejaría la contienda por una diputación federal.

Desde entonces, su presencia política se redujo a su papel como dirigente de la IPG y a sus artículos de opinión en medios locales y nacionales, en los que abordó en distintas ocasiones el caso Ayotzinapa y defendió su actuación durante los hechos.

LOS FUNCIONARIOS DE SU GOBIERNO Y EL CASO AYOTZINAPA

 

La investigación sobre la desaparición de los normalistas también alcanzó a integrantes del gobierno que encabezó Aguirre Rivero.

Uno de los funcionarios más cercanos durante su administración fue Iñaki Blanco Cabrera, quien era procurador General de Justicia de Guerrero durante los hechos de Iguala. Blanco Cabrera posteriormente dio entrevistas en las que defendió las actuaciones de la dependencia estatal durante las primeras horas de la investigación.

El exprocurador sostuvo que la institución a su cargo fue la primera autoridad en investigar los hechos antes de que la entonces Procuraduría General de la República atrajera el caso.

También afirmó que su personal concentró a alrededor de 270 policías municipales de Iguala, que fueron desarmados y sometidos a pruebas periciales, y que pidió apoyo militar y de la Policía Federal para trasladarlos, pero que esa ayuda no fue concedida.

Otro funcionario cercano fue Leonardo Octavio Vázquez Pérez, quien se desempeñó como secretario de Seguridad Pública y Protección Civil de Guerrero durante la administración de Aguirre Rivero. Fue detenido en octubre de 2022 por delincuencia organizada y señalado dentro de las investigaciones relacionadas con la desaparición de los normalistas.

Vázquez Pérez había ocupado distintos cargos de seguridad antes de llegar a la secretaría estatal y dejó el puesto tras la salida de Aguirre Rivero del gobierno.

Jesús Martínez Garnelo, quien fue secretario General de Gobierno durante la administración de Aguirre Rivero, también formó parte del grupo de funcionarios cuestionados por los hechos posteriores a Iguala. Martínez Garnelo continuó como magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero.

LAS VERSIONES DE AGUIRRE SOBRE LOS HECHOS

 

En los años posteriores a la desaparición de los normalistas, Aguirre Rivero rechazó haber participado en la construcción de una versión oficial sobre lo ocurrido y señaló que autoridades federales y militares tenían información que no compartieron con su administración.

En septiembre de 2023, durante una entrevista con reporteros en Chilpancingo, afirmó que el Ejército le ocultó información sobre los hechos ocurridos en Iguala y que un comandante de la región militar le había dicho que los estudiantes estaban en la Normal Rural y que la desaparición había sido inventada.

Durante esos años, Aguirre Rivero no enfrentó consecuencias penales, aunque el caso Ayotzinapa tuvo efectos sobre su carrera política y sobre los actores que estuvieron al frente de las instituciones estatales durante los primeros momentos de la investigación.

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Este trabajo fue realizado por Animal Político. Para consultar el contenido original, dar clic aquí.