Culiacán, Sinaloa.- Por cuarta ocasión, Lucero Uriarte llegó a la sede de Justicia Penal Acusatoria y Oral de Culiacán esperando que avanzara el proceso por el feminicidio de su hija, Bárbara Astrid, y el homicidio en razón de parentesco de su nieto Dante. Por cuarta ocasión, la audiencia fue cancelada.
La audiencia intermedia contra Jesús Fernando “N”, acusado por ambos crímenes, fue nuevamente reprogramada, prolongando un proceso que, de acuerdo con la familia, permanece prácticamente detenido desde que fue vinculado a proceso y quedó en prisión preventiva.
“Nada, prácticamente no ha avanzado nada, ni siquiera ha iniciado”, reclamó Lucero, madre y abuela de las víctimas.
En una ocasión, la audiencia fue cancelada por falta de respuesta de la penitenciaría de Los Mochis, Goros II, a donde fue trasladado y se encuentra recluido. Después, porque la defensa se encontraba indispuesta o imposibilitada para celebrar la audiencia.
“El día de ayer estuve con la fiscal encargada del feminicidio de mi hija y el homicidio agravado de mi nieto por parte de su padre, y me comentaron que iban a asistir a la audiencia, que ya estaba preparada. La sorpresa del día de hoy… el abogado defensor del imputado no tenía la carpeta”, comentó.
Lucero pide que la gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, intervenga en el caso y haga que el acusado se presente a las audiencias o que el sistema de justicia penal de Los Mochis asegure su presencia.
Esto porque, repite, no existe una conexión estable para la asistencia remota del acusado, por lo que, hasta ahora, no ha podido ver al presunto asesino de su hija y su nieto, ni siquiera cuando fue presentado ante el juez.
Esta situación, asegura, le ha generado dudas incluso sobre si realmente se encuentra recluido en la penitenciaría.
De él, solo conoce que está dispuesto a aceptar un procedimiento abreviado, en el que asumiría su responsabilidad a cambio de 35 años de cárcel. Una pena menor a la establecida por el Código Penal para el delito de feminicidio y poco mayor para el homicidio en razón de parentesco —sin contar con los agravantes por tratarse de un menor de edad.
Lucero asegura que no aceptará de ninguna manera tal acuerdo, pues no lo considera proporcional a la gravedad de los delitos presuntamente cometidos por Jesús Fernando “N”.
“No sé a qué recurso ni a qué autoridad tengo que acudir, pero no lo acepto. El delito que él cometió es muy grave y muy doloroso para poder aceptar ese tipo de juicios. Yo voy hasta el final. Hasta que yo encuentre justicia para mis hijos”.
La narcoguerra como cortina
La noche del 29 de diciembre de 2024, al sistema 911 se reportó el incendio de un domicilio en el fraccionamiento Bosques del Álamo, cerca del sector Los Mezcales de Culiacán. Tras el arribo de las autoridades se confirmó el deceso de una mujer y un niño dentro del inmueble. Se trataba de Bárbara y su hijo Dante.
En un primer reporte se determinó que el incendio había sido provocado y que ambas víctimas habrían fallecido por este incidente.
Sin embargo, los paramédicos determinaron que ambos presentaban heridas en el cuerpo, lo que despertó la teoría de que habrían muerto por heridas de bala, víctimas de un ataque armado, derivado de la tendencia que comenzaba a surgir en Culiacán.
Este incidente ocurrió poco tiempo después del surgimiento de una guerra interna entre dos bandos del narcotráfico sinaloense, fechada el 9 de septiembre de 2024.
Justamente en diciembre cuando se registró un alza en ataques e incendios contra inmuebles, principalmente casas y negocios.
Pero, las pruebas periciales terminaron por descartar esta teoría. Madre e hijo habían sido asesinados con un arma blanca.
La misma noche del crimen, Jesús Fernando “N” llegó a un hospital a recibir atención médica por una herida en uno de sus brazos. En un principio dijo que había sido atacado en el bulevar Francisco I. Madero sin dar más detalles; sin embargo, fue identificado como el esposo de la mujer que acababa de ser asesinada junto a su hijo y fue detenido.
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