Cuando empezó la pandemia los conocimientos que la humanidad tenía sobre el virus y la enfermedad eran mínimos. El sentimiento universal era de incertidumbre. Todo el mundo se confinó, en todos lados se lamentaron muertes, cancelaron rituales y se afectaron las economías. Pero ahí donde ya había desigualdad, se acentuó la injusticia, aquella que es consecuencia de la omisión, la falta de voluntad política y la corrupción de los gobiernos.

Así sucedió en Chiapas, donde nunca hubo información suficiente sobre el virus SARS-CoV-2, la COVID-19 o las vacunas para poco más de 1.6 millones de habitantes de los pueblos indígenas que hablan alguna de las cinco lenguas maternas de la región: tseltal, tsotsil, zoque, ch´ol, tojolabal.

Sucedió para la población migrante, que perdió su trabajo y vio morir a sus familiares sin que las autoridades mexicanas o estadounidenses reaccionaran; y mucho menos cuando se trató de la comunidad migrante LGBTI+, cuyas vidas son invisibilizadas y vivieron discriminaciones entrecruzadas.

Lo mismo ocurrió en Oaxaca, un estado que desde hace 20 años encabeza los primeros lugares en rezago social, donde las comunidades se enfrentaron a la indolente deuda histórica por la falta de hospitales, lo que triplicó el número de fallecimientos en la población indígena.

La suspensión de clases para niños y niñas fue un problema más para las etnias rarámuris de Chihuahua, que antes protegían los bosques de la Sierra Tarahumara pero que desde hace décadas han tenido que huir del crimen organizado, los megaproyectos y las sequías, y ahora limpian el piso de las familias más privilegiadas de la capital de ese estado a cambio de sueldos miserables.

También allá, en el norte del país, la crisis migrante en Ciudad Juárez ya era un problema desde 2018, cuando las primeras caravanas sudamericanas atravesaron México, pero con la llegada de la pandemia y las políticas migratorias establecidas por EU, que sólo en 2021 significaron la expulsión de casi cuatro veces más migrantes desde el otro lado de la frontera, se encendieron las alertas en los albergues.

En Jalisco, después de la emergencia de salud, la económica ha sido difícil de superar, se trata de una desigualdad que ha marcado decenas de generaciones y entonces llegó la pandemia, afectando a cientos de pequeños negocios que no gozan de los privilegios de las grandes empresas. Y con la pandemia llegó además un impacto hasta ahora insuperable para la comunidad estudiantil migrante e indígena de la Universidad de Guadalajara.

Covid y Desigualdad es un proyecto multimedia de la Red de Periodistas de a Pie, que revela las consecuencias de esa omisión histórica del Estado en tiempos pandémicos.

Son historias que tienen en común lo vulnerable que puede ser la identidad, indígena, de género, migrante, en un país que parece no conocerse, pero que se reinventa con el latir de esfuerzos comunitarios.

Nos interesa destacar las intersecciones que hay entre la condición étnica, de género, lingüística, de movilidad y de identidad.

Son historias de desigualdad e injusticia, pero también de esperanza en la más profunda oscuridad.

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