Por Sibely Cañedo

El 21 de noviembre de 2024 será recordado como el día en que el Congreso de la Unión aprobó una regresión histórica para los derechos humanos y la democracia en México. Algunas organizaciones como Artículo 19 señalan que retrocedemos cuatro décadas en nuestro derecho al acceso a la información pública, el cual además se relaciona intrínsecamente con la libertad de expresión. Y esto es porque, dada la apabullante mayoría de Morena y partidos aliados, pudieron modificar la Constitución para eliminar siete órganos autónomos, entre ellos el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, más conocido como el INAI.

Es decir, resulta inminente su extinción en vista de que solo faltaría la aprobación del Senado de la República, también controlado por el partido oficial.

De acuerdo con las declaraciones de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sus funciones serían trasladadas a la Secretaría de la Función Pública (SFP), que será renombrada como Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno. Es una amenaza anunciada a propuesta del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, cuyas instrucciones parecen estar siendo seguidas a pie juntillas por la actual mandataria.

El discurso oficial es que esta medida obedece a un intento por acabar con actos de corrupción y excesos del instituto garante de la transparencia, actualmente un órgano autónomo con independencia técnica y de gestión. Esto es para que pueda emitir resoluciones y obligar (valga la redundancia) a los sujetos obligados a entregar la información pública cuando estos se nieguen a hacerlo, la reserven indebidamente o simplemente no la proporcionen de acuerdo con los estándares de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Lo que no sabemos cómo funcionará en el futuro cuando toda la información se encuentre en control del Poder Ejecutivo; y la facultad de transparentarla, también.

En su conferencia mañanera, Sheinbaum dio a conocer hallazgos de una auditoría realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en la que se documentaron irregularidades en el INAI, como nepotismo y mal uso de recursos públicos.

Y desde luego que nadie defiende los excesos de los funcionarios. Deberían ser sancionados de acuerdo con la legislación vigente; no obstante, esto no amerita la desaparición del Instituto, que ha demostrado su utilidad al ordenar la apertura de información pública, incluyendo expedientes de casos judiciales y datos que han ayudado a revelar casos de corrupción, que había sido reservada por las dependencias públicas en detrimento del derecho a la información. Ejemplos sobran.

Ahora bien, si se van a desaparecer todas las instituciones donde hayan detectado abusos y excesos, ya se hubieran eliminado más de la mitad de las instituciones del país. Se advierte más como un despropósito y el pretexto perfecto para deshacerse de una institución que le resulta incómoda al Gobierno Federal.

Pero ¡calma!, dice la Presidenta. Tiene un plan para todo. Incluso para que, a pesar de la rasurada de órganos autónomos, las funciones de estos se mantengan, hasta con mayor eficiencia y ahorros en el gasto público.
Por ejemplo, la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFECE, y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, se convertirán en órganos descentralizados de la Secretaría de Economía con independencia técnica, para ofrecer garantías en términos de inversiones en el marco del tratado de libre comercio, el TMEC.

De igual forma, confirmó que el INAI desaparece como órgano autónomo y que sus funciones serán asumidas por una nueva área dentro de la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno: “Se mantienen los criterios que originalmente constituyen al INAI, pero sin la necesidad de grandes estructuras, viajes al extranjero y otros gastos innecesarios”.

¿No bastaría entonces con hacer una reestructuración en el gasto del Instituto? De hecho, hubo una propuesta del propio INAI, que para muchos llegó tarde, para reducir su presupuesto en un 30%.

¿Pero por qué insistir en su desaparición y no en su reestructuración?

Pues bien, de entre los órganos autónomos, el INAI ha fungido como un contrapeso con base en la figura de su autonomía, la cual le ha permitido ordenar la revocación de resoluciones cuando cualquier entidad pública ha reservado o negado la información.

Si bien es cierto que actualmente ni el INAI ni los órganos equivalentes en los estados operan a la perfección, y sigue habiendo opacidad por vicios persistentes del sistema, la desaparición del Instituto garante, y posiblemente también de las comisiones estatales, empeoraría por mucho el acceso que los ciudadanos tendrán de toda la información relacionada con la función pública.

Lo que cabe preguntarnos es ¿cuál es el plan operativo tras la extinción del INAI para garantizar nuestro derecho al acceso a la información pública? ¿Basta con que la Presidenta diga en tono indiferente que este no se verá afectado, sin explicar cómo?

