Por Blanca Carmona / La Verdad Juárez
Ciudad Juárez– A 17 años de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió una sentencia en contra del Estado Mexicano por la desaparición y asesinato de tres mujeres cuyos cuerpos fueron localizados en el Campo Algodonero, las autoridades no han dado cumplimiento a todas las medidas de reparación integral ordenadas por el organismo y la justicia no ha llegado porque los responsables de estos feminicidios no han sido detenidos, así lo denunció la Red Ciudadana de No Violencia y madres de mujeres desaparecidas.
“No se han cumplido la mayoría de los resolutivos de esa sentencia y otros no están cumplidos de manera cabal y nos parece que ya no solo es un acto impostergable, sino un acto criminal que haya tanta omisión de las autoridades”, denunció Alfredo Limas Hernández, integrante de la Red Ciudadana de No violencia y representante del caso de Campo Algodonero en el litigio ante la Corte Internacional.
El 16 de noviembre del 2009 la Corte IDH resolvió el caso denominado como “González y otras vs el Estado Mexicano”, en relación al homicidio de Esmeralda Herrera Monreal, Laura Berenice Ramos Monárrez y Claudia Ivette González cuyos cuerpos se localizaron en 2001 en el terreno ubicado en las avenidas Paseo de la Victoria y Ejército Nacional.
En ese sitio – donde se construyó el memorial Campo Algodonero– fueron encontrados ocho cadáveres de mujeres, tres el 6 de noviembre de 2001 y otros cinco al día siguiente. Pero las últimas víctimas no fueron incluidas en la sentencia de la CIDH debido a razones procesales y a la falta inicial de identificación forense.

Alfredo Limas Hernández, integrante de la Red Ciudadana de No violencia y representante del caso de Campo Algodonero en el litigio ante la Corte Internacional.
La Corte IDH determinó entonces que México violó los derechos a la vida, la integridad personal, la libertad personal, las garantías judiciales, los derechos del niño y la protección judicial de las víctimas y sus familias, y le impuso la obligación de cumplir con una serie de medidas, entre las que destacan investigar con perspectiva de género y sancionar a los culpables, realizar actos de memoria, como un monumento; y adoptar protocolos de investigación estandarizados.
Sin embargo, el cumplimiento ha sido parcial, consideró la Red en una conferencia de prensa ofrecida este lunes 16 de noviembre.
“Se trata de resolutivos que favorecerían una mejor investigación no solo de feminicidio sino de otras violencias como las desapariciones de niñas y jóvenes mujeres”, dijo Limas Hernández.
Consideró que uno de los grandes pendientes es la estandarización de protocolos y el desarrollo de mecanismos jurídicos, técnicos y de investigación en relación con la desaparición.




Aspectos del Memorial Campos Algodonero en Ciudad Juárez. Fotografías: Blanca Carmona / La Verdad Juárez
El Protocolo Alba lleva casi dos décadas de instituido en Ciudad Juárez, derivado de la sentencia de Campo Algodonero, pero no ha sido adecuado desde hace 15 años, aunque la violencia creció y tampoco corresponde con las indicaciones de la sentencia.
“Hay miles de víctimas de desaparición en esta ciudad y en este estado, y el protocolo sigue igual, no tiene una perspectiva de género interseccional porque se habla de una perspectiva de género” dijo. “Las investigaciones de búsqueda, son lentas, son limitadas porque no hay recursos ni humanos, ni técnicos, ni tecnológicos y esa es una responsabilidad de la Fiscalía General del Estado (FGE)”.
El Protocolo Alba debería contener una perspectiva de género que incluyera las condiciones que señala la sentencia de Campo Algodonero: el contexto de riesgo, la edad y las condiciones socioeconómicas de las víctimas.
A la fecha los asesinatos de Esmeralda, Laura Berenice y Claudia Iveth siguen en la impunidad. En la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM) no hay avances sustantivos respecto a la identificación y localización de los responsables, por lo que la Red Ciudadana de No Violencia considera que se cumplieron 25 años de una justicia negada, que ha incluido la fabricación de responsables.
Respecto al memorial que se construyó en el predio de Campo Algodonero, la Red denunció que está incompleto porque los nichos que se hicieron están vacíos.
Se había previsto que en esos espacios se inscribirían los nombres de las víctimas encontradas en los diversos cementerios clandestinos de mujeres, como en Lote Bravo donde se localizaron al menos los cuerpos de ocho mujeres entre agosto y septiembre de 1995 y Lomas de Poleo, sitio en el que se hallaron otros ocho cadáveres entre marzo y mayo de 1996.
Además, en el memorial hay datos erróneos. Se registró en las placas el nombre de Verónica Martínez Hernández y ella no fue encontrada en ese predio. En los expedientes de las víctimas de Campo Algodonero se anotaron los nombres de Barbara Aracely Martínez Ramos y Guadalupe Núñez de la Rosa, quienes aún tienen el estatus de desaparecidas. Y se había excluido a Merlín Elizabeth Rodríguez Sáenz y María Rocina Galicia, cuyos cuerpos si fueron encontrados en ese terreno, explicó Limas quien también es académico universitario.
Las mamás de mujeres desaparecidas después de que se emitió la sentencia de Campo Algodonero, dijeron que el incumplimiento a los resolutivos, ha propiciado la impunidad y la desaparición de más mujeres en la ciudad.
“Sigue habiendo víctimas, sigue habiendo muchas desapariciones sobre todo el año en que mi hija desaparece, cuando ya pues habían transcurrido 10 años de esto, del Campo Algodonero” comentó Rosa María Hernández, mamá de Diana Rocío Ramírez Hernández desaparecida el primero de abril del 2011.
“Desafortunadamente las investigaciones son nulas, hay muy poca información, las líneas de investigación son pobres porque siempre hay cosas que comentan, que no se puede hacer esto, que no hay recursos”, prosiguió.
Lucy Muñoz, mamá de Nancy Iveth Navarro Muñoz, quien fue vista por última vez el 13 de julio de 2011 en el centro de Ciudad Juárez, recordó que dos años antes de esa fecha se había emitido la sentencia de Campo Algodonero, pero esa resolución no sirvió para detener las desapariciones ni dotó a la Fiscalía de recursos y personal para realizar investigaciones diligentes.

