Los corruptores de Taddei vienen del CISEN de Salinas; sus promotores están en Somos

Por Obed Rosas / Sin Embargo

Ciudad de México.– Los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, empresarios de la red de proveedores electorales que está bajo investigación por irregularidades en contratos con el Instituto Nacional Electoral (INE) y otros organismos electorales de los estados desde hace más de dos décadas, trabajaron en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) durante la administración de Carlos Salinas de Gortari, de acuerdo con reportes de inteligencia a los que tuvo acceso SinEmbargo.

La Secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, confirmó esta misma información esta mañana, durante la conferencia de prensa de la Presidenta. Dijo que su oficina lo obtuvo de fuentes abiertas.

“Quisieron presentar la idea, a la hora en que salen estos videos y grabaciones, de que el problema era Guadalupe Taddei y que ella es de Morena. Esa era la narrativa”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo esta mañana. Agregó que eso se desmontó porque Taddei fue nombrada por el Consejo General del INE de Lorenzo Córdova Vianello. Taddei trabajaba en el organismo de Transparencia de Sonora y luego, “¿cómo llega a ser presidenta del INE? Por una tómbola”.

Sheinbaum agregó: “Resulta que los hermanos Casillas trabajaron en el Gobierno federal en la época de Carlos Salinas de Gortari, primero en Renapo y luego en el CISEN. ¿Quién es su contacto, quién los trae a trabajar en aquella época? Una persona que se llama Juan Carlos Padilla Aguilar, que fue director de Renapo y después secretario general del CISEN. Entonces. ¿Dónde está hoy Juan Carlos Padilla Aguilar? Trabajó en el Estado de México justo cuando se dio el escándalo de corrupción en el instituto electoral [1999 y 2005]. Ya con los Hernández Casillas, ya no como miembros del Gobierno sino como empresarios”.

“Bueno, pues el que lo lleva a trabajar al CISEN y que luego lo lleva a trabajar al Estado de México, Juan Carlos Padilla Aguilar, que trabaja en los gobiernos del PRI, ¡oh, sorpresa!, en 2022 sale en la organización de [Guadalupe] Acosta Naranjo, como su representante en el Estado de México. ¡Y oh, sorpresa! Hoy es uno de los militantes más destacados del partido Somos. ¿De quién es el partido Somos? De Lorenzo Córdova y todos ellos, vinculados con Acosta Naranjo”, agregó la Presidenta.

“¿De dónde salen estos contratistas? De allí. ¿A dónde regresan esos contratistas? Allí. ¿Dónde se vuelven fuertes estos contratistas? Del 2014 al 2023, con ese Consejo General del INE. Pero además Lorenzo Córdova ya lo reconoció en tres entrevistas que ha dado en días recientes. Entonces dice: ‘se contrataban con los organismos electorales estatales’. Pues sí, ¿pero quién da los lineamientos de contratación? ¿Por qué todos los contratos electorales acaban con las mismas personas desde 1989? ¡Y se fortalecen en la época del Consejo General del INE presidido por Lorenzo Córdova!”, dijo la Jefa del Ejecutivo esta mañana.

Raquel Buenrostro, Secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, explicó a su vez que José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas comenzaron a trabajar en la Secretaría de Gobernación, específicamente en el Registro Nacional de Población (Renapo), donde José Alfredo se desempeñó como secretario particular de Juan Carlos Padilla Aguilar, entonces director general de esa institución. En 1989, los tres pasaron al CISEN, donde Padilla Aguilar ocupó la Secretaría General, el segundo nivel jerárquico del organismo. “José Alfredo Hernández Casillas continúa siendo su secretario particular. Y Raymundo Hernández Casillas se incorpora al área de investigaciones. Entonces esto es muy importante porque todo esto se explica con este personaje que es muy importante que ha aparecido, que es Juan Carlos Padilla Aguilar”, expuso.

La funcionaria sostuvo que la relación de los hermanos con Padilla Aguilar es fundamental para entender sus posteriores negocios electorales, pues cuando este dejó el CISEN para incorporarse al Gobierno del Estado de México, ambos abandonaron también el servicio público y comenzaron a constituir sus propias empresas. “Estos hermanos empezaron su carrera en la Administración Pública al cobijo de Juan Carlos. ¿Qué pasa en los años subsecuentes? Cuando se va Juan Carlos Padilla al Estado de México, los hermanos Hernández Casillas salen y se convierten en empresarios y empiezan a constituir las empresas”, explicó.

