Ciudad de México, 9 de noviembre (SinEmbargo).- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó este lunes que, por primera vez, desarrolla investigaciones con la colaboración de personas que han proporcionado documentos y otros elementos sobre presuntas irregularidades en las contrataciones públicas del Instituto Nacional Electoral (INE), con el propósito de acogerse a un programa que les permitiría obtener una reducción de sanciones.

En el caso de los grupos empresariales relacionados, la ASF explicó que los informantes han aportado testimonios, documentos, fotografías, videos, información financiera, domicilios, mensajes de WhatsApp y datos sobre personas presuntamente involucradas en las operaciones investigadas.

“Esta colaboración ha permitido obtener información de personas que conocen cómo habrían operado las irregularidades en contrataciones públicas de organismos electorales durante varios años”, se lee en el comunicado difundido por la entidad fiscalizadora.

De acuerdo con la ASF, los elementos recabados han permitido documentar indicios de que los beneficiarios finales de diversas empresas habrían intervenido directamente en la selección de proveedores y en la definición de los requisitos técnicos de las contrataciones para favorecer sus propios intereses.

La Auditoría Superior de la Federación no detalló cuántas personas participan como informantes ni precisó las sanciones que podrían reducirse. Tampoco identificó a las empresas o personas señaladas en esta comunicación.

No obstante, aseveró que la colaboración se realiza mediante el Programa de Reducción de Sanciones para Informantes en Investigaciones, instrumentado de conformidad con la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

La ASF busca determinar el destino de los recursos públicos implicados. Foto: X @ASF_Mexico

INE denuncia ante FGR posibles irregularidades con recursos públicos

El pasado 6 de noviembre, el Instituto Nacional Electoral (INE) informó que presentó formalmente una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue posibles conductas constitutivas de delito relacionadas con el ejercicio de recursos públicos.

El organismo electoral señaló que la denuncia busca que la Fiscalía determine, dentro de sus atribuciones, si existen responsabilidades penales derivadas de los hechos señalados.

En su comunicado, el INE sostuvo que la decisión responde a su obligación institucional de proteger la legalidad, la transparencia y la correcta administración de los recursos públicos, sin distinción de personas, cargos, responsabilidades o periodos de gestión.

“El Instituto sostiene una política de cero tolerancia frente a cualquier conducta que pudiera comprometer la integridad de los recursos destinados al cumplimiento de sus funciones constitucionales”, se lee en el documento.

Por su parte, la Auditoría Superior de la Federación indicó que continuará con las investigaciones para identificar a más personas presuntamente involucradas, rastrear el destino de los recursos públicos y determinar las responsabilidades correspondientes.

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