Sinaloa.- El Comité de Participación Ciudadana (CPC) de Sinaloa y organizaciones civiles propusieron modificar 14 artículos del proyecto de decreto con el que el Congreso del Estado busca armonizar la Ley de Transparencia. Entre los cambios, piden que la ciudadanía pueda consultar documentos sobre posibles actos de corrupción antes de que una autoridad confirme las irregularidades.

Para ello, eviaron al Congreso del Estado una propuesta elaborada con organizaciones civiles para modificar el proyecto de decreto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que actualmente se está trabajando.

A través de un comunicado, éstas organizaciones expusieron que una de las observaciones se centra en la palabra «acreditados». La ley estatal vigente impide reservar información relacionada con actos de corrupción. El proyecto añade ese calificativo, que, a juicio de los proponentes, podría dificultar el acceso a documentos necesarios para identificar o denunciar irregularidades antes de que una autoridad las confirme.

El CPC y las organizaciones también pidieron eliminar la «paz social» como motivo para reservar información. Señalaron que el proyecto no define la expresión y deja a las autoridades un margen amplio para decidir qué información puede conocer la ciudadanía.

En materia de gasto, propusieron publicar la cartera de programas y proyectos de inversión, con reportes que distingan los montos autorizados, comprometidos y ejercidos por proyecto y dependencia responsable. La Secretaría de Administración y Finanzas ya entregó información de este tipo en respuesta a solicitudes de acceso en 2021 y 2025.

Para dar seguimiento a las acciones estatales y municipales, plantearon vincular los planes de desarrollo con las metas y los avances físicos y financieros de cada programa. También solicitaron publicar datos georreferenciados sobre usos de suelo, licencias de construcción, obras públicas y rutas de transporte.

El proyecto del Congreso recupera obligaciones que la iniciativa del Ejecutivo había omitido, entre ellas publicar las actas de entrega-recepción, los informes de vuelos de aeronaves oficiales o arrendadas y el padrón vehicular. Para este último, los proponentes pidieron conservar el detalle de cada unidad, incluida su marca, tipo, color, modelo y persona responsable del resguardo.

La propuesta también pide precisar las facultades del Subsistema Estatal de Transparencia para emitir lineamientos y establecer criterios públicos para seleccionar a las cinco personas de su Consejo Consultivo. Las autoridades tendrían que explicar con fundamento por qué aceptan o rechazan sus recomendaciones y, cuando las acepten, fijar compromisos y plazos para atenderlas.

Otro cambio permitiría aplicar medidas de apremio a las personas físicas y morales responsables de cumplir resoluciones de transparencia. El proyecto limita esas medidas a las personas servidoras públicas.

Tras un año de gestiones, el CPC Sinaloa y diversas organizaciones ciudadanas se reunieron el 13 de noviembre con representantes del Poder Ejecutivo y de dos comisiones del Congreso del Estado, la de Puntos Constitucionales y Gobernación y la de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana.Durante el encuentro, las organizaciones solicitaron y recibieron el proyecto de Ley de Transparencia para revisarlo.

El 18 de noviembre, el CPC y las organizaciones acordaron presentar propuestas de modificación al proyecto. En la reunión participaron las diputadas Juana Minerva Vázquez y Arely Berenice Ruiz, así como José Alfredo Beltrán, de la Subsecretaría de Transparencia y Contraloría Social.

El jueves 19 de noviembre, el CPC envió al Congreso las observaciones que elaboró junto con las organizaciones ciudadanas. El documento propone cambios a 14 artículos del proyecto.

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