“No tienen personal y nosotros seguimos con la angustia de saber dónde están, de que ellos hagan su trabajo. Por favor que ya hagan algo para que aparezcan las de nosotros y no se sigan desapareciendo más”, pidió Muñoz.
Las madres exigieron que los institutos de las mujeres municipal y estatal, así como las instancias federales cumplan con la reparación integral pendiente y den resultados en las investigaciones de las mujeres con reporte vigente de desaparición para que las encuentre con vida.
“Ellos se basan mucho en rastreos, en buscarlas sin vida, y no, nosotros queremos búsqueda en vida, no queremos que al rato nuestras hijas estén en un lugar así donde haya una placa solamente y un nombre con una cruz. La verdad es que no, queremos búsqueda en vida, queremos resultados”, agregó Rosa María.
FEM lleva siete meses sin titular
Durante la conferencia de prensa, la Red Ciudadana de No violencia denunció también que las autoridades de Chihuahua mantienen acéfala a la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM) desde hace siete meses.
Desde abril pasado la FEM permanece sin titular luego de que responsable, Wendy Chávez Villanueva, fue asignada a encabezar la unidad especial para investigar el desmantelamiento del laboratorio de drogas sintéticas localizado en la comunidad de El Pinal, Municipio de Morelos y los hechos posteriores donde murieron dos agentes de la CIA, indicaron.
Por ello, la Red Ciudadana de No Violencia y las madres de mujeres desaparecidas y asesinadas pidieron que se nombre a una nueva titular, pues la persona que se quedó como responsable del despacho no tiene facultades de decisión.
Además, indicaron que durante el tiempo que Chávez Villanueva estuvo al frente, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos emitió una sentencia por la desaparición y feminicidio de Lilia Alejandra García Andrade y dos informes de solución amistosa por el caso de Silvia Elena Rivera Morales, asesinada en 1995, y la desaparición de Silvia Arce, ocurrida el 11 de marzo de 1998.
García Andrade fue desaparecida en febrero del 2001. La Corte IDH emitió una sentencia condenatoria contra México en agosto del 2025 por no realizar investigaciones diligentes y condenó al Estado por no proteger a Norma Andrade, madre de Lilia Alejandra, como defensora de derechos humanos ni a los dos hijos huérfanos de la víctima fatal.
“Ahora más que antes la desatención a las investigaciones está ahí latente, porque en un sexenio tres resoluciones del Sistema Interamericano: una sentencia de la Corte y dos informes entonces creemos que ya no puede seguir así”, añadió Alfredo Limas.
Imagen de portada: Rosa María Hernández, mamá de Diana Rocío Ramírez Hernández desaparecida el primero de abril del 2011, en conferencia de prensa en el Memorial Campos Algodonero, 17 de Noviembre 2026. Fotografía: Blanca Carmona / La Verdad Juárez
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Este trabajo fue realizado por La Verdad Juárez, que forma parte Territorial Alianza de Medios. Para consultar el contenido original, dar clic aquí.

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