Por Sibely Cañedo

En el contexto de la actual crisis económica generada por la violencia en Sinaloa, pero sobre todo en Culiacán, el Gobierno del Estado ha recurrido al endeudamiento, comprometiendo las finanzas públicas por los próximos 20 años.  Se le llamó en un principio Plan de Reactivación Económica, después Plan Sinaloa (acaso remembranza del célebre Plan Marshall, creado para la reconstrucción de Europa tras la Segunda Guerra Mundial).

El punto es que el crédito de 2,300 millones de pesos, autorizado en modalidad fast track por el Congreso del Estado el pasado 10 de enero, se presenta como una promesa de rescate ante la ola de muerte y desesperación que ha traído el conflicto detonado el pasado 09 de septiembre entre dos grupos del crimen organizado, que además de asesinatos y personas desaparecidas, ha dejado cientos de negocios cerrados.

Sin embargo, a medida que avanza la licitación de las obras y las inversiones empiezan a fluir, lo que llama la atención es la falta de participación ciudadana y de socialización con la sociedad civil, que debería ser un pilar fundamental en los procesos de planeación y contratación.

Y particularmente preocupante nos parece el caso del proyecto “Construcción de Malecón Margen Izquierda y enlaces con puentes Sector Pedro Infante”. Se trata de la ampliación del malecón de Culiacán, obra que en su primera etapa medirá más de 5 kilómetros de longitud y 32 metros de ancho. Tan solo esta fase tiene un costo estimado de más de 327 millones de pesos, mientras que la segunda etapa llegará a los 340 millones, lo que suma un total de 667 millones de pesos.

El costo más elevado de las 62 obras que conforman el paquete de “rescate económico” planteado por el gobierno estatal.

Este proyecto no solo es una de las obras más ambiciosas de la capital sinaloense, sino que también es un ejemplo claro de fallas comunes en la planificación de las políticas públicas, particularmente en la parte que tiene que ver con la consulta ciudadana y la participación de los grupos sociales afectados.

Transparencia a medias y la falta de consulta ciudadana

Desde el anuncio del megacrédito a inicios de 2025, la Red Ciudadana por la Integridad y Anticorrupción de Sinaloa, más conocida como RECIAS, alzó la voz. Este grupo de organizaciones, en el que se encuentra Iniciativa Sinaloa, exigió transparencia en el uso de los recursos, propuso la publicación de un micrositio para publicar los avances de las licitaciones y contratos, así como la creación de una comisión de seguimiento con participación de las organizaciones de la sociedad civil especializadas.

Aunque la petición se hizo pública y también a través del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción, este último punto se cumplió solo a medias. Ya que el 16 de febrero, la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado -la JUCOPO- emitió un acuerdo para crear dicha comisión, pero únicamente conformada por legisladores, sin incluir a sociedad civil y sin especificar acciones o lineamientos de trabajo.

A la par, la Secretaría de Obras Públicas anunció y creó un micrositio, como se había ofrecido por parte del gobierno estatal, al que aparte de haber mencionado en una conferencia “semanera”, no se le ha dado mayor difusión. En este se muestran avances y documentos de los procedimientos de licitación y adjudicación de contratos, lo que puede ser considerado una buena práctica de transparencia proactiva.

Consultar micrositio: https://obraspublicas.sinaloa.gob.mx/proyectosproductivos2025/#/inicio

Sin embargo, en aras de la emergencia económica en medio de la “narcopandemia”, 56 de las 62 obras totales ya se encuentran en proceso de licitación.

Lo que más preocupa es la escasa información que se ha proporcionado al público sobre los impactos de estas obras, sobre todo en lo que respecta a sus efectos medioambientales y sociales.

De acuerdo con ambientalistas, la obra del malecón, sobre todo en su segunda etapa implicará la intervención de zonas naturales y la modificación de los cuerpos de agua cercanos, no ha sido discutida de manera abierta con la sociedad. 

Durante la cuarta sesión ordinaria de la Red Ciudadana Anticorrupción, expresaron su preocupación por este tema, ya que en su opinión no se ha explicado a la ciudadanía el impacto ambiental de una obra que podría alterar el ecosistema local, especialmente en lo que respecta al manejo de la vegetación y los suelos.

De acuerdo con el biólogo José Carlos Dehesa Mitra, director de la asociación Guaiacum, las implicaciones de este tipo de proyectos podrían generar inundaciones, azolves y la pérdida de cobertura vegetal, lo que afectaría tanto al entorno natural como a la calidad de vida de los residentes cercanos.

Este tipo de obras, que modifican radicalmente el paisaje y los ecosistemas urbanos, deberían contar con una manifestación de impacto ambiental que sea evaluada y validada por los organismos competentes, como la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Sin embargo, hasta la fecha, no se ha proporcionado evidencia clara de que estos procesos hayan sido debidamente seguidos, lo que puede generar incertidumbre y desconfianza entre los ciudadanos.

