Isaac Andrey y María Alejandra, del caso Inverplux, permanecerán en prisión preventiva por estos motivos

Isaac Andrey “N”, presunto operador de Inverplux, y María Alejandra “N”, señalada como directora general de la empresa, han recibido prisión preventiva justificada como medida cautelar tras su vinculación a proceso, de modo que continuarán en la cárcel el tiempo que dure la judicialización de sus respectivos casos.

Aunque a ambos imputados se les dictó la misma medida cautelar, los motivos explicados por los juzgadores de cada caso fueron diferentes. En el caso de Isaac Andrey, el motivo fue el riesgo de fuga, y en el de María Alejandra, la posibilidad de obstruir el proceso con la destrucción de evidencia por su cargo directivo en la empresa.

Inverplux fue una empresa que ofrecía planes de inversión con rendimientos de hasta 42% anual, muy superiores a lo obtenible mediante la banca tradicional. En marzo de 2023, uno de los fundadores, Christian Ulises Rojo, habría presuntamente huido con el dinero de los usuarios. De acuerdo con víctimas del caso, los daños patrimoniales suman hasta mil millones de pesos y las víctimas se contabilizan en los miles, con al menos 800 denuncias.

Isaac Andrey “N”, detenido cuando intentaba cruzar la frontera hacia Texas, Estados Unidos, recibió prisión preventiva justificada ante el riesgo de “sustracción de la justicia”.

Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó como antecedente que, de acuerdo con las denuncias contra el imputado, cuando el esquema de Inverplux se derrumbó, personas cercanas a él a quienes había invitado a invertir en la empresa acudieron a su domicilio para buscarlo, pero ya no se encontraba en el lugar.

La jueza también consideró que no se logró acreditar que el cruce hacia Estados Unidos formara parte de una rutina habitual de Isaac Andrey “N” y no un posible intento de evadir la acción de la justicia, como sostuvo su defensa.

En el caso de María Alejandra “N”, el Ministerio Público solicitó prisión preventiva justificada argumentando que, por ser la directora general de Inverplux, la imputada podría tener en su poder elementos probatorios sobre el caso, mismos que corrían riesgo de ser destruídos en caso de que se le permitiera seguir el proceso en libertad.

Las abogadas de María Alejandra aseguraron que no existía tal riesgo, afirmando que la investigación, que se prolongó por más de tres años, debería ya haber rescatado todas las pruebas disponibles. Con todo, el juez consideró fundada la petición del Ministerio Público y dictó la medida cautelar.

Inverplux fue una empresa de inversión que operaba en Sinaloa y que captó recursos de miles de personas mediante contratos que ofrecían rendimientos por sus inversiones. El caso tomó relevancia en marzo 2023, cuando la empresa cerró sus oficinas de manera repentina y comenzaron a multiplicarse las denuncias de clientes que no podían recuperar su dinero.

La empresa estaba vinculada a la razón social Sociedad Anónima Bitalus, registrada como una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, y otras razones sociales mediante las que el esquema captaba dinero.

Además de los ya vinculados a proceso, sido señalados como operadores y fundadores de Inverplux las siguientes personas: Christian Ulises González Rojo, Jorge Gutiérrez Pérez, Cristina Medrano Román y Ricardo Martínez Ahumada