Culiacán, Sinaloa.- La Red Ciudadana Anticorrupción de Sinaloa (REDCA), junto con organizaciones de la sociedad civil, denunció la persistencia de opacidad en los procesos administrativos relacionados con megaproyectos industriales en la Bahía de Ohuira, en el municipio de Ahome, así como posibles violaciones a los derechos humanos de las comunidades indígenas Yoreme-Mayo.

A través de un posicionamiento público emitido este 27 de octubre de 2026, las organizaciones exigieron la intervención de autoridades ambientales, de procuración de justicia y de los sistemas nacional y estatal anticorrupción, ante las denuncias relacionadas con la ocupación de terrenos federales, la protección de los manglares y la construcción de la planta de amoniaco de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO).

El documento señala que el conflicto socioambiental afecta desde hace años a comunidades indígenas, habitantes de Topolobampo y al sector pesquero, quienes han manifestado preocupaciones por los proyectos industriales desarrollados en este ecosistema, reconocido internacionalmente como sitio Ramsar.

“En una sociedad democrática, las decisiones que involucran bienes públicos estratégicos, como el agua y el desarrollo territorial, no pueden tomarse a espaldas de la comunidad”, señalaron las organizaciones.

Exigen información sobre investigaciones contra operaciones de terrenos en Ohuira

 

Uno de los principales señalamientos de la REDCA está relacionado con las carpetas de investigación 973/2018 y 771/2023, iniciadas a partir de denuncias presentadas por pescadores de Lázaro Cárdenas y Paredones, respectivamente, ante la entonces delegación estatal de la Procuraduría General de la República en Los Mochis.

De acuerdo con el posicionamiento, ambas investigaciones están relacionadas con presuntas operaciones fraudulentas sobre terrenos considerados bienes nacionales, ubicados en el bosque de manglar de la Bahía de Ohuira y en la zona federal marítimo terrestre.

En estas denuncias, según las organizaciones, fueron señalados particulares que participaron como vendedores, el representante legal de GPO como comprador, un notario público que formalizó la operación y el entonces delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), por presuntamente no atender una denuncia popular.

Ante ello, solicitaron a la Fiscalía General de la República (FGR) informar sobre el estado procesal de ambas investigaciones, las diligencias realizadas y las determinaciones adoptadas.

Las organizaciones también hicieron referencia a una denuncia popular presentada en 2023, identificada con el expediente PFPA/31.3/2C.28.2/00095-23, relacionada con la presunta ocupación de terrenos federales para la construcción de la planta de amoniaco sin contar con la concesión correspondiente.

Según el documento, las inspecciones de PROFEPA quedaron detenidas debido al juicio de amparo 592/2024 VII, promovido por GPO.

La REDCA sostuvo que las comunidades Yoreme han sido excluidas de ese litigio y que no existe información suficiente sobre las actuaciones judiciales y sus efectos jurídicos.

“Exigimos transparencia sobre el litigio y las actuaciones de PROFEPA, así como una explicación fundada de las razones por las que las inspecciones no han concluido”, establece el posicionamiento.

Piden garantizar derechos de comunidades Yoreme-Mayo

 

Otro de los reclamos está relacionado con los derechos de los pueblos indígenas que habitan en las inmediaciones de la Bahía de Ohuira.

Las organizaciones señalaron que el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar los derechos de las comunidades Yoreme-Mayo al territorio, al agua y a una consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada respecto de las decisiones que puedan afectarles.

En el posicionamiento se advierte que el desarrollo económico no puede realizarse a costa de los derechos colectivos de los pueblos originarios.

Asimismo, exigieron medidas de protección para las personas defensoras del ambiente, del territorio y de los derechos indígenas, con el objetivo de evitar actos de criminalización, hostigamiento, intimidación o deslegitimación.

Estas exigencias fueron sustentadas en el artículo 2 de la Constitución mexicana y en el artículo 9 del Acuerdo de Escazú, relacionado con la protección de personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales.

Advierten riesgos de que mesas de diálogo no produzcan resultados

 

La REDCA también cuestionó la falta de mecanismos públicos para verificar los compromisos asumidos durante las mesas de diálogo entre autoridades, comunidades e iniciativa privada.

Aunque reconoció que estos espacios son resultado de años de movilización de las comunidades en defensa de sus derechos y del ecosistema lagunar, advirtió que podrían convertirse en mecanismos para administrar el descontento social sin modificar las decisiones sobre el territorio.

Por ello, exigió que las mesas de diálogo y los convenios entre autoridades y empresas sean públicos, además de establecer indicadores que permitan verificar los acuerdos alcanzados y su cumplimiento.

“La información debe permitir conocer qué se ha acordado, qué se ha cumplido, qué permanece pendiente y cuáles son las consecuencias de cada decisión”, señalaron.

Solicitan elaborar programa de ordenamiento ecológico de Ahome

 

En materia de planeación territorial, las organizaciones señalaron que la inexistencia del Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) de Ahome genera incertidumbre sobre los criterios ambientales que deben orientar el uso del territorio y el desarrollo de proyectos productivos.

El posicionamiento destaca que el Programa de Ordenamiento Ecológico Marino del Golfo de California identifica a la Bahía de Ohuira, dentro de la Unidad de Gestión Ambiental 011, como una zona de alta vulnerabilidad.

De acuerdo con el documento, esta clasificación responde a las presiones terrestres y marinas que enfrenta el ecosistema, por lo que se requiere adoptar medidas para revertir su deterioro.

Ante esta situación, la REDCA solicitó al Ayuntamiento de Ahome y al Gobierno de Sinaloa iniciar inmediatamente la elaboración del POEL, garantizando la participación ciudadana, el sustento científico y la independencia frente a intereses particulares.

También planteó que la expedición de permisos y licencias para proyectos industriales se realice conforme a los instrumentos de ordenamiento ecológico aplicables.

Piden intervención de sistemas anticorrupción

 

El posicionamiento fue dirigido al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), al Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa (SEMAES), a las autoridades ambientales y de procuración de justicia, así como al Gobierno de Sinaloa y al Ayuntamiento de Ahome.

Las organizaciones solicitaron que, dentro de sus respectivas atribuciones, las instancias anticorrupción den seguimiento a los posibles riesgos de corrupción relacionados con los procedimientos administrativos y promuevan la coordinación institucional para atender las irregularidades denunciadas.

La REDCA sostuvo que la transparencia gubernamental es necesaria para identificar irregularidades, exigir responsabilidades y garantizar que las decisiones sobre el territorio respondan al interés público.

“La defensa del territorio, de los derechos indígenas y del patrimonio natural es una condición indispensable para que cualquier desarrollo sea legítimo y justo”, concluye el documento.

Entre las organizaciones que respaldan el posicionamiento se encuentran Iniciativa Sinaloa A.C., Ciudad y Naturaleza en Armonía A.C., Guaiacum A.C., la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa, la Federación de Cooperativas Pesqueras Siglo 21, el Consejo Ciudadano de Ecología del Estado de Sinaloa y el Colectivo Mayo-Yoreme Autónomo, entre otras agrupaciones ambientales, comunitarias y civiles.