El Gobierno de Sinaloa entregó el lunes, 7 de septiembre, 36 camionetas balizadas y equipadas como patrullas a las dependencias policiales municipales y estatal, mismas que no se sabe a qué empresa se compraron, ni se ha transparentado su mecanismo de licitación.
La gobernadora interina del estado, Graciela Domínguez Nava, aseguró durante el acto oficial de entrega que se trató de una compra conjunta entre los gobiernos estatal y federal. El Gobierno de Sinaloa habría destinado 16.8 millones de pesos, mientras que la Federación aportó los 39.5 millones restantes, para un monto total de 56.3 millones de pesos ejercidos.
Cada patrulla costó, en promedio, 1 millón 560 mil pesos. Sigue siendo reservada la información sobre los proveedores.
Sobre la transparencia de los contratos, Domínguez Nava señaló que esclarecer esa situación correspondía al secretario de Seguridad. De acuerdo con el artículo 38 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, los documentos relacionados con el proceso de adquisición debieron estar disponibles para consulta pública en Compranet Sinaloa desde la publicación de la convocatoria, al tratarse de compras realizadas con recursos públicos.
“La publicación de la convocatoria a la licitación pública se realizará a través de Compranet-Sinaloa y su obtención será gratuita. Además, simultáneamente se enviará para su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” o cuando menos en uno de los diarios de mayor circulación a nivel estatal, un resumen de la convocatoria a la licitación que deberá contener, entre otros elementos, el objeto de la licitación, […] y la fecha en que la convocatoria se publicó en Compranet-Sinaloa […]”, dicta el artículo 38 de dicha ley.
“Ahorita le pedimos al secretario de Seguridad que pueda dar información en ese sentido”, respondió Domínguez Nava al ser cuestionada sobre cuándo serían transparentados los contratos. El secretario de Seguridad de Sinaloa, Sinuhé Téllez López, también estuvo presente en el acto de entrega de patrullas, pero una vez concluida la ceremonia abandonó el templete a las prisas y evitó a la prensa.
Las patrullas entregadas son camionetas tipo pick-up Ford F-150, equipadas con herrería en la caja y torretas policiales. Para el acto de presentación, las unidades fueron exhibidas recién lavadas y con abrillantador en las llantas. A diferencia de entrega pública de vehículos oficiales a corporaciones de seguridad realizada en noviembre de 2025, en esta ocasión las patrullas ya no mostraban hojas con sus detalles técnicos en las ventanas.
Omisiones de transparencia: marca de la casa del Gobierno de Sinaloa
La falta de información sobre la compra de las patrullas ocurre en medio de cuestionamientos recientes al cumplimiento de las obligaciones de transparencia en las contrataciones públicas de Sinaloa.
Este mismo lunes, 7 de septiembre, una revisión publicada por Revista Espejo encontró que los ayuntamientos de Culiacán, Mazatlán y Ahome mantienen sin publicar 187 de 298 contratos correspondientes a procedimientos de licitación y adjudicación revisados en Compranet Sinaloa durante 2026. La cifra representa el 62.8 por ciento de los procedimientos analizados.
Culiacán concentra el mayor rezago: de acuerdo con la investigación, ninguno de los procedimientos revisados tenía el contrato publicado en la plataforma. La presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa, Raquel Zapién Osuna, señaló que las dependencias y entidades públicas están obligadas a dar máxima publicidad a sus procesos de contratación mediante Compranet-Sinaloa.
El señalamiento se suma a otra investigación de Revista Espejo publicada en agosto, que documentó que 72 de 112 licitaciones de obra pública del Gobierno de Sinaloa revisadas por el medio no contaban con el contrato publicado en Compranet; en 39 de esos casos tampoco estaba disponible el fallo, documento que permite conocer qué empresa resultó ganadora y bajo qué condiciones fue adjudicada la obra.
Ante aquel señalamiento, el secretario de Obras Públicas, Raúl Montero Zamudio, reconoció que existía un rezago en la publicación de contratos y fallos, aunque atribuyó la situación a la carga de trabajo y aseguró que los documentos sí existían físicamente y serían incorporados posteriormente a la plataforma.
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