Por: Nuria González Elizalde, Directora general de Mexicanos Primero Sinaloa

X/Twitter: @Mexicanos1oSin @GlezNu

El ciclo escolar que concluye en Sinaloa deja importantes lecciones para reflexionar sobre los avances y retos que aún persisten para garantizar el derecho a aprender de niñas, niños y jóvenes. Aunque se registran esfuerzos valiosos por parte de diversas instancias, las condiciones estructurales y contextuales siguen representando desafíos que impactan directamente en los aprendizajes.

En el ámbito nacional, el inicio de una nueva administración federal, encabezada por la primera mujer presidenta en la historia del país, abrió expectativas sobre posibles transformaciones en materia educativa. Sin embargo, uno de los aspectos que ha generado preocupación es la desaparición de instituciones clave para la evaluación y seguimiento de políticas públicas, como el Coneval y Mejoredu, así como la eliminación del INAI. La ausencia de estos organismos limita las posibilidades de contar con información pública actualizada y de calidad para la toma de decisiones y la mejora continua.

En el caso de Sinaloa, la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC) vivió un periodo de cambios frecuentes en su titularidad. Aunque no coincidieron en el mismo ciclo escolar, entre 2024 y 2025 ha tenido tres responsables distintos y esta rotación, aunque comprensible en ciertos contextos, puede dificultar la continuidad de las políticas educativas y el acompañamiento necesario a las comunidades escolares.

Uno de los aspectos que más marcó este ciclo escolar fue la violencia que afectó directamente a la vida escolar. En algunos municipios, especialmente en la capital del estado, se presentaron situaciones que interrumpieron las clases presenciales y generaron un clima de preocupación entre familias, docentes y estudiantes. Si bien la asistencia escolar se fue restableciendo gradualmente, aún queda el reto de garantizar entornos seguros y predecibles para el aprendizaje.

Durante este mismo periodo se continuó la implementación del plan de estudios de la Nueva Escuela Mexicana. Muchas figuras educativas han reconocido el valor de su propuesta pedagógica; no obstante, el proceso de implementación ha presentado dificultades debido a la velocidad de los cambios, la falta de materiales y la necesidad de mayor formación y acompañamiento. Estas condiciones pueden generar desigualdades, particularmente en contextos donde los recursos son más limitados.

Ante la necesidad de atender los rezagos de aprendizajes en la entidad, la autoridad educativa estatal anunció en noviembre de 2024 una estrategia emergente para la recuperación de aprendizajes, con énfasis en lectura, escritura y matemáticas en los grados finales de primaria y secundaria. La propuesta contemplaba el uso de fichas pedagógicas, evaluaciones flexibles, acompañamiento docente y visitas a las escuelas más afectadas por interrupciones. Aunque representa un paso importante en el reconocimiento del problema, su implementación se concentró en la segunda mitad del ciclo escolar y, hasta ahora, no hay evidencia que permita valorar sus resultados.

Por su parte, la evaluación diagnóstica de la Mejoredu, aplicada en el ciclo escolar 2023-2024, confirma la urgencia de una intervención a fondo. En promedio, las y los estudiantes de educación primaria y secundaria en Sinaloa no alcanzan el 60 % de respuestas correctas en lectura y matemáticas. En el caso de primaria los resultados mostraron que las y los alumnos alcanzaron 53.1% de aciertos en matemáticas y 54% en lectura, mientras que en secundaria los resultados fueron 51.9% y 53.2%, respectivamente. Estos datos muestran que la crisis de aprendizaje es profunda y persistente, y que superarla exige más que acciones emergentes; requiere políticas sostenidas, recursos suficientes y un acompañamiento integral a las comunidades escolares.

La infraestructura y el equipamiento escolar siguen siendo una deuda importante. Algunas escuelas aún presentan carencias básicas como acceso a agua potable, electricidad, sanitarios adecuados y conectividad digital. Estas condiciones, más que un obstáculo aislado, se convierten en una barrera cotidiana para el derecho a aprender, sobre todo en las comunidades más alejadas o con mayores niveles de marginación. El calor extremo también continúa siendo un factor que afecta la asistencia y el desempeño escolar, especialmente cuando no se cuenta con aulas ventiladas ni sistemas eléctricos funcionales.

Desde el análisis presupuestal, se reconocen señales positivas. El gasto educativo representa casi la mitad del presupuesto estatal y se han incrementado recursos en áreas como formación docente y atención a la primera infancia. También se destinó una partida específica para la adquisición de aires acondicionados. No obstante, se identifican también reducciones en programas orientados a la inclusión, como educación especial y atención a población migrante, así como en infraestructura para educación básica. Estos recortes invitan a revisar los criterios de asignación para garantizar que los recursos lleguen de forma prioritaria a quienes más lo necesitan.

El ciclo escolar 2024–2025 nos deja un panorama complejo, pero también múltiples oportunidades para mejorar. Garantizar el derecho a aprender implica asegurar condiciones básicas, entornos seguros, formación continua para docentes y políticas con continuidad. Reconocer los avances, al mismo tiempo que se señalan las áreas de oportunidad, es un paso indispensable para construir un sistema educativo más justo, equitativo y sensible a la realidad de las niñas, niños y adolescentes en Sinaloa.

Las opiniones expresadas aquí son responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la línea editorial de ESPEJO