Por Yvette Sierra Praeli / Mongabay Latam
La preocupación surgió durante una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Guatemala. En esa sesión, Javier Palummo Lantes, relator especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca), un mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), escuchó que los líderes indígenas se refirieron varias veces a la presencia de drones en sus territorios.
“Un dron puede tener incorporado sistemas de inteligencia artificial, armas, sensores de última generación, conexión satelital. Son artefactos que usan múltiples tecnologías disponibles y que antes no existían. Por eso, cuando se habla de tecnologías militares de uso dual hay que pensar en muchos tipos de tecnologías que se usan al mismo tiempo”, comenta Palummo en entrevista con Mongabay Latam.
El relator profundizó sobre los impactos que pueden causar el mal uso de estas tecnologías en los territorios y comunidades indígenas en América Latina.

Javier Palummo Lantes, relator especial de los Derechos, Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca). Foto: cortesía Javier Palummo
La preocupación quedó reflejada en un comunicado que publicó recientemente Redesca, en el que se refiere a este doble uso de la tecnología, pues los mismos aparatos que son herramientas valiosas para el monitoreo ambiental y territorial realizado por pueblos indígenas, comunidades y defensores ambientales, otras veces pueden ser usados por los actores estatales, empresas e incluso grupos criminales para control territorial y amenazas a las condiciones de vida.
—La Redesca ha publicado un comunicado sobre los impactos de las nuevas tecnologías militares y de uso dual en comunidades y territorios de las Américas. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de tecnologías militares y de uso dual?
—Son diversos tipos de tecnología. Una misma tecnología puede tener usos civiles y al mismo tiempo puede ser utilizada o adaptada para fines militares, de seguridad o de actores criminales. También existen tecnologías diseñadas para el ámbito militar que terminan siendo utilizadas en funciones distintas. Es una cuestión compleja. Por un lado está el desarrollo de tecnologías militares cuyo uso puede exceder el ámbito militar y, por otro lado, tecnologías de carácter civil que pueden, de alguna manera, ser utilizadas para funciones de control territorial, control de movilidad, con efectos para los derechos humanos y económicos.
—¿Podría citar algunos ejemplos?
—Creo que es importante mencionar que no estamos hablando de armas sofisticadas, hablamos también de la tecnología de lo cotidiano, como los drones comerciales, internet satelital, plataformas digitales, sensores. Pueden ser drones que tienen incorporados sensores o sistemas de inteligencia artificial. Este tipo de instrumentos pueden tener un efecto muy positivo, pero también pueden ser adaptados y utilizados en contextos de minería ilegal, vigilancia o economías ilícitas. Genera preocupación, no por la tecnología en sí, sino por las condiciones en las que se diseña, comercializa, utiliza y por quién controla su uso y qué riesgos generan para las comunidades.
—¿Cómo empieza el interés y la preocupación de Redesca por estas tecnologías y sus consecuencias?
—En el anterior periodo de sesiones [marzo de 2026], en Guatemala, durante las audiencias que fueron diligenciadas por la CIDH, en las que participé, los liderazgos de pueblos indígenas y organizaciones no gubernamentales mencionaron la presencia de drones asociados a actividades empresariales en zonas contiguas de territorios de pueblos indígenas. Para poner solo un ejemplo, en un periodo de sesiones tomé nota hasta en tres oportunidades que en el relato de los liderazgos aparecía la presencia de este tipo de tecnología.

Monitores ambientales utilizan drones para estar pendientes de las amenazas al bosque. Foto: cortesía Yunkawasi
La posibilidad de contar con estas tecnologías a costos más bajos, que antes solo podían adquirir los ejércitos, pero que ahora pueden hacerlo otros actores, sumado a la oportunidad de que tengan conectividad satelital en cualquier lugar, incluso en regiones que antes parecían extremadamente remotas, como la Amazonía, está provocando un aumento de su uso. Son equipos que pueden incorporar armas, sensores de última generación, sistemas de inteligencia artificial y tecnología de vigilancia. Estamos hablando de artefactos altamente tecnificados y con conectividad.
—¿Qué información ha recibido Redesca sobre el uso de estos equipos?
—Estamos haciendo un informe sobre los impactos y las respuestas de los Estados de América del Sur, de la región amazónica y el Escudo Guyanés frente a la minería ilegal de oro. Y en el levantamiento de información logramos identificar su uso por parte de actores de la minería ilegal de drones y de distintos tipos de tecnologías que se benefician de la posibilidad de tener conectividad digital.
Esto inclusive generó, hace un año, que el Ministerio Público Federal de Brasil firmara un acuerdo con una de las empresas líderes en conectividad satelital para prevenir y combatir el uso irregular del internet satelital en áreas de minería ilegal en la Amazonía. Este es un acuerdo que prevé la identificación del usuario, la entrega de datos, la geolocalización bajo requerimientos. De acuerdo con información del Ministerio Público del Brasil, la conectividad llegó a formar parte de la infraestructura logística de las actividades de la minería ilegal de oro en la Amazonía. En este caso hubo una respuesta institucional muy activa y un acuerdo con la empresa. Mejorar la trazabilidad, avanzar en la identificación de usuarios y bloqueos cuando se puede acreditar este uso ilícito.
—¿Cómo se explica la dualidad de estas tecnologías?
—La misma conectividad que es esencial para que las comunidades remotas puedan acceder a información, puedan hacer oír su voz, puede también ser desviada para sostener economías ilegales que terminan afectando su territorio, contaminando sus ríos, generando deforestación y pérdida de biodiversidad y afectaciones a la alimentación y la salud, sobre todo, por contaminación por mercurio. Creo que es un ejemplo muy claro de esta dualidad. La conectividad satelital es muy importante y útil para que las comunidades más alejadas puedan participar, acceder a información, pero también puede ser desviado para sostener estas economías ilícitas de un altísimo impacto en la vida de estas comunidades.

