Culiacán, Sinaloa.- La Auditoría Superior del Estado (ASE) tiene hasta el próximo 31 de agosto para entregar a la Comisión de Fiscalización del Congreso de Sinaloa los informes correspondientes a las auditorías realizadas al ejercicio fiscal 2025.
Actualmente, la ASE se encuentra en el proceso de cierre de las revisiones. Una vez que los informes sean entregados al Poder Legislativo, comenzará un procedimiento para determinar la información que podrá hacerse pública.
Como parte de este proceso, los documentos son revisados para proteger datos personales y, dependiendo de cada expediente, se testa aquella información que no puede ser difundida. Este procedimiento puede tomar alrededor de dos semanas, por lo que se prevé que los informes estén disponibles en el portal oficial hacia mediados de septiembre.
Ante la próxima publicación de los resultados, Gustavo Rojo Navarro, director de Observatorio Ciudadano de Mazatlán, consideró que uno de los principales aspectos a observar será la profundidad con la que la ASE haya realizado las revisiones.
Entre los temas que, señaló, deberían recibir especial atención se encuentra el financiamiento por 4 mil 500 millones de pesos solicitado durante el Gobierno de Rubén Rocha Moya para destinarlo a obra pública, particularmente las contrataciones realizadas con estos recursos, la forma en que fueron adjudicadas y las empresas beneficiadas.
Rojo Navarro explicó que la expectativa desde organizaciones de la sociedad civil es que las auditorías permitan identificar posibles irregularidades en el ejercicio del gasto público, incluso aquellas relacionadas con los procesos de contratación y las características de las empresas proveedoras.
“Ese tipo de situaciones que detectamos nosotros desde sociedad civil, las asociaciones que nos dedicamos a investigar el ejercicio del gasto público y que detectan ustedes como periodistas, son las que nos gustaría que la auditoría detectara en sus investigaciones y en sus auditorías”, señaló.
Para el director de Observatorio Ciudadano de Mazatlán, otro punto relevante será conocer qué ocurre con las observaciones y recomendaciones que emita la ASE una vez concluidas las revisiones.
Cuestionó que estos señalamientos pierdan efectividad cuando no existe seguimiento posterior por parte de las autoridades o los entes observados. Desde su perspectiva, si no hay consecuencias, no tienen resultados que sumen al buen ejercicio de gobierno.
“No tiene caso que, si yo voy a emitir una recomendación, que no me hagan caso”, expresó.
Rojo Navarro planteó que tanto las recomendaciones como las observaciones deberían tener seguimiento hasta ser atendidas y, cuando corresponda, derivar en consecuencias por las irregularidades detectadas.
“Que no queden las observaciones y las recomendaciones, como coloquialmente se dice, como una llamada de parroquial, que la atienda quien quiera… Que se le dé el seguimiento correspondiente hasta que sea atendida”, sostuvo.
Será después de la entrega de los informes al Congreso y de la elaboración de sus versiones públicas cuando se conozcan los resultados de la fiscalización del ejercicio 2025 y las observaciones realizadas por la ASE.
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