Por Patricia Mayorga / Raíchali
BABORIGAME, Chih. La disputa entre dos carteles por el territorio del municipio de Guadalupe y Calvo, mantiene aterrorizadas a decenas de localidades y cada días son más las comunidades – ódami, rarámuri y mestizas- que piden auxilio para salir hacia ciudades grandes del estado de Chihuahua y de Durango, principalmente.
Una Misión Civil internacional de Observación recorrió por tierra una parte del municipio de Guadalupe y Calvo durante esta semana. El grupo está integrado por la red Plataforma por la Paz en México y la Unión Europea y la misión es encabezada por la eurodiputada Diana Riba i Giner, del grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea; Esquerra Republicana de Catalunya. Además acompañan organizaciones internacionales, nacionales y estatales.
Mientras avanzaba, brotaban balas, drones con explosivos y amenazas en diferentes comunidades que salieron o están por salir desplazadas de manera forzada.
El recorrido inició el lunes en la ciudad de Chihuahua con personas desplazadas de diferentes comunidades y rancherías de los municipios de Moris, Uruachi, Guadalupe y Calvo (La Sierrita, La Plomosa), Guazapares y Guachochi. La principal denuncia que manifestaron es la falta de voluntad de las autoridades para que les permita adquirir o disponer de una vivienda digna, ya que generalmente están hacinados o viven a la intemperie en casas de madera y hule negro, como el caso de la comunidad La Plomosa del municipio de Guadalupe y Calvo.
La Misión viajó el martes hacia el municipio de Guadalupe y Calvo. En el trayecto de la carretera de El Vergel a la cabecera, hay casas abandonadas.

Casas abandonadas en el municipio de Guadalupe y Calvo
Las personas que integran la misión de observación se entrevistaron con personas desplazadas en la cabecera municipal y en el poblado de Baborigame, así como con autoridades municipales en la cabecera. Constataron que la carretera de El Vergel en el municipio de Balleza hacia Guadalupe y Calvo, está en pésimas condiciones, como lo han denunciado los habitantes a diferentes autoridades, incluida la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha visitado dos veces el municipio.
En los caminos hacia Guadalupe y Calvo, es común ver decenas de camiones cargados con troncos de madera muy grandes en diámetro y de largo. La mayoría no llevan placas. Al preguntarle al director de Obras Públicas municipales, Adriel Baca Velázquez, sobre lo que sostiene la economía de ese municipio respondió. “La ganadería, la minería y lo que tiene que ver con todo el sector forestal, que es la extracción de madera. Es lo que estamos haciendo ahora”.
Los programas sociales, dijo, son los que sostienen esa región, “por la situación de la violencia (…) no podemos decir que sostenga la economía, es un apoyo (…) la minería de San Julián que está en su auge a todo lo que da”.
“Antes la economía de los ranchos dependía de esos cultivos (amapola y marihuana), tras la legalización en Estados Unidos y la llegada de drogas sintéticas, la disputa es por madera, minería y territorio. Todos los grupos delictivos quieren tener control sobre su propio lugar”, abundó Baca Velázquez y reconoció que la violencia les ha rebasado y que a la gente de las comunidades la extorsionan y amenazan para que se vayan o los matan
Diana Riba preguntó: “¿La madera se extrae limpia? Hemos visto camiones cargados con madera, ¿no hay manufactura…?”. El director le respondió que hay aserraderos para hacer la madera de diferentes dimensiones, de acuerdo con el cliente o la persona que requiere la persona que la pida.

