La investigación “Días sin clases” que realiza Mexicanos Primero Sinaloa presenta en sus hallazgos iniciales que durante el ciclo escolar 2025-2026 de los 185 días del calendario oficial en 105 se registró al menos una suspensión de labores y en 39.5 por ciento de los casos se debió a hechos de inseguridad o violencia, con los correspondientes impactos en el aprendizaje y salud mental de los alumnos.

El informe que presentó esta organización ciudadana que preside en Sinaloa Nuria González Elizalde que tiene como propósito “proteger el derecho a aprender, saber qué está pasando en nuestras escuelas y qué está interrumpiendo su funcionamiento”, revela que las suspensiones también son por causas operativas en 41.3 por ciento y fenómenos naturales en 19.2 por ciento.

Es interesante conocer la huella cognitiva y emocional  que la inseguridad deja en los centros educativos ante hechos de violencia como los sucedidos el lunes en Culiacán al ser afectado un colegio particular con amenazas, vandalismo y colocación de un arreglo floral fúnebre, así como el ataque a balazos que ayer privó de la vida a un estudiante de la Facultad de Estudios de Contabilidad y Administración de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en el área circundante de Ciudad Universitaria.

En el evento, el presidente de MPS, Carlos Gandarilla García, expresó que la contribución de este organismo consiste en generar evidencia que permite sustentar propuestas para mejorar la educación y llamó a fortalecer la corresponsabilidad entre autoridades, familias, docentes, sector empresarial y sociedad civil, y el director de investigación, Ángel Leyva Murguía, señaló que “hoy no podemos conocer con precisión cuántas niñas, niños y adolescentes resultaron afectados por cada suspensión ni estimar, a partir de esta plataforma, sus efectos sobre el aprendizaje. Esos vacíos no son respuestas, pero sí pueden ayudarnos a definir qué información hace falta producir”.

Mexicanos Primero proporciona datos que aproximan al conocimiento de la autenticidad por los efectos de delitos de alto impacto en la educación, al mismo tiempo que la violencia enderezada contra espacios de enseñanza muestra con crudeza las consecuencias, con la convocatoria a la ciudadanía entera para tomar cartas en un asunto que socava al tejido social desde los cimientos.