La senadora del PRI Paloma Sánchez Ramos afirmó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que, durante el gobierno de Rubén Rocha Moya en Sinaloa, se entregaron contratos de obra pública a una constructora vinculada con familiares de un funcionario estatal.

Desde la tribuna del Senado, la legisladora sostuvo que la ASF también identificó depósitos por montos superiores al valor de las obras contratadas, transferencias entre cuentas y pagos millonarios registrados bajo el concepto de préstamos, según un boletín del grupo parlamentario del PRI.

“El gobierno de Rocha fue incapaz de recuperar las calles, pero muy eficiente para repartir contratos entre los suyos”, señaló.

El boletín no identifica a la constructora ni al funcionario, tampoco precisa los montos de las operaciones o el informe de auditoría en el que se documentaron. Sánchez Ramos afirmó que el gobierno estatal no ha abierto investigaciones ni presentado aclaraciones sobre los contratos señalados.

Acusa a Morena de mantener a funcionarios de Rocha Moya

 

Sánchez Ramos acusó a Morena de proteger al grupo político de Rocha Moya y sostuvo que el relevo en la gubernatura mantuvo en sus cargos a funcionarios de la administración anterior.

Como ejemplo, dijo que un vicefiscal renunció seis meses después de que autoridades de Estados Unidos lo acusaran de narcotráfico. El boletín no identifica al funcionario ni especifica la fecha de su renuncia.

Vincula la falta de rendición de cuentas con la crisis de violencia

 

La senadora sostuvo que Sinaloa acumula 793 días de violencia y dijo que Rocha Moya llevaba 81 días “sin dar la cara”. Afirmó que la crisis ha dejado miles de asesinatos y desapariciones, así como familias desplazadas, negocios cerrados y afectaciones a las actividades productivas.

También acusó al gobierno de Rocha Moya de permitir que grupos criminales tomaran el control de corporaciones policiales, juntas de agua y distritos de riego, e impusieran el cobro de piso en el campo, la pesca, la ganadería, la minería y el transporte de mercancías.

“Sinaloa tiene un gobierno que es incapaz de resolver un problema. Nadie actúa, nadie investiga, nadie aclara y nadie rinde cuentas”, concluyó.