Buenrostro indicó que en 1999 los hermanos ya participaban en las contrataciones de materiales electorales mediante Cartonera Plástica, después de la reforma de 1996 que otorgó plena autonomía al Instituto Federal Electoral (IFE) respecto del Gobierno federal. La funcionaria recordó que en 2005 se produjo un escándalo por un contrato relacionado con los empresarios en el Instituto Electoral del Estado de México, que terminó con la salida de siete consejeros. “Hay un escándalo en el Estado de México, precisamente con un contrato de los hermanos Hernández Casillas, y el escándalo escala tanto que tienen que renunciar siete de los consejeros electorales”, afirmó.

La Secretaria Anticorrupción agregó que entre 2012 y 2013 los Hernández Casillas comenzaron a diversificar sus negocios y a constituir nuevas compañías, justo antes de la Reforma Electoral de 2014, que otorgó al INE mayores atribuciones sobre los organismos públicos locales, incluida la designación de sus consejeros. Fue durante ese periodo cuando Lorenzo Córdova Vianello asumió la presidencia del organismo nacional y Guadalupe Taddei Zavala fue designada presidenta del instituto electoral de Sonora. De esta manera, la reconstrucción presentada por Buenrostro sitúa el origen de los negocios electorales de los hermanos Hernández Casillas en los años posteriores a su paso por el aparato de inteligencia del salinismo, mucho antes de su relación comercial con Taddei.

Los hermanos corruptores

Los dos hermanos Hernández Casillas trabajaron en el aparato de inteligencia gubernamental en 1989, cuando dependía de la Secretaría de Gobernación, encabezada por Fernando Gutiérrez Barrios, quien años antes dirigió la Dirección Federal de Seguridad (DFS), la policía política del régimen priista ligada a asesinatos, desapariciones y torturas de disidentes.

La información sitúa a ambos hermanos dentro de esa estructura gubernamental en la que también figuraban Jorge Carrillo Olea, entonces director general del CISEN, y Juan Carlos Padilla Aguilar, identificado como secretario general del organismo, quien habría tenido como secretario particular a José Alfredo Hernández Casillas, el empresario cuya cercanía con Guadalupe Taddei Zavala precipitó una crisis en el órgano electoral.

Juan Carlos Padilla Aguilar aparece, décadas después, dentro del partido político Somos.

El antecedente adquiere relevancia después de la divulgación de videos y conversaciones privadas que exhibieron la relación entre Taddei, quien renunció a la presidencia del INE el pasado 26 de octubre, y Hernández Casillas, relacionado con empresas beneficiadas por contratos de materiales electorales. El escándalo ha derivado en investigaciones sobre posibles conflictos de interés, concentración de contratos e irregularidades administrativas.

José Alfredo Hernández Casillas laboró en el CISEN entre el 1 de enero y el 1 de octubre de 1989. Anteriormente, había trabajado en la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal, del 1 de junio de 1983 al 31 de diciembre de 1988. Hernández Casillas fue secretario particular de Juan Carlos Padilla Aguilar tanto en el Registro Nacional de Población como en la estructura del CISEN, donde este último llegó a ocupar la Secretaría General. La relación laboral resulta significativa por la posición que tenía Padilla Aguilar dentro del aparato de inteligencia durante los primeros meses del Gobierno de Salinas de Gortari.

Por su parte, Raymundo Francisco Hernández Casillas trabajó entre el 16 de febrero y el 1 de noviembre de 1989 en el CISEN, donde ocupó el cargo de subjefe de Investigaciones. Previamente, entre el 1 de abril de 1986 y el 15 de febrero de 1989, había prestado servicios en la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal de la Secretaría de Gobernación, refieren los reportes de inteligencia consultados por este medio.

Antes de incorporarse al CISEN, Raymundo Francisco Hernández Casillas trabajó en el Registro Nacional de Población como ejecutivo de proyecto y, a partir del 16 de febrero de 1987, fue promovido a jefe del Departamento de Recursos Financieros y Materiales. El 16 de febrero de 1989 ingresó al CISEN como subjefe de Investigaciones.

Padilla Aguilar desarrolló una trayectoria en la administración pública del Estado de México. En 1989 fue nombrado Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas durante el Gobierno de Ignacio Pichardo Pagaza, y décadas después formó parte del equipo del exgobernador Alfredo del Mazo Maza, cuya administración transcurrió entre 2017 y 2023.

Miguel Ángel Osorio Chong, entonces Secretario de Gobernación de Enrique Peña Nieto, lo nombró el 5 de abril de 2017 delegado regional de la dependencia federal en Aguascalientes, Colima, Jalisco, Michoacán, Querétaro y Zacatecas. La ficha lo vincula, además, con actividades del Frente Cívico Nacional en el Estado de México desde 2022, e incluye una fotografía fechada el 12 de febrero de 2023.

