Con el promedio de once mujeres asesinadas cada mes en Sinaloa durante 2026, el gobierno federal y estatal está en posibilidad de reconocer la fallida intervención en la anticipación y acción ante este tipo de delitos que representan mayor preocupación ciudadana en el contexto de la confrontación entre grupos del narcotráfico.

En cualquier otra parte del mundo estos crímenes, tipificados o no como feminicidios, habrían detonado una secuencia de medidas de parte de autoridades y organismos ciudadanos con el objetivo de rescatar la legalidad y gobernabilidad que la barbarie les roba a sociedades e instituciones gubernamentales.

Los ataques a mujeres que suceden principalmente en Culiacán, Mazatlán y Escuinapa permanecen impunes en la misma proporción que los servidores públicos tienen una promesa para cada hecho y de antemano se sabe, porque la realidad así lo denuncia, que el ofrecimiento de justicia no será concretado.

El ataque letal contra una mujer más perpetrado el martes al interior de una vivienda en Villa Unión, municipio de Mazatlán, redunda en la acometida violenta en razón de género y también en la tardanza de la fuerza militar y policial en lo que corresponde a la eficacia que contenga esta situación con la única forma de frenar a la delincuencia que es detener a los agresores y ponerlos a disposición de fiscalías e instancias judiciales.

Con 113 agresiones que privaron de la vida a mujeres, más el grave daños colateral a los huérfanos y familias, la tranquilidad y legalidad continúan siendo piezas de oratoria que suplantan el derecho a la paz y aplicación de la ley. La pasividad del gobierno frente a las víctimas y el sufrimiento en los hogares de éstas, notifica de la supremacía del crimen que anula la esperanza por el Sinaloa pacífico.