El mal uso de los Certificados de Promoción Fiscal en Sinaloa confirma la asignación de tales beneficios de atracción de inversiones con criterios políticos, a favor de cuates o por afinidad partidista, pervirtiendo el sentido de programas gubernamentales que tendrían que mantenerse al margen de acciones que lindan con la corrupción y el tráfico de influencias.

De acuerdo a la información en poder de ESPEJO, que corresponde a una investigación del periodista Daniel Villamán, un hijo del diputado local Serapio Vargas Ramírez recibió las canonjías de Ceprofies para la empresa Serapio Group S.A. de C.V., estímulos que se otorgan con sentido de fomento a la inversión y la generación de empleos permanentes y cuya aprobación corresponde a una Comisión Dictaminadora integrada por las secretarías estatales de Economía y de Administración y Finanzas.

Los apoyos otorgados al diputado de Morena en beneficio del hijo Serapio Vargas Montoya consisten en la exención del 100 por ciento del Impuesto sobre Nómina durante los primeros cinco años y del 80 por ciento durante los dos siguientes; descuentos del 90 por ciento en el Impuesto Predial Urbano durante los primeros cinco años y del 80 por ciento en los dos posteriores; condonación total del Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles; exención del 100 por ciento en los derechos del Registro Público de la Propiedad y del Comercio y descuento del 50 por ciento en las tarifas de conexión de agua potable y alcantarillado.

En mayo de 2024 el legislador anunció que compraría el ingenio azucarero de Eldorado que estaba a punto de desaparecer debido a la sequía y a la crisis de la industria azucarera que obligó al cierre de ese tipo de factorías en el país, pero no dio a conocer que lo arropaba el Gobierno del Estado en ese experimento que terminó en protestas de los productores de caña por el no pago de sus cosechas.

El uso irregular de los certificados de promoción fiscal corrobora que por la vía del tráfico de influencia son beneficiados políticos a manera de cuotas dadas a cuates, mientras que empresas libres de esas prácticas son sometidas a trámites burocráticos que al final de cuentas las dejan al margen de dichos estímulos. Además de que el legislador Vargas Ramírez y su firma Serapio Group incurrieron en delitos de tráfico de influencias y conflicto de interés, también reciben la impunidad de las instancias legales competentes.