Palummo explica que la tecnología puede ser utilizada para actividades ilícitas como la minería ilegal. Foto: cortesía FCDS Perú
—Se han dado casos del uso de estas tecnologías militares en Colombia, en Venezuela, en Ecuador. ¿Redesca ha recibido denuncias sobre estos u otros casos?
—En nuestro comunicado de prensa no mencionamos países específicos, pero existe información pública sobre algunas de estas situaciones. Hay una organización que se llama Armed Conflict Location & Event Data Project [Acled], que analiza y mapea datos sobre violencia política, conflictos y protestas en todo el mundo. Algunos informes dan cuenta de un aumento del registro de drones armados en América Latina desde 2018 hasta ahora.
Según este registro, más del 70 % de los eventos con drones armados en América Latina ocurrieron entre enero de 2025 y agosto de 2026. No solo se constata de una forma cualitativa al escuchar constantemente comunidades que empiezan a mencionar a los drones en sus relatos, sino que ya existen organizaciones que han hecho estudios que hablan de una expansión muy rápida del uso de drones armados por grupos no estatales en la región. Un aumento que da cuenta, primero, de la difusión, y segundo, del carácter sofisticado de una capacidad tecnológica que también puede ser utilizada para vigilancia y control de infraestructuras ilícitas, incluido sitios de minería ilegal. Esas tecnologías que antes eran adquiridas por el ejército, por los Estados, hoy tienen una circulación mucho más amplia.
—¿Cuáles son los impactos en las comunidades?
—La minería ilegal genera contaminación, genera una presión sobre las fuentes hídricas y también deja una huella material que puede deteriorar el acceso al agua y a los ecosistemas. Muchas veces estos drones y sistemas de vigilancia inciden en cómo se usa y se controla el territorio. Pueden generar situaciones de vigilancia, de amedrentamiento, situaciones de persecución de algunos liderazgos locales. Esto evidentemente puede tener efectos de distinto tipo en las comunidades, dentro de los cuales se puede encontrar situaciones de confinamiento y estrés.
Los impactos en la alimentación y medios de vida son característicos cuando existen situaciones de control territorial, de disputa territorial, restricciones a la movilidad o afectación al desarrollo de prácticas de subsistencia. Esto termina afectando la seguridad alimentaria y la economía familiar. En contextos de violencia y control territorial, el uso de estas tecnologías puede contribuir, junto con otros factores, al desplazamiento y confinamiento de comunidades y a afectaciones de la vivienda y los medios de vida.

«Una misma tecnología puede tener usos civiles y al mismo tiempo puede ser utilizada o adaptada para fines militares, de seguridad o de actores criminales», afirma Javier Palummo. Foto: cortesía Javier Palummo.
Las economías ilícitas, en general, generan situaciones críticas respecto al derecho al trabajo, explotación, trabajo forzado, condiciones laborales peligrosas y pueden reforzar mecanismos de control sobre las personas trabajadoras y las comunidades. La vigilancia, los sobrevuelos que se mencionan en los relatos de varios liderazgos de pueblos indígenas, la ocupación territorial y las actividades extractivas ilegales pueden afectar sitios sagrados, prácticas culturales, la movilidad tradicional de esos pueblos. Siempre que se afecta el territorio se afecta la espiritualidad.
—Usted comentó que hay pueblos indígenas bajo presión y persecución. ¿Conoce casos específicos?
—Desde la Redesca hemos examinado reportes que señalan situaciones de persecución, de vigilancia en territorios de pueblos indígenas. Existen informes que han documentado la situación que ahora ponemos en evidencia, existe información pública disponible y hay casos que ilustran los distintos tipos de riesgos a los que se refiere el comunicado.
Por ejemplo, el Ibama [Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables] y el Ministerio Público Federal de Brasil han documentado muy bien el tema del uso de la conectividad satelital, sistema de geolocalización y otras tecnologías civiles en la cadena logística de las economías ilegales. La información recolectada indica que las redes criminales combinan internet satelital, radios, aplicaciones en mensajería, GPS para coordinar su logística, su abastecimiento y anticipar también operaciones de autoridades. De hecho hay notas de Mongabay Latam también que habla del uso de ese tipo de tecnologías.
Hay información de la rápida expansión y el creciente carácter sofisticado del uso de drones armados por parte de grupos no estatales y organizaciones criminales. Inclusive, información oficial de inteligencia militar de Colombia, publicada recientemente, que da cuenta de ataques realizados utilizando este tipo de tecnología.

