El día de ayer ESPEJO publicó un reportaje sobre el aumento en la cifra de personas heridas de bala o por explosivos. Lo que podría ser un recuento cotidiano se transformó en la exposición de un sistema que oculta datos, desestima la gravedad de la situación por la que los pacientes heridos llegan a los hospitales, y termina alterando la percepción pública de la violencia.
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Vea aquí: Heridos por balas y explosivos suben 38% en hospitales Sinaloa
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El trabajo periodístico documentó un incremento del 38% de heridos de bala y por explosivos, con respecto al año anterior, algo que podría deducirse debido al incremento de las hostilidades entre grupos antagónicos del crimen organizado, y por los enfrentamientos de éstos contra las fuerzas federales y estatales. Para el presente análisis podemos destacar que de los “261 casos atendidos en 2025, solo 54 fueron reportados ante el Ministerio Público”.
La reportera de ESPEJO documentó un par de casos, donde un herido por arma de fuego fue catalogado en el hospital como “violencia no familiar” sin dar parte al Ministerio Público, mientras que otra persona atendida por la explosión de un artefacto, ocurrido en su domicilio, se catalogó como “accidental”.
Como este par de casos existirán decenas más en donde las autoridades sanitarias, por instrucción del gobierno federal o estatal, manipulan la información de ingreso de las personas heridas, para que las cifras de la guerra entre facciones criminales que se libra en Sinaloa desde hace un año sea menos escandalosa.
El ocultamiento de datos incómodos es inherente al ejercicio de gobierno, de cualquier nivel y partido político; los datos que generan malestar social o que exhiben las fallas del Estado siempre serán minimizados porque es más sencillo ocultar las cifras que reconocer la magnitud real de un problema, que en el caso de Sinaloa es una violencia exacerbada e incontrolable que ya cumplió un año.
Las y los ciudadanos sinaloenses hemos atestiguado cómo se manipulan los datos de los hechos violentos, incluso cómo se oculta información sobre números de heridos, asesinados, o sobre las víctimas circunstanciales, más tratándose de niños. En varias ocasiones quienes monitoreamos a los medios de comunicación hemos notado que se “bajan” notas, que cambian las cifras de hechos violentos de alto impacto, ya sea por censura gubernamental, del propio medio periodístico o del reportero. La censura es otra forma de violentar a la ciudadanía.
El manejo de la información nunca es claro por parte de las agencias gubernamentales, y en ocasiones contradictorio o inconexo, confusiones que ayudar a no dimensionar el problema social de la violencia. Por ejemplo ¿qué ocurre cuando una persona desaparecida, con ficha de búsqueda, es encontrada sin vida, a qué estadística se suma, a la de personas asesinadas (en caso de encontrarla con huellas de violencia), o permanece en calidad de desaparecida porque es mejor contabilizar un desaparecido vivo que un asesinado violentamente? Casos como el de Jalisco son emblemáticos en este sentido, donde presumen ser de las entidades con menos asesinados, pero posee una lista kilométrica de desaparecidos.
Volviendo al caso de los hospitales ¿qué ocurre cuando el herido fallece por las balas o por las heridas de un explosivo, se cuenta como un asesinado por la violencia, o su acta de defunción establece que fueron complicaciones de sus heridas u otros tecnicismos médicos? ¿Y quienes son heridos o asesinados de forma circunstancial, los denominados “colaterales”, a qué estadística van, a la de asesinados o heridos por la violencia, o también a la de “accidentes”, como el caso documentado por ESPEJO? Pareciera un tecnicismo simple poner un número en una estadística, pero colocarlo donde no pertenece ayuda a invisibilizar a las víctimas de la violencia, que se cuentan por miles aún con tanta manipulación.
Los datos que no pueden ocultarse -y aún así se intenta- son aquellos donde las víctimas aparecen en la vía pública, en zonas y horarios transitados. Sin embargo, acordonar las áreas donde ocurrieron los hechos, desviar el tráfico peatonal y vehicular, o saturar de autoridades la escena, puede ayudar a minimizar los daños. ¿Cuántas historias hemos escuchado sobre el número “real” de víctimas en un atentado, que no coincide con la cifra oficial o la publicada por los medios de comunicación? Recordemos que en el argot informativo la información de “boca en boca” es la más efectiva, la de mayor penetración e influencia.
De esta forma la manipulación, el maquillaje u ocultamiento de las cifras relacionadas con hechos violentos, sumado a la censura o autocensura de los medios de comunicación, parecería que dejaran a las y los ciudadanos indefensos, a merced de los datos oficiales, como ocurría hace algunas décadas. Afortunadamente la Internet, las redes sociales virtuales y los sistemas de mensajería instantánea han demostrado ser medios democráticos (en el sentido del acceso universal), instantáneos y algo fundamental: ciudadanos.
Durante esta guerra la población sinaloense ha reforzado su desconfianza en las cifras gubernamentales (lo hemos documentado desde la academia), y tampoco se creen al cien por ciento las presentadas por los medios de comunicación, que en su mayoría se convierten en repetidoras del discurso y la retórica oficial.
El periodismo basado en dijónimos (del que podríamos escribir una columna si a las y los lectores les interesa el tema), desinforma igual que una estadística manipulada.
La democratización de la información, el acceso a datos en tiempo real y la voz ciudadana de la denuncia se ha volcado en los grupos de redes sociales virtuales como Facebook, Instagram o WhatsApp, en algunas páginas de internet o de plataformas de video como YouTube y TikTok. Aquí es donde recurren principalmente las y los sinaloenses para informarse sobre los hechos violentos, sobre el numero de víctimas, bloqueos, despojos, incendios u otras atrocidades. Las personas -y aquí está lo fascinante de la tecnología- se convierten en reporteros, en denunciantes, siempre habrá una cámara apuntando hacia donde ocurre un suceso, y decenas de voces o cámaras más que reiteran lo que realmente ocurrió.
Por lo anterior no es de extrañar que de forma continua se “tiren” las páginas Web, los grupos de redes sociales o los canales de mensajería instantánea, e incluso que se pretenda legislar (como se ha intentado recientemente) sobre el control de estas plataformas, argumentando razones de seguridad nacional, aunque en el fondo el motivo radica en que controlar a los medios de comunicación ya no es suficiente, estas nuevas plataformas ofrecen la información que todos buscan, pero que el Estado no quiere que sepamos.
La manipulación gubernamental de la información paulatinamente cesará porque el acceso universal a la “verdad” se ofrece desde otros medios, las personas ya no confían en sus instituciones porque están más informadas, más conscientes y, en el caso de Sinaloa, porque nos toca presenciar o grabar hechos violentos que desde el gobierno califican de leves o que no representan un riesgo para el Sinaloa pacífico que el Estado se empeña en construir.
La sequía de la desinformación afecta sustancialmente a Sinaloa.
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