Culiacán, Sinaloa.- Para un niño, su maestro puede ser simplemente “el profesor Juan”. Ese es el nombre con el que lo conoce y con el que podría identificarlo si tuviera que acudir ante una autoridad.

Pero el problema ocurre cuando llega a denunciar y dichas autoridades le piden nombre completo, dirección u otros datos de “el profesor Juan”, que el menor de edad desconoce.

Situaciones como esta forman parte de una serie de barreras que niñas, niños y adolescentes tienen que enfrentar cuando llegan al sistema de justicia como víctimas de violencia, explicó Daniela Torres, de la Defensoría de Derechos de la Infancia.

Ante ello, mencionó que es necesario que el sistema de justicia se ajuste a las necesidades de la niñez y la adolescencia, y no que sean las propias víctimas quienes tengan que adaptarse a procedimientos pensados para adultos.

“Tenemos, por ejemplo, peritas y peritos que están esperando que los niños cuenten toda la información como si fueran adultos, como si por la vida fuéramos platicando de: ‘Siendo el 17 de agosto de 2026, a la 1:17 de la tarde, ingresó una persona de altura de 1.75, de tez morena’. Los niños y las niñas, y las personas en general, no vamos narrando así los hechos que nos pasaron”, dijo.

Sin embargo, agregó, el sistema exige que las víctimas tengan todos los datos, la dirección completa, código postal, color de la fachada, el color con el que iba vestida la persona agresora e incluso su nombre completo, porque de lo contrario, las autoridades ponen en duda el testimonio o les resulta difícil avanzar en la investigación.

Estas dificultades, explicó Torres, pueden influir en que las familias decidan no denunciar o que, en caso de hacerlo, opten por no continuar el proceso y enfocarse solo en la recuperación emocional de la víctima, debido al desgaste que representa enfrentarse a un sistema de justicia que no está preparado para recibir a niñas, niños y adolescentes.

“Hay una tendencia a no denunciar por lo que significa enfrentarse al sistema de justicia y ese es un problema que el estado tiene que atender de diferentes vertientes. (…) Por supuesto, fomentar que la ciudadanía denuncie cuando algo sucede, pero a la vez, para qué eso sea efectivo, necesita que los sistemas de justicia respondan de manera adecuada”, dijo.

A ello se suman, dijo, los tiempos de espera, los gastos y el desgaste emocional que implica para las familias atravesar un proceso de este tipo. Esto, pues hay familias que viven alejadas de las instituciones encargadas de recibir las denuncias y que deben trasladarse desde sus comunidades para dar seguimiento a los casos.

Explicó que en el delito de abuso sexual, existe una amplia cifra negra, es decir, hay un gran número de casos que no son denunciados; y esto no significa necesariamente que este tipo de violencia no esté ocurriendo, sino que puede estar relacionada a dificultades para acceder y permanecer dentro de los procesos de justicia.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), 195 niñas, niños y adolescentes fueron registrados como víctimas de abuso sexual en Sinaloa. Una cifra que representa más de un caso al día.

Sin embargo, Torres Parra advirtió que estos registros podrían estar lejos de reflejar la dimensión real del problema, debido a la cifra negra de delitos que no llegan a denunciarse ya sea por las barreras al acceder al sistema de justicia o por el estigma que rodea este delito.

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