El Gobierno de Sinaloa redujo el otorgamiento de beneficios fiscales a empresas mediante Certificados de Promoción Fiscal del Estado de Sinaloa (CEPROFIES) durante 2024 y 2025, pese a la crisis económica que comenzó tras el estallido de violencia en septiembre de 2024, misma que ha mantenido al empresariado solicitando estímulos en materia tributaria para sobrellevar la crisis durante los últimos dos años.

De acuerdo con información obtenida mediante una solicitud de transparencia, 2023 registró el mayor número de estímulos fiscales otorgados durante la administración estatal actual, con 85 certificados aprobados para 62 empresas.

En 2025, la cifra cayó a 28 estímulos para 18 empresas. Al 30 de septiembre de 2026, se contabilizaban 26 certificados para 16 empresas.

Los Certificados de Promoción Fiscal del Estado de Sinaloa (CEPROFIES) son mecanismos contemplados en la Ley de Fomento a la Inversión del Estado para incentivar la instalación y ampliación de proyectos económicos mediante beneficios fiscales. Para obtenerlos, las empresas deben cumplir con criterios relacionados con el monto de inversión y la generación de empleos permanentes.

Las solicitudes son evaluadas por una Comisión Dictaminadora integrada por representantes de las secretarías estatales de Economía y de Administración y Finanzas, del Comité Regional de Promoción Económica y del ayuntamiento correspondiente al lugar donde se desarrollará el proyecto. El objetivo de estos incentivos es fortalecer la competitividad de Sinaloa para atraer inversiones y promover la generación de valor económico.

Entre los beneficios que pueden otorgarse mediante los CEPROFIES se encuentran las reducciones o exenciones de impuestos y derechos estatales y municipales. Estos incluyen descuentos de hasta el 100% en el Impuesto Sobre Nómina (ISN), el Impuesto Predial Urbano y el Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI), según las condiciones aplicables a cada proyecto.

Los incentivos también pueden cubrir hasta el 100% de los derechos por inscripción en el Registro Público de la Propiedad, así como de las licencias de construcción. En el caso de los derechos de conexión a las redes públicas de agua potable y alcantarillado, los descuentos pueden alcanzar el 50%.

Empresariado urge estímulos fiscales en medio de la crisis

 

Ante el impacto económico de la guerra entre facciones del Cártel de Sinaloa, iniciada en septiembre de 2024, representantes del sector empresarial han solicitado medidas fiscales y financieras para mantener sus negocios en operación y evitar mayores pérdidas de empleos.

En junio de 2026, la presidenta de Coparmex en Culiacán, Martha Elena Reyes Zazueta, informó que la organización pasó de solicitar diferimientos fiscales a demandar la condonación de impuestos, ante la reducción de ingresos y las dificultades para sostener las operaciones empresariales.

“Queremos que nos condonen los impuestos porque lo que hemos pagado correctamente en toda esta narcopandemia no lo hemos visto en seguridad y mucho menos en servicios públicos”, declaró a ESPEJO.

 

La dirigente también pidió al Gobierno estatal declarar una emergencia económica para facilitar el acceso de las empresas a mecanismos de apoyo financiero. Según explicó, desde 2025 habían buscado acuerdos con representantes de la banca, pero las instituciones les señalaron que necesitaban una declaratoria oficial para ofrecer convenios.

Reyes Zazueta advirtió que la inseguridad ha reducido el consumo, frenado inversiones y llevado a algunos empresarios a trasladar sus capitales fuera de Sinaloa. “Mientras no atendamos la inseguridad, no va a haber inversiones ni oportunidades de crecimiento”, sostuvo.

El panorama de negocios de Sinaloa se sigue deteriorando

 

La crisis económica en Sinaloa incluye afectaciones al empleo, la inversión y la actividad comercial. De acuerdo con estimaciones de la Federación de Economistas de México (FEMEC), las pérdidas acumuladas entre el primer trimestre de 2024 y el mismo periodo de 2026 alcanzaron al menos 87 mil millones de pesos.

Entre junio de 2024 y junio de 2026, Sinaloa perdió 17 mil 871 empleos formales registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En el segundo trimestre de 2026, los ingresos laborales en Sinaloa cayeron 3.4% anual y la pobreza laboral aumentó a 28.3%, un incremento de 3.7 puntos porcentuales respecto al mismo periodo de 2025. Esto significa que una mayor proporción de la población no contaba con ingresos laborales suficientes para adquirir la canasta alimentaria.

En el mismo periodo, la tasa de condiciones críticas de ocupación subió de 20.8% a 26.9%, mientras que la informalidad laboral alcanzó el 49%, equivalente a unos 689 mil trabajadores. Además, la población ocupada se redujo en 43 mil 516 personas respecto al segundo trimestre del año anterior, hasta ubicarse en un millón 405 mil 556, y la tasa de desocupación aumentó de 2.2% a 3.1%.

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