Camiones cargados con madera entre Parral y Guadalupe y Calvo
Una vez que el director de Obras Públicas preguntó cuál es intención de la visita a su municipio, la eurodiputada detalló que es la quinta ocasión que han venido a México, pero en otros estados. “Creíamos que era momento de mirar para acompañar, ya sea económicamente o de otras maneras para salir adelante de las problemáticas que tienen. Estuvimos una semana en la Ciudad de México y ahora en Chihuahua”.
Al hablar de la situación de las personas desplazadas, indicó que reconocen el problema. “Trabajamos a como podemos salir adelante, pero hay un montón y sinfín de trabas para poder hacer eso. Hay casas quemadas, sí hay, ¿porqué es tan notorio en los pueblos chicos y en las ciudades porqué no se ve tanto? No quiere decir que en las ciudades no pasa, pero no por eso voy a minimizar el problema que tenemos aquí. Lo estamos aceptando, lo que queremos es ver de qué forma le damos solución”. Luego preguntó qué les pueden aconsejar para solucionar la problemática.
El Ayuntamiento atiende la crisis inmediata con un albergue propio y otros temporales,con apoyo de despensas, medicamento y apoyo psicológico, así como medicamento y apoyo psicosocial en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
Mariana Villarreal, de la Red Todos los Derechos para Todos (TDT) indicó que las autoridades atienden a las personas desplazadas como atender una situación de emergencia en cualquier ciudadano porque tienen derecho y no se están atendiendo como casos de desplazamiento forzado, a pesar de que está tipificado del delito.
Baca Velázquez dijo que “a veces nos ha tocado utilizar nuestro propio dinero para comprar boletos de autobús o apoyos para gastos funerales”.
Al funcionario municipal le acompañó el secretario del ayuntamiento, Édgar Abdiel Luna Chaparro, así como las titulares del DIF Municipal y de la dirección de Desarrollo Humano. Una de las funcionarias indicó que de la comunidad de Atascaderos salió mucha gente, pero aseguró que ya regresaron. Sin embargo, hay una gran cantidad de personas desplazadas de esa comunidad. La situación en esa región se agravó también los últimos días.
Mientras se realizaba la reunión, en Nabogábame -comunidad ubicada enseguida de la cabecera municipal- se enfrentaron los dos grupos y han mantenido aterrorizada a la gente. “Hay enfrentamientos en los alrededores de Nabogame desde hace dos días”, confirmaron.
Un día antes de llegar a la cabecera de Guadalupe y Calvo, habían llegado 27 personas desplazadas de las comunidades Los Otates y Huerta de los Carrillo. Ellas fueron resguardadas por la Fiscalía General del Estado, hasta ese poblado, donde durmieron un par de noches. Sin embargo, querían ir hacia Chihuahua porque en la cabecera municipal tampoco se sienten seguros. La misma comitiva gestionó con autoridades estatales y federales el traslado de una parte de las personas desplazadas y 9 más decidieron quedarse en la cabecera.
En otra comunidad se quedaron alrededor de 18 personas ódami que también salieron de Los Otates. Otras familias salieron hacia Guachochi y hacia el estado de Durango.
El miércoles viajaron a Baborigame. El camino de terracería está en pésimo estado. A la altura de la comunidad de Nuestra Señora, está instalado un grupo pequeño se militares, después de que los pobladores tuvieron que dejar sus viviendas por la violencia. La escuela de lugar sirve ahora de resguardo de los soldados. En una comunidad aledaña está El Pinito, donde tampoco hay gente.

Escuela en la comunidad Nuestra Señora
Más adelante se encuentra una camioneta baleada y descompuesta, así como otros carros abandonados y más casas deshabitadas. A la altura de Llano Grande, por donde la Misión pasó el miércoles y el jueves, hacia adentro, se desató otro enfrentamiento entre los grupos delictivos. “Se escuchan muchos granadas y armas de fuego”, alertaron los pobladores.
En Baborigame se encontraron con personas desplazadas de diferentes comunidades: Colorada de la Virgen, Mala Noche, Los Alisos, Los Alicitos, Cinco Llagas, Pinabete, entre otras. Narraron sus casos y la situación en la que ahora se encuentran: les quemaron sus casas; caminaron por horas con niños pequeños y bebés hasta llegar a otra comunidad para estar a salvo; perdieron ganado, cosechas, su situación se precarizó. Ahora no tienen viviendas dignas, les falta alimentos, no hay atención de salud suficiente, entre otras demandas que han hecho por años o meses a las autoridades de los tres órdenes de gobierno.
Este fin de semana, saldrán más personas desplazadas de otras comunidades porque lo han solicitado a las autoridades, entre ellas Mala Noche y Las Tahonas. Las comunidades han quedado en medio de fuego cruzado, de explosivos lanzados con drones, amenazas, disputas por la tierra, y lo que desean es ponerse a salvo. Los elementos del Ejército resguardan algunas comunidades, pero no es suficiente.
El jueves llegaron a Parral, donde escucharon a las personas desplazadas de los municipios de Guadalupe y Calvo, Tamazula del estado de Durango y Badiraguato del estado de Sinaloa.
En la caravana estuvieron la eurodiputada Diana Riba i Giner; Sergi Zorrilla Cubells, jefe de gabinete de la Eurodiputada; Carles McGragh Prujá, coordinación de la Comisión de Derechos Humanos, Consell Dels Il Lustres Col legis d’Advocats de Catalunya; Claudia Patricia Flórez Hernandez, juez del Tribunal Superior de Bolívar, directora del Consultorio Jurídico de la Universidad del Sinú- Sede Cartagena y vicepresidenta de las Comisiones de DDHH y de Defensa de la mujer; Jordi Urgell Garcia, subdirector de la Escuela de Cultura de Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona; María Jesús Herrera Vilches, co-coordinadora de Mujeres Pa’lante y Pablo Ramírez Obando, coordinador del área de Solidaridad Internacional de la Taula per Mèxic.
Acudió también una brigada médica de la organización francesa Médicos del munco (Médecins du Monde) que tiene una de sus bases en Ciudad Juárez y que atendió a las personas desplazadas en cada lugar donde se asentaba la misión.
De México, formaron parte las organizaciones Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), la Red TDT, Consultoría Técnica Comunitaria (Contec), Prácticas Psicosociales y Acción Comunitaria (brinda apoyo psicoemocional) y Uno de Siete Migrando. Además forman parte de la Misión, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm) y Alianza Sierra Madre.
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Este trabajo fue realizado para Raíchali, que forma parte de Territorial Alianza de Medios. Para consultar el contenido original, dar clic aquí.

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