El connato de ruptura en la bancada legislativa de la Cuarta Transformación, debido a la crítica del diputado del Partido Verde, Rodolfo Valenzuela Sánchez, en el sentido de que la gobernadora Graciela Domínguez Nava rompió la comunicación con el Congreso del Estado, debe analizarse y solucionarse desde la lógica de la unidad que necesita Sinaloa para preocuparse y ocuparse de las crisis económica, social y política, prioridad muy por encima de sainetes políticos.

En caso de tratarse de un distractor, las desavenencias al interior del grupo parlamentario que integran los partidos Movimiento Regeneración Nacional, Verde y del Trabajo suceden en el peor momento donde lo que menos importa a los ciudadanos son torneos que definan quién tiene o la atención de Domínguez Nava, sino que sea la sociedad la que logre colocarse en el centro de las políticas públicas para el rescate de Sinaloa.

Aparte, el debate sobre el sometimiento de un poder a otro ocupa ser abordado con una agenda diferente que evite distraer los esfuerzos y voluntades que se necesitan en lo esencial como lo es la guerra entre facciones del crimen organizado que al extenderse por más de dos años deja a su paso muertes, privaciones ilegales de la libertad, desplazamiento forzado de personas y menoscabos a los bienes de familias y sectores económicos.

El Congreso del Estado tiene la obligación de salvaguardar la esencia de punto de encuentro y de cohesión entre las diferentes formas de pensar y de actuar, sin la injerencia de otros poderes constitucionalmente instalados y sí la independencia e inclusión que haga de la labor camaral un puente tendido a todos aquellos empeñados en reinstalar la seguridad, civilidad y gobernabilidad.

El reclamo que el diputado Valenzuela le hace a la gobernadora Domínguez es legítimo en el libre flujo de las expresiones, pero es absurdo en la intención de exigirle a la mandataria estatal que atienda al Legislativo pese a que los problemas a resolver son otros. Y si alguna utilidad tuviera el diferendo, que sea la de unificar al Congreso y Gobierno del Estado en la lucha por la paz positiva y duradera que lleva a cabo la sociedad civil.