En los últimos años, Juan Carlos Padilla Aguilar apareció entre los promotores del Frente Cívico Nacional en el Estado de México, junto con Emilio Álvarez Icaza, Cecilia Soto y Guadalupe Acosta Naranjo, quienes posteriormente participaron en la creación de Somos. Padilla Aguilar fungía como coordinador estatal del Frente Cívico Nacional y convocaba a movilizaciones en defensa del INE y contra las reformas electorales impulsadas por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

La presencia de antiguos funcionarios electorales en Somos también adquiere relevancia por la investigación histórica que abrió la Auditoría Superior de la Federación (ASF). El periodista Álvaro Delgado publica este jueves en SinEmbargo cómo la revisión de las contrataciones realizadas entre 2000 y 2025 abarca las gestiones de los expresidentes del IFE-INE José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde, Leonardo Valdés Zurita, Lorenzo Córdova Vianello y Guadalupe Taddei Zavala. Entre las figuras vinculadas al nuevo partido se encuentran Valdés Zurita, Córdova y Edmundo Jacobo Molina, quien ocupó la Secretaría Ejecutiva del organismo durante 15 años. Woldenberg, por su parte, ha participado como asesor en actividades de Somos, sin figurar formalmente como dirigente.

Salinas, el CISEN y los videoescándalos de 2004

La historia del aparato de inteligencia durante el salinismo tiene un antecedente político relevante en los llamados videoescándalos de 2004, una operación cuya organización y difusión fueron atribuidas al expresidente Carlos Salinas de Gortari por el empresario Carlos Ahumada Kurtz, protagonista de las grabaciones que exhibieron a funcionarios y políticos cercanos al entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador.

En su libro Derecho de réplica, publicado por Grijalbo en 2009, Ahumada relató que conoció a Salinas en agosto de 2003, por conducto del abogado Juan Collado, y sostuvo que el exmandatario decidió la estrategia para hacer públicos los videos en los que aparecían René Bejarano, Carlos Ímaz y otros personajes relacionados con el PRD.

Ahumada aseguró que sostuvo diversas reuniones con Salinas, algunas en presencia de Rosario Robles, y que el expresidente coordinó la operación política con Diego Fernández de Cevallos, Santiago Creel, Ramón Martín Huerta y otros funcionarios del Gobierno de Vicente Fox. Entre ellos mencionó a Eduardo Medina Mora, quien en 2004 dirigía el CISEN, el mismo organismo en cuyos registros históricos aparecen los hermanos Hernández Casillas.

Ahumada atribuyó a Salinas la decisión de utilizar Televisa para difundir las grabaciones, por tratarse de la empresa de televisión con mayor audiencia nacional. También describió reuniones y conversaciones con Fernández de Cevallos para determinar quién entregaría los materiales, cuándo se divulgarían y cómo se manejarían sus consecuencias políticas. Su conclusión fue contundente: “Sí, Salinas fue el cerebro de los videoescándalos. Yo fui el de los videos, él fue el del escándalo”.

El empresario afirmó, además, que la operación incluyó una negociación cercana a los 400 millones de pesos, cantidad que, según su testimonio, pretendía recuperar de deudas que atribuía al Gobierno capitalino y al PRD. Señaló además que sólo recibió una parte de los recursos y sostuvo que Salinas también había negociado con el Gobierno de Fox beneficios judiciales para su hermano Raúl Salinas de Gortari, quien entonces se encontraba encarcelado.

Del aparato de inteligencia a los contratos electorales

Casi cuatro décadas después de su paso por el aparato de inteligencia del Gobierno de Carlos Salinas de Gortari, los hermanos Hernández Casillas aparecen vinculados a una controversia sobre contrataciones públicas electorales. Las grabaciones difundidas durante octubre y noviembre de 2026 mostraron la cercanía personal entre Guadalupe Taddei y José Alfredo Hernández Casillas, mientras otras conversaciones atribuidas al empresario contienen señalamientos sobre contratos, funcionarios y posibles beneficios económicos relacionados con el INE.

La dimensión de los negocios fue expuesta este jueves 5 de noviembre por la Secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, quien presentó una investigación sobre 27 años de contrataciones electorales vinculadas con los hermanos Hernández Casillas. De acuerdo con la documentación presentada por la dependencia federal, entre 2015 y 2025 la red empresarial relacionada con los hermanos obtuvo contratos por dos mil 740.3 millones de pesos con organismos públicos locales electorales (OPLE), principalmente para el suministro de materiales electorales.

La investigación gubernamental identifica los primeros antecedentes empresariales incluso antes de que los hermanos abandonaran el servicio público. En 1988 se constituyó Cartonera Plástica y, en 1992, Formas Finas Fernando Fernández, esta última vinculada con Raymundo Francisco Hernández Casillas. Para 1999, Cartonera Plástica ya participaba como proveedora electoral en el Estado de México. En 2005, la compañía obtuvo un contrato de 63.7 millones de pesos del Instituto Electoral de esa entidad, cuya adjudicación desató denuncias de irregularidades y presuntos sobornos que culminaron con la renuncia de los siete consejeros electorales.

