Article 19, la organización internacional que defiende la libertad de expresión y el derecho a la información, publicó el 20 de octubre la alerta para Sinaloa debido a que una solicitud de información dirigida a la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado, realizada por un reportero de ESPEJO a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, fue filtrada incluso antes de ser entregada a este medio de comunicación.

Se trata de la petición de datos respecto a los certificados de promoción fiscal otorgados en Sinaloa durante el período que comprende el 1 de enero de 2017 al 30 de septiembre de 2026, la cual se hizo del conocimiento de algunos empresarios que recibieron dicho beneficio y éstos indagaron por su cuenta el uso que le daría ESPEJO a la información solicitada.

Derivado de ello, Article 19 consideró que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece que toda persona tiene derecho a solicitar información pública sin justificar ni divulgar las razones por las que la solicita ni el uso que pretende darle, y que las obligaciones tanto de las autoridades estatales como de los organismos de transparencia son claras: garantizar el acceso efectivo de toda persona a la información en posesión de cualquier autoridad y suplir las deficiencias del procedimiento para favorecer el ejercicio del derecho.

“Tanto las autoridades a lo largo del proceso de transparencia como, en este caso, la Secretaría de Economía de Sinaloa debieron proteger todos los datos personales que tenían en su posesión. Por ley, una autoridad no puede entregar libremente datos personales a terceros sin justificar legalmente la transferencia. Cualquier transferencia se debe formalizar mediante cláusulas contractuales, convenios de colaboración u otro instrumento jurídico que permita acreditar el alcance del tratamiento de los datos, así como las obligaciones y las responsabilidades de las partes”.

Alineados con el objetivo de la alerta de Article 19, al denunciar los hechos ante la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado y la Comisión de Acceso a la Información en ESPEJO pretendemos sentar precedente legal contra filtraciones que ponen en situación de alto riesgo a periodistas y medios. No se trata de un delito menor y por lo tanto importa que sean aplicadas a quienes resulten responsables las medidas de apremio y sanción administrativa por el incumplimiento de las obligaciones de transparencia en que incurrió la Secretaría de Economía.