El mapeo, el monitoreo satelital y las alertas tempranas de deforestación están ayudando a las comunidades locales a proteger los bosques. Foto: cortesía Forest Watcher
Está el informe de la Acled, de agosto de este año, que da cuenta de este aumento. Está SOS Orinoco, que tiene un reporte del año pasado sobre grupos armados en la Amazonía, que aborda cómo estas dinámicas pueden contribuir al desplazamiento, al confinamiento de comunidades, a restringir la movilidad y el acceso humanitario. También tenemos el informe de la Cruz Roja.
Hay un pronunciamiento del Ministerio Público Federal de Brasil que hace referencia al uso de redes sociales para el suministro de la minería ilegal. Existe mucha información pública disponible que da cuenta de estas lógicas de control territorial, reclutamiento por redes sociales. Probablemente el tema de reclutamiento por redes sociales es el tema mejor documentado. Es un tema emergente, relativamente nuevo, pero sobre el cual hay una evidencia consistente.
—¿Cuáles son los impactos ambientales?
—En el caso específico de la minería ilegal de oro, estas tecnologías son instrumentos para el desarrollo de determinado tipo de actividades. No solo tenemos deforestación, afectación de los ecosistemas y de la naturaleza, sino, sobre todo, por el uso de mercurio, tenemos contaminación de cursos de agua. El mercurio [un metal altamente tóxico] termina alojándose en los peces, la fuente de proteína de las comunidades locales y los pueblos indígenas.
La minería ilegal genera tala, genera ocupación de territorios, desplazamiento, contaminación de ríos y suelos, pérdida de biodiversidad, alteración de los cauces de los ríos, degradación de los ecosistemas. Estas tecnologías se utilizan para mejorar la coordinación logística, el abastecimiento, la vigilancia y la anticipación de operativos de fiscalización. El uso de conectividad satelital y otras herramientas en cadenas logísticas de lo ilegal y la comercialización de mercurio a través de plataformas digitales evidentemente facilita estos impactos ambientales.

La tecnología también es usada para los sistemas de abastecimiento de suministros, vigilancia y identificación de lugares para instalar las dragas dedicadas a la minería ilegal. Foto: cortesía Vico Méndez
En el caso de la tala ilegal y la deforestación, estamos hablando de la pérdida de sumideros de carbono esenciales en un contexto de emergencia climática, además de la pérdida de hábitat y las afectaciones específicas que conlleva para las comunidades y los territorios.
En segundo plano está el propio desarrollo y funcionamiento de estas tecnologías que tienen una huella material de consumo de energía y agua, necesidad de minerales críticos, de infraestructura digital. El desarrollo y despliegue de sistemas de inteligencia artificial, especialmente a gran escala, requiere infraestructura computacional que puede implicar centros de datos con una importante huella material, energética e hídrica. La generación de residuos electrónicos o peligrosos es también parte del impacto ambiental de estas tecnologías.
—Hablemos de otros usos que tienen estas tecnologías, del uso en las comunidades, en las organizaciones civiles, en el periodismo…
—Es muy importante no demonizar a las tecnologías digitales, a la tecnología en general. Esas mismas herramientas pueden ser extraordinariamente útiles para proteger los derechos humanos y pueden permitir a las comunidades documentar la minería ilegal. Hay proyectos muy interesantes de organizaciones que están utilizando imágenes satelitales e inteligencia artificial, incluso drones para documentar minería ilegal.
Esas tecnologías pueden ser útiles para producir evidencia para enjuiciar a perpetradores, también para reducir la exposición de las personas defensoras a situaciones de riesgo, pueden ser útiles para los medios de comunicación comunitarios. Por eso hablamos de tecnologías de uso dual.

