Por Vanessa Briseño / ZonaDocs

La presentación del Informe Final del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH), titulado Fue el Estado (1965-1990), reunió en el ITESO a integrantes del mecanismo, defensores de derechos humanos y académicos para revisar los hallazgos de una investigación que documentó violaciones graves a los derechos humanos cometidas durante un periodo aproximado de 25 años. El encuentro contó con la moderación de Alejandra Guillén González, integrante del Centro Universitario de Incidencia Social del ITESO, y con la participación de David Fernández Dávalos, SJ; Abel Barrera Hernández y Jorge Rocha Quintero.

El informe, publicado en 2024 y coordinado por Abel Barrera, David Fernández y Carlos Pérez Ricart, surgió a partir de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas entre 1965 y 1990, creada mediante un decreto en octubre de 2021. De acuerdo con David, el trabajo se desarrolló durante casi tres años y reunió a 49 investigadoras e investigadores, más de 2 mil entrevistas con víctimas y familiares, así como documentos provenientes de distintos archivos.

Durante la presentación, David Fernández explicó que uno de los principales aportes del mecanismo fue recuperar la palabra de quienes vivieron de forma directa o indirecta las violaciones a los derechos humanos. A esto se sumó la revisión de archivos, entre ellos documentación militar a la que el equipo pudo acceder de manera temporal. El investigador señaló que, conforme aparecieron documentos que las autoridades militares consideraron delicados, el acceso a esos archivos se complicó hasta que el equipo tuvo que abandonarlos.

Las dificultades para acceder a la documentación oficial también quedaron registradas en los trabajos denominados Las formas del silencio. David señaló que el informe final reúne alrededor de 3 mil cuartillas distribuidas en siete tomos y que su estructura incluye un resumen con conclusiones y recomendaciones, testimonios y casos, análisis de las causas, responsables, factores de persistencia y anexos con información sobre víctimas y perpetradores.

Uno de los principales hallazgos expuestos por David fue la responsabilidad institucional del Estado mexicano en las graves violaciones a los derechos humanos documentadas durante el periodo. Bajo el título Fue el Estado, el informe sostiene que la violencia no correspondió únicamente a acciones individuales, sino a patrones sistemáticos y generalizados de represión, en los que participaron instituciones estatales, grupos paramilitares y actores civilescon distintos grados de colaboración, tolerancia o complicidad.

El informe también amplió la mirada sobre las personas y comunidades perseguidas. David señaló que la represión no se dirigió únicamente contra organizaciones guerrilleras o movimientos estudiantiles, sino contra una amplia gama de disidencias. Entre los grupos documentados se encuentran comunidades indígenas y campesinas, obreros, periodistas, personas de la diversidad sexogenérica, movimientos político-partidistas, disidencias religiosas y personas que se opusieron a determinadas políticas públicas o grandes obras de infraestructura.

Para David, uno de los elementos centrales fue identificar que la represión antecedió a la insurgencia armada. Según explicó, durante el periodo existían canales muy limitados de participación política y expresión, por lo que tanto quienes optaron por vías civiles como quienes recurrieron a la lucha armada enfrentaron persecución. El mecanismo identificó así una política de contrainsurgencia que tuvo como objetivo preservar la estabilidad política y la continuidad del modelo de poder.

El investigador también explicó que esta política estuvo vinculada con la doctrina de seguridad nacional, la idea del “enemigo interno” y el disciplinamiento social. Desde esta perspectiva, la contrainsurgencia no se limitó a combatir organizaciones armadas, sino que incluyó acciones contra sectores considerados una amenaza para la estabilidad política, económica o moral de la época.

Otro de los hallazgos expuestos fue la relación entre las políticas de contrainsurgencia y las estrategias posteriores de combate al narcotráfico. David sostuvo que, tras el final de la Guerra Fría, el discurso utilizado para justificar determinadas acciones represivas cambió y que algunas técnicas desarrolladas durante la contrainsurgencia y las operaciones antinarcóticos migraron hacia otros actores y contextos. Entre ellas mencionó la desaparición, la tortura y las ejecuciones.

David también señaló que el informe documentó la participación de distintos cuerpos de seguridad y actores civiles en prácticas represivas, “así como políticas de limpieza social en diferentes entidades”. En Guadalajara, por ejemplo, mencionó la existencia de un grupo paramilitar financiado por empresarios y autoridades locales para enfrentar a grupos dedicados al secuestro, el cual posteriormente se incorporó a la policía estatal.