“Mi pregunta es qué herramienta se puede usar para que la ciudadanía se pueda informar antes de este tipo de consecuencias, porque le van a dar banderazo el sábado por la mañana y no pasó por ninguna consulta de nada, no sabemos si Conagua [Comisión Nacional del Agua] autorizó, no sabemos si Semarnat autorizó y muy probablemente va a afectar.”

Así lo externó el especialista el pasado 03 de abril en la sesión de la Redca, dos días antes de que efectivamente se diera el banderazo a la obra. En ese acto oficial, Dehesa Mitre hizo uso del micrófono para solicitar un plan de manejo en la zona a fin de mantener el equilibrio ecológico para preservar las especies que ahí habitan, ya que existe registro de la presencia de linces y onzas, felinos con estatus de protección, entre otras especies de importancia, incluyendo la vegetación nativa.

En una consulta realizada para esta entrega a la Gaceta Ecológica de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de los reportes semanales entre 2024 y lo que va de 2025, y no se encontró ninguna solicitud al respecto ni para la primera ni la segunda etapa de esta obra en el malecón de Culiacán, tampoco algún resolutivo.

Lo que sí se dio a conocer es que, de acuerdo con el fallo de la licitación pública estatal OPPU-EST-LP-003-2025, correspondiente a la obra de ampliación del margen izquierdo del malecón primera etapa, el contrato fue otorgado a un grupo de empresas integrado por las personas morales: Prefabricados del Pacífico, S.A. de C.V., Edificación, Construcción y Maquinaria de Culiacán, S.A. de C.V., Constructora y Servicios Angulo, S.A. de C.V., Constructora Remco, S.A. de C.V., Infraestructura Urbana de Sinaloa, S.A. de C.V., así como por el contratista Emilio Contreras Mendoza.

Los riesgos para la población y el entorno urbano

Otro punto clave es el riesgo de que el proyecto del malecón afecte el equilibrio hídrico de la región. La vegetación en las márgenes de los ríos juega un papel crucial en la prevención de inundaciones, y su eliminación podría resultar en la obstrucción de los canales de drenaje y la acumulación de sedimentos, lo que incrementaría el riesgo de inundaciones durante la temporada de lluvias. Además, la falta de un plan de manejo adecuado para los parques y áreas verdes cercanas, como el Parque Las Riberas, podría resultar en la proliferación de especies invasoras, como el lirio acuático, que ya ha afectado la calidad del agua en la región.

Lo más cuestionable es que, a pesar de estas posibles consecuencias, el gobierno estatal sigue promoviendo la obra como una solución clave para la reactivación económica de la región, sin proporcionar a la ciudadanía los elementos necesarios para tomar una decisión informada. El hecho de que no exista una herramienta formal que permita a los ciudadanos conocer de manera previa los detalles del proyecto y participar en su evaluación es un indicativo de la falta de apertura y responsabilidad por parte de las autoridades.

Es por esto que el Comité de Participación Ciudadana ha activado la comisión de Desarrollo Sostenible, mediante la cual se busca crear plataformas para transparentar procedimientos como el cambio de usos de suelo y la concesión de permisos de construcción, antes de que los proyectos se concreten y evitar así daños al medio ambiente y, por tanto, las afectaciones a la calidad de vida de las personas.

¿Es este el camino para la reactivación económica de Sinaloa?

La reactivación económica no puede ser vista solo como una cuestión de inversión en infraestructura, especialmente cuando los proyectos de esta magnitud tienen el potencial de generar efectos negativos. La verdadera reactivación debe implicar una mejora en las condiciones de vida de las personas, la protección del medio ambiente y la participación activa de la sociedad en la toma de decisiones. Es vital que los gobiernos locales fomenten la participación de la sociedad civil en el diseño y ejecución de proyectos, asegurándose de que estos no solo beneficien a una élite empresarial, sino que también sean sostenibles y respetuosos con el entorno natural y las comunidades que los rodean.

El caso de la contratación de este megacrédito y los proyectos asociados es un claro ejemplo de cómo el desarrollo y la modernización de una ciudad no deben venir a costa de la opacidad y la exclusión. La sociedad debe tener voz y voto en estos procesos, y las obras deben ser evaluadas desde una perspectiva integral que contemple tanto los beneficios económicos como los riesgos medioambientales y sociales.

Por todo esto, es urgente que el gobierno estatal reconsidere la forma en que lleva a cabo la licitación y ejecución de estos proyectos, en especial la ampliación del malecón de la capital sinaloense. Debe garantizarse la transparencia, la participación ciudadana y la evaluación exhaustiva de los impactos ambientales con la participación de especialistas, antes de que se inicien obras de tal magnitud. Solo así, Sinaloa podrá realmente avanzar hacia una reactivación económica que beneficie a todos, sin dejar de lado la sostenibilidad y la justicia social.

En suma, no queremos que por tratarse de una plan de reactivación económica se omitan o aceleren este tipo de procedimientos, ya que las experiencias previas en contexto de emergencias nos han llevado a encender las alertas. Ante la  disminución de controles en los procedimientos de contratación aumentan los riesgos no solo de corrupción, sino también de perjuicios para los ecosistemas y nuestros territorios.

Las opiniones expresadas aquí son responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la línea editorial de ESPEJO