«Un dron puede tener incorporado sistemas de inteligencia artificial, armas, sensores de última generación, conexión satelital», dice Palummo. Foto: cortesía Javier Palummo
El desafío no es demonizar o prohibir la innovación, sino garantizar que exista gobernanza, debida diligencia, participación de las comunidades y mecanismos efectivos con rendición de cuentas.
—¿Cómo garantizar la gobernanza, la debida diligencia y la rendición de cuentas?
—La gobernanza de esta tecnología debe incorporar a las personas y a las comunidades y territorios que pueden resultar afectados. El comunicado dice que cuando se puedan producir impactos directos sobre pueblos indígenas deben respetarse estándares de participación; consulta previa; consentimiento libre, previo e informado cuando corresponde; y que los Estados tienen la obligación de garantizar recursos judiciales y administrativos accesibles para impugnar decisiones, investigar abusos, determinar responsabilidades y obtener reparación.
Los Estados tienen que establecer controles adecuados sobre las transferencias a los usuarios finales de este tipo de tecnología y tienen que prevenir y detectar desvíos [otros usos o adaptaciones], investigar y sancionar la adquisición o la utilización ilícita de estas tecnologías por grupos armados y organizaciones criminales.
Por otro lado, las empresas deben desarrollar una actividad responsable y con debida diligencia. Las empresas de los sectores tecnológicos de defensa, de seguridad, de telecomunicaciones, de energía, conforme a su responsabilidad de respetar los derechos humanos, tienen que ejercer la debida diligencia acorde con la posibilidad de impactos a lo largo de toda su cadena de valor.
—¿Los Estados en América Latina están implementando regulaciones?
—El Ministerio Público Federal de Brasil es un ejemplo de acciones muy directas. Lo más importante es advertir que la clave no es prohibir la tecnología, sino gobernarla. Esto requiere regulación, evaluación de riesgos, debida diligencia empresarial, controles frente al desvío. Porque una tecnología, un dron, por ejemplo, puede no estar armado, pero se le puede incorporar un arma.

En Galápagos se monitorean las embarcaciones con el uso de distintos programas satelitales. Foto: Michelle Carrere
Frente a la posibilidad de desvío es clave establecer controles, mecanismos de rendición de cuentas y también de reparación. Las salvaguardas pueden reducir los usos que generan daño sin cerrar los usos que fortalecen los derechos, mejoran las condiciones de monitoreo ambiental, protección territorial o acceso a la salud y a la educación. Estas tecnologías tienen una potencialidad de usos positivos enorme. Por eso, es necesario minimizar el uso de estas tecnologías en contextos de economías criminales.
—Además de Brasil, ¿hay otros países que están avanzando en estas regulaciones?
—En términos generales los Estados tienen regulaciones. En muchos casos, los marcos regulatorios existentes no siempre abordan adecuadamente los desafíos que plantea la rápida evolución de estas tecnologías. Y los propios tiempos regulatorios implican cierta demora. Por eso es importante llamar a los Estados a que extremen sus acciones específicas vinculadas a la regulación, supervisión, sanción cuando corresponde, de este tipo de tecnologías que tienen la posibilidad de ser utilizadas en contextos críticos.
—En el caso de las empresas, ¿cuáles son sus responsabilidades?
—De acuerdo al marco jurídico de empresas y derechos humanos de Naciones Unidas y el propio Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos. Para cumplir esta responsabilidad deben ejercer una debida diligencia, especialmente cuando operan en contextos de conflicto, violencia o economías ilegales de alto riesgo. Esto implica identificar y evaluar riesgos antes y durante la operación. No basta con mirar el producto en abstracto, sino de analizar los riesgos vinculados con el diseño, la comercialización, la adaptación, el usuario final y la posibilidad de desvío o uso indebido de esa tecnología que producen y comercializan.
Si existe un riesgo previsible de que una tecnología pueda facilitar control territorial, vigilancia abusiva, minería ilegal, daños ambientales o afectaciones a las comunidades, la empresa tiene que adoptar medidas para reducir los riesgos de la tecnología y mirar toda la cadena de valor. La responsabilidad no termina en la venta. También deben considerar impactos sobre los trabajadores, las comunidades, el ambiente, los territorios, la extracción de minerales, la infraestructura digital, en definitiva, todas las etapas del ciclo de vida de esa tecnología. Cuando la empresa causa o contribuye a un impacto adverso debe prevenir su repetición y debe proporcionar o cooperar en la reparación.
*Imagen principal: soldados forman fila detrás de los nuevos drones que les entregó el gobierno regional de Antioquia, en Medellín, Colombia. Foto: AP/Miguel Ángel López
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Este trabajo fue realizado para Mongabay Latam. Para consultar el contenido original, dar clic aquí.

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