Culiacán, Sinaloa.- Entre enero y julio de 2026, 223 niñas, niños y adolescentes fueron registrados como víctimas de abuso sexual en Sinaloa, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Esos mismos datos revelan que los abusos sexuales contra menores de edad en Sinaloa representan el 75 por ciento general de los casos. Es decir, prácticamente 8 de cada 10 personas víctimas son niñas, niños o adolescentes.
El Secretariado documentó que la mayoría de las víctimas fueron mujeres. De los 223 registros, 204 corresponden a niñas y adolescentes mujeres, mientras que en el caso de niños y adolescentes hombres se registraron 19 casos. Es decir, nueve de cada 10 víctimas son mujeres víctimas.
Por edades, 145 víctimas tenían entre 0 y 12 años, mientras que 78 tenían entre 13 y 17 años. Los datos también permiten ver que el grupo que concentra el mayor número de registros son las niñas de 0 a 12 años, con 132 registros durante los primeros seis meses del año.
Para Priscila Salas, activista e integrante de la colectiva feminista No se metan con nuestras hijas, las cifras deben llevar a revisar no solamente lo que ocurre después de que se denuncia una agresión, sino las acciones que existen para prevenir, detectar y atender la violencia sexual contra las infancias.
“Lugares donde más se vulnera: espacios de la familia o la escuela”, señaló.
Salas cuestionó si las instituciones estatales están realizando las acciones necesarias para prevenir este tipo de violencia y planteó revisar qué ocurre institucionalmente desde que una niña es víctima: la prevención y detección de la violencia, el acceso a servicios de salud, sus derechos sexuales y reproductivos, la continuidad de su educación y el acceso a la justicia.
El gobierno de Sinaloa contempla acciones para prevenir el abuso sexual infantil
Desde 2022, el Gobierno de Sinaloa cuenta con el Programa Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 2022-2027 (PROESPINNA), instrumento derivado del Plan Estatal de Desarrollo que establece las acciones de política pública para garantizar y restituir los derechos de las infancias y adolescencias.
Entre sus acciones, el programa establece la coordinación de mecanismos para identificar rápidamente a niñas, niños y adolescentes víctimas de trata, explotación y abuso sexual para brindarles atención integral inmediata. Los objetivos establecen campañas dirigidas a niñas, niños, madres, padres, tutores y personas cuidadoras sobre prevención del abuso sexual infantil y mecanismos de denuncia, así como la coordinación de programas gubernamentales para prevenir el maltrato, explotación y abuso sexual.
También contempla la prevención y atención de la violencia en distintos entornos, incluidos el escolar, familiar, comunitario, digital e institucional, con participación de dependencias como la Secretaría de Educación Pública y Cultura, DIF Sinaloa, Semujeres, Seguridad Pública y SIPINNA.
El seguimiento y monitoreo está a cargo de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).
Sin embargo, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ha documentado que Sinaloa desde el 2022 ha incrementado el número de casos generales, salvo en en 2025 cuando disminuyó ligeramente, aunque aún por encima de los registros del 2021.
Los casos registrados desde el 2025 hacia años anteriores son datos generales, pues la metodología del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública fue modificado y es hasta los datos de 2026 que se puede observar que la mayoría de las víctimas son personas menores de edad.
De la prevención a la restitución de derechos
Para Salas, la atención del abuso sexual infantil debe observarse como un proceso completo que comienza antes de que ocurra la agresión.
La activista planteó revisar las posibles omisiones en la prevención y detección de estos hechos, pero también qué sucede después con los derechos de las víctimas, particularmente en materia de salud sexual y reproductiva, acceso a servicios de salud, educación y justicia.
El PROESPINNA establece que los servicios de atención a víctimas de violencia deben incorporar el interés superior de niñas, niños y adolescentes para garantizar la adecuada restitución de sus derechos.
El programa también reconoce una relación entre violencia sexual y embarazo infantil. En su diagnóstico señala que entre las causas inmediatas asociadas al embarazo en niñas y adolescentes menores de 15 años se encuentran la violencia sexual, el matrimonio infantil, la falta de Educación Integral en Sexualidad y el ejercicio no planeado de la sexualidad.
Ante este panorama, Salas cuestionó cómo está funcionando actualmente en Sinaloa la ruta de atención para niñas y adolescentes menores de 15 años embarazadas, así como las acciones de SIPINNA, el Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GEPEA), Semujeres y la Fiscalía General del Estado.
ESPEJO buscó a SIPINNA y a la Fiscalía General del Estado para conocer qué acciones se mantienen actualmente para prevenir, detectar y atender el abuso sexual infantil y cuáles han sido sus resultados. Sin embargo, no fue posible obtener respuesta hasta el cierre de esta edición.
*Con información de Marcos Vizcarra
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