Culiacán, Sinaloa.- Aunque el proyecto de la nueva Ley de Transparencia de Sinaloa incorporó algunas propuestas de organizaciones civiles, todavía mantiene disposiciones que podrían limitar el acceso a la información pública, advirtió Marlene León Fontes, directora de Iniciativa Sinaloa, tras una nueva ronda de revisión con el Congreso del Estado.
La activista reconoció que, después de más de un año de buscar un acercamiento con el Poder Legislativo, finalmente se abrieron mesas de trabajo para revisar el dictamen, del cual les informaron que ya incorporaba 25 planteamientos de la sociedad civil.
Sin embargo, tras recibir el documento, las organizaciones detectaron otros puntos que permanecen en discusión y que consideran necesario corregir antes de que la legislación sea aprobada.
“Reconocemos que ahora sí hay diálogo, que ya se abrieron mesas de trabajo, que se nos entregó el dictamen, que ya se avanzaron en 25 puntos, pero es insuficiente”, señaló León Fontes.
Entre las principales preocupaciones está la posibilidad de reservar comprobantes y recibos relacionados con el ejercicio del gasto público. De acuerdo con la directora de Iniciativa Sinaloa, el dictamen elimina la garantía que actualmente contempla la legislación para impedir que este tipo de documentos sean clasificados como reservados.
También cuestionan un artículo transitorio que establece un periodo de 90 días para la transición institucional, durante el cual podrían quedar suspendidos los procedimientos para resolver recursos de revisión. Esto, advirtió, dejaría temporalmente a las personas sin una vía para obtener respuesta a sus inconformidades por negativas o entregas incompletas de información.
Otro de los puntos señalados es la posibilidad de reservar información sobre investigaciones en curso por posibles casos de corrupción, así como la incorporación de causales ambiguas, entre ellas la denominada “paz social”, que, consideran, podría ampliar los criterios para restringir información.
Los puntos que alertan a las organizaciones civiles
Además de las preocupaciones expuestas por Iniciativa Sinaloa, la revisión comparativa que realizó el Comité de Participación Ciudadana (CPC), junto con otras organizaciones, identificó disposiciones que consideran necesario modificar en el proyecto de ley:
- Reserva de facturas y recibos del gasto público: solicitan establecer expresamente que los comprobantes fiscales, facturas y recibos que respalden el ejercicio de recursos públicos no puedan clasificarse como reservados y deban entregarse en versión pública cuando contengan datos personales.
- Suspensión de recursos de revisión por 90 días: cuestionan que durante la transición institucional se suspendan trámites y medios de impugnación que actualmente conoce la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública (CEAIP). Piden garantizar la continuidad de los procedimientos para no perjudicar a las personas solicitantes.
- Reserva de información sobre investigaciones de corrupción: advierten que mantener esta posibilidad puede impedir conocer información relacionada con posibles actos de corrupción bajo el argumento de que existen investigaciones en curso.
- Ampliación de causales para reservar información: cuestionan la incorporación de conceptos como la “paz social”, debido a que consideran que su ambigüedad puede abrir margen para restringir el acceso a documentos públicos.
- Autonomía de la autoridad garante: señalan que el nuevo órgano de transparencia quedaría adscrito a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Poder Ejecutivo, con una persona titular designada por el gobernador. Frente a ello, proponen un mecanismo de selección mediante convocatoria pública, evaluación técnica y aprobación de dos terceras partes del Congreso.
- Menos obligaciones de transparencia del órgano garante: identifican omisiones en la obligación de publicar las resoluciones con sus estudios de respaldo, las versiones estenográficas de las sesiones y el objeto de las quejas, denuncias y recursos de revisión.
- Transparencia sobre aeronaves oficiales: piden conservar información desglosada y explicativa sobre los vuelos y traslados realizados con aeronaves financiadas con recursos públicos.
- Información declarada inexistente: proponen que, cuando un documento deba existir por las atribuciones legales de una autoridad, se ordene su generación o reposición si es materialmente posible, en lugar de limitarse a justificar su ausencia.
Organizaciones reconocen cambios en el proyecto
Por su parte, Raquel Zapien Osuna, presidenta del Comité de Participación Ciudadana, informó que el proyecto sí incorporó algunas de las propuestas que las organizaciones habían planteado durante el proceso de discusión.
Además destacó la incorporación de un Consejo Consultivo de Participación Ciudadana, propuesto por organizaciones civiles, incluido el CPC.
“Nos parece importante que finalmente hayamos podido establecer un diálogo con el poder legislativo, luego de buscarlo por más de un año”, reiteró Zapien Osuna.
Las organizaciones esperan que las diputadas Juana Minerva Vázquez y Arely Berenice Ruiz López revisen las observaciones y propuestas entregadas y que estas puedan incorporarse al documento que finalmente será sometido a votación.
De acuerdo con Marlene León Fontes, el compromiso del Legislativo es responder durante la próxima semana a los planteamientos presentados, aunque todavía no se les ha informado una fecha para una nueva reunión ni para la primera lectura del dictamen.
La directora de Iniciativa Sinaloa insistió en que el propósito no es frenar la aprobación de la legislación, sino evitar que los cambios representen una pérdida de garantías para quienes ejercen el derecho de acceso a la información.
“No queremos que salga la ley a prisas y que Sinaloa tenga un retroceso por andar a las carreras”, señaló.

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