Para Abel Barrera Hernández, activista y fundador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el trabajo del mecanismo estuvo marcado por la recuperación de las experiencias de las víctimas en sus propios territorios. El activista explicó que su formación en la defensa de los derechos humanos surgió de su trabajo con comunidades de Guerrero y que su participación en el mecanismo estuvo vinculada con la necesidad de llevar la investigación al campo.

“Yo no soy académico, soy un activista de los derechos humanos. Y pues aprendí a defender los derechos humanos en la trinchera. No la aprendí tampoco en el cubículo”, señaló Abel durante la presentación.
Uno de los momentos que identificó como un punto de quiebre fue el ingreso al Campo Militar Número 1 acompañado por familiares y sobrevivientes. Abel explicó que la presencia de las víctimas permitió contrastar el recorrido institucional con los lugares que ellas reconocían como espacios de tortura, desaparición y violencia. “era el otro mundo, el mundo de las víctimas”, expresó.

Abel también destacó el trabajo de documentación realizado en distintas regiones. Entre los casos recuperados mencionó Monte de Chila, en la Sierra Norte de Puebla, donde comunidades indígenas totonacas se organizaron para recuperar tierras. De acuerdo con los testimonios documentados, la represión involucró a caciques y militares y dejó más de 50 víctimas. El caso forma parte de las 46 masacres registradas por el informe.

Los resultados presentados muestran una dimensión nacional de las violaciones documentadas. Abel señaló que fueron identificadas 8 mil 594 víctimas relacionadas con 11 tipos de violaciones graves a los derechos humanos, entre ellas detenciones arbitrarias, prisión por motivos políticos, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, masacres, tortura sexual, exilio, violencia sexual y violencia reproductiva. El informe también registró 123 mil 034 víctimas de desplazamiento forzado.

El mecanismo identificó además a 591 perpetradores y 59 responsables institucionales. A partir de estos hallazgos se formularon 142 recomendaciones dirigidas a 22 autoridades. Abel explicó que ninguna de las instituciones respondió a las recomendaciones y señaló que el gobierno federal presentó una versión de ocho páginas frente a un trabajo de tres mil páginas. Para el activista, el informe no pertenece únicamente a quienes integraron el mecanismo, sino a las víctimas y colectivos que aportaron sus testimonios.

“Esa es la memoria mexicana, no es no es nuestra memoria, nosotros fuimos un instrumento al servicio de la justicia, de la verdad, de la memoria y de las medidas de no repetición”, afirmó Abel.
Por su parte, el académico Jorge Rocha Quintero, del Departamento de Estudios Socioculturales del ITESO, destacó el rigor científico y metodológico del documento. Puntualizó que revisó el mapa de la represión y distintas partes del informe, a partir de las cuales identificó un esfuerzo amplio de documentación sobre las violaciones ocurridas durante el periodo estudiado.

Jorge sostuvo que una de las principales conclusiones del informe es que el Estado mexicano mantuvo durante al menos 25 años estrategias deliberadas para contener las disidencias políticas mediante violaciones a los derechos humanos. A su juicio, el documento también permite identificar una relación entre la represión, el control político y un modelo de desarrollo capitalista y extractivista.

También señaló que, aunque después de 1990 cambiaron las formas de ejercer la violencia, permanecieron algunas de las condiciones que permitieron su continuidad, entre ellas el silencio, el control político, la impunidad y el fortalecimiento de las fuerzas armadas y de seguridad. Desde su perspectiva, el informe permite identificar esos vínculos entre el pasado documentado por el mecanismo y las violencias que persisten en el presente.

El académico planteó que el límite temporal de 1990 establecido por el mecanismo no representa el final de las violencias documentadas, sino un punto de corte para el estudio. Desde su lectura, las formas de las violaciones cambiaron después de ese periodo, pero algunas dinámicas permanecieron. “Este informe es un primer paso”, afirmó Jorge, al señalar la necesidad de continuar la investigación sobre las violencias posteriores a 1990.

La presentación cerró con un llamado a conservar los testimonios y documentos reunidos por el mecanismo como parte de los procesos de memoria, verdad y no repetición. Para quienes participaron en la mesa, el informe permite reconstruir las violencias cometidas entre 1965 y 1990 y, al mismo tiempo, ofrece elementos para analizar la permanencia de prácticas como la desaparición forzada, la impunidad y otras violaciones a los derechos humanos en México.

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Si te interesa conocer más así como consultar el informe completo, visita la página ocicial www.meh.org.mx

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Este trabajo fue realizado para ZonaDocs, que forma parte de Territorial, Alianza de Medios. Para consultar el contenido original, dar clic aquí.