¿Cuáles son las agresiones que sufren mujeres periodistas y activistas en Sinaloa?

Por: Daniel Elizondo / Asesor Jurídico de Iniciativa Sinaloa A.C.

El pasado viernes 09 de febrero presentamos, en conjunto con la Embajada de Canadá, los resultados del policy paper “Mujeres que luchan: por la protección de periodistas y defensoras de derechos humanos”, donde con preocupación se evidenció que no solo las autoridades y el crimen organizado ejercen violencia contra ellas, sino también sus propias redes profesionales y comunidades.

Para dicho trabajo de investigación, además de hacer una revisión documental de los estudios sobre el tema y del marco normativo nacional y estatal, se realizaron 28 entrevistas a profundidad y se aplicó una encuesta a cerca de 50 mujeres de una muestra representativa tomada de distintos municipios del estado, así como de diversos roles de las participantes en sus ámbitos de trabajo.

En la encuesta, tanto periodistas como defensoras señalaron a las autoridades gubernamentales como sus principales victimarios, con 48% y 45%, respectivamente.

Sin embargo, para Iliana Padilla, responsable de la investigación, llama la atención que aparece con un porcentaje significativo la identificación de colegas de trabajo entre los principales agresores: con 36% de las respuestas entre periodistas y 50% entre las defensoras, sugiriendo que el acoso y la discriminación en el entorno laboral son problemas endémicos dentro de los medios de comunicación y en las organizaciones de la sociedad civil.

Mientras tanto, los grupos delictivos se mencionan en menor proporción, con poco más del 10% en ambos grupos.

Asimismo, Padilla externó que “Llama la atención cómo por ser Sinaloa podemos pensar que toda la violencia proviene del narcotráfico, pero nos damos cuenta que no todo tiene que ver con el narco, sino que hay otros actores involucrados y vimos cómo las mujeres identificaron las violencias que viven, que muchas veces las tenían invisibilizadas”.

Entre las violencias que viven estas mujeres se mencionaron:

• Estigmatización y descrédito a la labor periodística desde el discurso de las autoridades.
• Intimidación, hostigamiento y detención arbitraria por parte de las autoridades.
• Condiciones laborales limitadas, despidos injustificados y acoso laboral.
• Acoso sexual a periodistas.
• Violencia digital.
• Amenazas e intimidación por actores no estatales.
• Violencia en procesos electorales.
• Afectaciones emocionales debido a las violencias.
• Desconfianza en las medidas públicas para la protección a personas defensoras de los derechos humanos y periodistas.

En cuanto a la precariedad laboral y económica con que ejercen estas funciones, el 50% de las defensoras encuestadas dijo hacer su labor en condiciones “muy limitadas”, en tanto el 45% lo hace en condiciones “limitadas”. Solo el 5% consideró tener condiciones “suficientes”.

Las periodistas respondieron en un 36% que trabajan en situación muy limitada, otro 20% dijo trabajar en condiciones “limitadas”, un 8% no respondió y el restante 36% señaló tener condiciones suficientes. Además, en los testimonios recogidos se habló de los bajos salarios, las jornadas extenuantes y la falta de protocolos de atención de violencia de género en los medios de comunicación.

La información arrojada por la investigación nos señala que urgentemente se deben generar acciones de coordinación entre gobierno, sector privado y organismos de la sociedad civil con el único fin de ejercer las violencias enlistadas anteriormente en contra de periodistas y activistas mujeres.

Cada uno de los tres sectores tiene una amplia variedad de tareas para convertirlas en oportunidades de mejora y así comenzar a generar espacios seguros para las mujeres que laboran y/o participan en ellos. El análisis serio de este estudio, puede servir como una gran herramienta para corregir el rumbo y erradicar las violencias que se ejercen actualmente en contra de mujeres periodistas y activistas.