La violencia derivada del prolongado choque entre segmentos del narcotráfico pertenecientes al Cártel de Sinaloa no da tregua siquiera para que los ciudadanos pacíficos estructuren la manera de resistir ante la narrativa diaria de enfrentamientos entre delincuentes, homicidios dolosos, privaciones ilegales de la libertad, feminicidios y ataques a negocios y domicilios.

A la par de los operativos que aprehenden a generadores de violencia y decomisan arsenales y drogas, el Gobierno Federal ofrece el recuento de las víctimas, pero no la gran acción del Estado para restablecer las condiciones de seguridad requeridas para la convivencia armónica y el desarrollo estable de la planta productiva, inacción que extiende el período de miedo y la percepción de ausencia de ley.

El enfrentamiento entre civiles armados y fuerzas especiales del Ejército que sucedió hoy en la comunidad La Palma, municipio de Navolato, con saldo de dos personas sin vida, así como el asesinato de dos mujeres y el ataque a una llantera que ocasionó una muerte y dos heridos, en Mazatlán, recalcan la barbarie que sacude a Sinaloa y estremece por igual a gobierno y ciudadanos.

La interrogación sobre cuándo y cómo acabará la narcoguerra recibe como respuesta el énfasis de la acometida criminal que cobra impuso no obstante la presencia de alrededor de 20 mil elementos de las fuerzas armadas y corporaciones policiacas en el territorio violento, contradicción entre excesiva asistencia en pro de la seguridad pública y creciente devastación por las células del narco confrontadas.

La palabra de autoridades federales y estatales que prometen la recuperación de paz y legalidad tiende a devaluarse en Sinaloa porque, al contrario, lo que la gente percibe es mayor violencia rebasando al gobierno. Si bien es cierto que la presencia de las instituciones de seguridad pública se nota en todas partes, igual de verídico es que el crimen organizado actúa en el lugar y hora que lo decida.