El silencio de las autoridades les añade indignación a los sinaloenses pacíficos que han confiado en la promesa y capacidad del Estado para poner orden y lograr que la ley vuelva a estar encima de quienes impunemente la transgreden.
EDITORIAL
¿Acaso ya aprendió el gobierno la mentalidad de todos coludos o todos rabones cuando se trata de aplicar acciones que protejan a los sinaloenses de los diferentes tipos de peligros?
Le urge a México un modelo de ley dura contra los diferentes modos de violencia, como la que ocurre en el Senado al pasar del debate de las ideas al intercambio de golpes.
Sí hay avances en el combate a la delincuencia, pero no los suficientes para confiar a ciegas que el gobierno garantiza la integridad física y patrimonial de los sinaloenses en sus quehaceres lícitos.
El gobierno de México tiene la obligación de ser más realista en cuanto a la fuerza que adquieren las organizaciones del narcotráfico sin importar que las jefaturas de éstas sean anuladas.
Bienvenida la aportación del sector agrícola que lo muestra activo ante las dificultades que se enquistan en el campo debido a una mezcla de factores que a nadie deben encontrar de brazos cruzados.
Culiacán se convierte en la ciudad donde la protección a las familias no ocurre como garantía constitucional.
Las balas de salva disparadas en honor de los policías asesinados son tan vanas como la impunidad que se les otorga a los perpetradores de los crímenes.
Si las alertas tempranas aciertan o fallan, es señal de que están funcionando, sabiendo de antemano que se trata de cálculos y no de pronósticos certeros.
Es el momento, hoy, de plantear qué modelo policial tendrá a su cargo cuidar la integridad física y patrimonial de los sinaloenses.
