Mazatlán también es parte de la crisis de la seguridad pública en Sinaloa y el plan gubernamental para rescatarlo como lugar seguro debe ir más allá de la llegada de refuerzos de fuerza pública y discursos que ocultan los peligros.
EDITORIAL
En medio del fuego cruzado, los sinaloenses ya no preguntamos cómo es que llegamos hasta aquí sino cuándo acabará esta barbarie.
El ataque al dirigente de los limoneros de Michoacán constituye el aviso a tiempo para evitar que la narcoguerra escale en Sinaloa a similares atrocidades.
Los principios sobre los que orbita la Cuarta Transformación en Sinaloa, de no robar, mentir ni traicionar, valen igual para que ningún funcionario o proveedor lucre con las necesidades de los más marginados.
Pareciera que mientras en Sinaloa más se habla y se hace para recuperar la paz, el crimen sube de nivel la violencia y reto a las autoridades e instituciones.
A delitos de privación ilegal de la libertad nunca le debería corresponder la contrariedad de autoridades y garantías constitucionales también desaparecidas.
En la Mesa de Seguridad Pública de Sinaloa tendría que valorarse si con estos bloqueos de calles por parte del gobierno se avanza en ubicar y detener a generadores de violencia, o lo que se logra es agregarle a la gente pacífica una consecuencia más de la narcoguerra.
Lo determinado por la CEDH debe dar lugar a un precedente de ley dura contra políticos misóginos que utilizan los aparatos de gobierno para violentar a mujeres sin ser castigados por hacerlo.
En ESPEJO el proyecto “Hasta Encontrarles” recibe el abrigo y empatía que todo periodismo con alta responsabilidad social debe ofrecer sin límites.
Lo que el gobernador atribuye a "ciertos desacuerdos internos y del clima de tensión política previo a los procesos electorales" debe ser atendido como tema de gobernabilidad.