Hasta la información disponible al día de hoy, esto se antoja bastante difícil, ojalá nos equivoquemos y pronto se anuncie el proyecto en concreto de crear un sistema de transparencia más eficiente y, como dice la 4T, sin viajes ni excesos.

Pero hoy en día, no tenemos información que nos haga sentirnos optimistas al respecto. Sobre todo porque las funciones del INAI son complejas y responden a la construcción de un Sistema Nacional de Transparencia, que se ha ido construyendo a lo largo de más de dos décadas y se avizora difícil pueda ser reemplazado en poco tiempo. Aquí algunas interrogantes:

1. De entrada, ya ratificado por la Presidenta, no sería un órgano autónomo. Se trataría de una entidad pública dependiente de la Secretaría Anticorrupción, por ende del Poder Ejecutivo, por lo cual, ¿ante quién presentaría un ciudadano un recurso de revisión o impugnación cuando la información solicitada sea negada o reservada? Y más preocupante, quién protegería los datos personales para evitar, por ejemplo, que desde el poder público se utilicen datos de opositores políticos o activistas críticos al sistema, para denostarlos o perseguirlos por razones políticas, como ya sucedió en el anterior sexenio.

2. Muchos puntos no quedan claros, pues actualmente el INAI tiene varias funciones, entre ellas garantizar los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales, una carga administrativa considerable:

  • De 2003, año de su creación, hasta 2024, ha atendido más de 4 millones de solicitudes:

    – 3,428,751 de información pública
    -687,983 de datos personales

  • Y ha atendido un total de 213,163 recursos de revisión.

3. El INAI es el encargado de coordinar la Plataforma Nacional de Transparencia, que es a su vez nutrida por la información de más 8,000 sujetos obligados en todo México, incluyendo autoridades, entidades, órganos y organismos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos; personas físicas o morales que reciben o ejercen recursos públicos o entes privados que reciben recursos públicos.

Para esto se ha construido el Sistema Nacional de Transparencia con el que se busca establecer mecanismos de coordinación e interconectar a todo el entramado que conforma la información pública, en especial con los órganos garantes de cada uno de los estados, que se ha construido a lo largo de más de 20 años de operación del INAI.

En las propuestas, al menos en lo anunciado públicamente, sigue la incertidumbre sobre qué instancia se hará cargo de la PNT, una herramienta fundamental para el combate a la corrupción y para la participación ciudadana bien informada, que se ha convertido en la principal fuente de consulta de periodistas, académicos y activistas sociales.
Y otro cuestionamiento inquietante: ¿qué pasará con toda la información ahí resguardada, millones de documentos y datos públicos?

Teniendo en cuenta que la actual SFP, que pasará a ser Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, tiene de por sí una carga considerable en la atención del sistema ciudadano de denuncias por faltas administrativas graves y no graves en todo el país, ¿realmente podremos esperar mayor eficiencia en la atribución de nuevas funciones a una entidad cuyos funcionarios no han sido capacitados para ello y que tienen además su propio rezago?

De ahí deriva preguntarnos cuánto costará al país construir de nuevo un sistema de transparencia, que se ha edificado a lo largo de más de 20 años con dinero público y miles de horas en capacitación, para poder tener en condiciones operativas un mecanismo en el que la ciudadanía pueda solicitar por diversas vías la información con carácter público, y además tener recursos de revisión e impugnación cuando este derecho sea vulnerado.

¿Realmente se compensarán los daños con los 4 mil millones de pesos que ha dicho el Gobierno Federal se ahorrará el erario con la eliminación de los órganos autónomos?

Son solo algunos cuestionamientos que saltan a la vista ante la inminente desaparición del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, que todo apunta será aprobada por la aplanadora legislativa de Morena, que como ya sabemos no escucha a sociedad civil ni admite diálogo con la ciudadanía.

Con la mayoría que el partido en el poder posee, además, en los congresos locales, es de esperarse que la misma tónica se aplique en los órganos garantes de las entidades federativas, con lo que estaríamos hablando del desmantelamiento de todo un sistema construido a lo largo de muchos años por una legítima exigencia ciudadana, y donde no sabemos qué es lo que tendremos a cambio.

En la supuesta idea de acabar con la corrupción del INAI, cuánto nos terminará costando a los ciudadanos no solo en presupuesto, capacidades técnicas y conocimiento adquirido, sino también en la pérdida de derechos ganados. Esperamos respuestas.

Las opiniones expresadas aquí son responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la línea editorial de ESPEJO