La red amplió sus operaciones después de la Reforma Electoral de 2014, cuando el Consejo General del INE, presidido por Lorenzo Córdova Vianello, adquirió la facultad de designar a los consejeros de los organismos electorales estatales. Según la Secretaría Anticorrupción, entre 2015 y 2023, 23 de los 32 OPLE adjudicaron contratos por dos mil 94 millones de pesos a empresas relacionadas con los Hernández Casillas. La dependencia atribuyó esta expansión a omisiones de supervisión y a la ausencia de lineamientos claros de contratación.

Los documentos oficiales identifican entre las principales beneficiarias a Formas Finas y Materiales, con 825.6 millones de pesos; Cajas Graf, con 751.2 millones; Seriplast de México, con 380.5 millones; Corporativo ZEG, con 101.2 millones, y Formas Finas Fernando Fernández, con 35.5 millones, dentro del desglose de contrataciones presentado para el periodo 2014-2023. Las entidades con mayores montos fueron Veracruz, con 570.4 millones de pesos; Nuevo León, con 314.2 millones; Hidalgo, con 203.6 millones; Oaxaca, con 200.4 millones, y Coahuila, con 139.6 millones.

La red mantuvo su actividad después de la llegada de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE en 2023. Entre 2024 y 2025, las empresas vinculadas con los hermanos obtuvieron otros 646.3 millones de pesos en contratos con 15 organismos electorales estatales, de acuerdo con la misma presentación. Durante ese periodo, las adjudicaciones se distribuyeron principalmente entre Comercializadora JVLY, con 234.7 millones de pesos; Cajas Graf, con 181.9 millones; Corporativo ZEG, con 123.7 millones, y Formas Finas y Materiales, con 105.9 millones. Puebla concentró 129.7 millones de pesos, seguida por Jalisco, con 102.2 millones, y Baja California, con 76.6 millones.

El año de mayor contratación identificado en la presentación fue 2021, cuando las empresas de la red obtuvieron adjudicaciones por 908 millones de pesos. Otro de los mayores registros ocurrió en 2024, con 582.4 millones. Las cifras proceden de información de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y del histórico de CompraNet, según precisó la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

La dependencia federal también expuso un presunto esquema de simulación de competencia en licitaciones públicas, mediante la participación de seis empresas vinculadas con los hermanos Hernández Casillas: Formas Finas y Materiales, Cajas Graf, Seriplast de México, Comercializadora JVLY, Corporativo ZEG y Formas Finas Fernando Fernández. Estas compañías participaban en los mismos procedimientos mediante propuestas económicas aparentemente independientes, aunque formaban parte de una misma red empresarial.

La presentación identificó además posibles vínculos de las compañías con servidores públicos, la utilización de empresas sin capacidad operativa, infraestructura o trabajadores registrados en nómina y el presunto uso de prestanombres para ocultar a los beneficiarios finales de los contratos. Entre los casos expuestos, la dependencia mencionó el de una mujer de 96 años que habría sido utilizada como prestanombres. También señaló posibles operaciones de lavado de dinero y utilización de empresas factureras, conductas que deberán ser investigadas y, en su caso, acreditadas por las autoridades competentes.

La crisis en el INE escaló este 4 de noviembre, cuando la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó sobre la incorporación de 25 personas físicas y 15 personas morales vinculadas con proveedores electorales a la Lista de Personas Bloqueadas, después de identificar operaciones financieras con elementos de riesgo. Aunque la dependencia no publicó todos los nombres, SinEmbargo confirmó que Taddei y los dos hermanos Hernández Casillas figuran entre las personas incluidas en la medida.

La UIF informó también que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue posibles responsabilidades. Precisó, sin embargo, que el bloqueo constituye una medida administrativa preventiva, que no implica una determinación definitiva de culpabilidad.

En paralelo, las investigaciones del Órgano Interno de Control del INE y la revisión histórica anunciada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) han colocado bajo escrutinio los mecanismos de contratación de proveedores electorales y sus posibles vínculos con funcionarios responsables de administrar los recursos públicos.

La presentación gubernamental precisó que la ASF deberá identificar posibles irregularidades en la asignación y administración de los contratos; el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la UIF tendrán a su cargo investigar movimientos financieros irregulares, operaciones con empresas factureras y posibles redes de lavado de dinero; mientras que la FGR deberá investigar los probables delitos y proceder penalmente contra quienes resulten responsables. Por su parte, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno planteó la necesidad de prevenir la reproducción de estos esquemas de contratación en la Administración Pública Federal.

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Este trabajo fue realizado para Sin Embargo. Para consultar el contenido original, dar clic aquí.