Por: Ángel Alberto Leyva Murguía. Director de Investigación en Mexicanos Primero Sinaloa
X/Twitter: @angelleyva21 @Mexicanos1oSin
Durante noviembre se publicará el Cuarto Informe de Gobierno de Rubén Rocha Moya en Sinaloa. En este ejercicio anual de rendición de cuentas se plantean los avances y acciones emprendidas para atender los principales retos del estado en distintos rubros, por lo que es una forma de visibilizar dónde están las prioridades gubernamentales. En materia educativa, este informe debería tener un valor especial: no solo informar sobre lo realizado, sino ofrecer evidencia clara sobre cómo las autoridades educativas contribuyen al derecho a aprender de niñas, niños y jóvenes.
Como cada año, desde Mexicanos Primero Sinaloa (MPS) se analiza el contenido de este informe. Este seguimiento no tiene el ánimo de confrontación, sino de contrastar lo informado con la evidencia disponible y valorar si las estrategias implementadas son adecuadas y pertinentes a las necesidades de las comunidades escolares.
Como hemos visto en años anteriores, el informe de gobierno suele mostrar avances en ciertos rubros. Sin embargo, en el afán de exhibir resultados positivos, quedan fuera temas relevantes. El año pasado, por ejemplo, se omitieron la cobertura en primaria, las tasas de abandono escolar y los niveles de aprendizaje desglosados por contexto socioeducativo. Además, hay programas de trascendencia nacional como La Escuela es Nuestra, cuyo ejercicio de recursos sigue siendo poco transparente, ya que se desconoce la proporción de escuelas que destinan recursos a infraestructura, alimentación o jornada ampliada.
Lo que no se informa también comunica: las omisiones en los informes son un mensaje sobre los límites de la autoridad para dar respuesta a los retos del sistema educativo. Sin información clara, oportuna y pertinente, difícilmente será posible identificar los problemas; seguirán atendiéndose síntomas y no las causas.
Como sociedad, interesa saber si los estudiantes en Sinaloa están en la escuela, si aprenden y si participan activamente en su proceso educativo. Queremos conocer (entre muchas otras cosas) cómo se atiende y si tiene resultados las estrategias para el desarrollo de la primera infancia; si las figuras educativas son valoradas y cuentan con las herramientas, condiciones y formación necesarias para responder a la diversidad de contextos; si hay una red de apoyo articulada entre los liderazgos educativos, así como la SEPyC y otras instancias de la administración pública estatal. También es indispensable saber si las escuelas tienen infraestructura adecuada para el aprendizaje; si los programas prioritarios cuentan con seguimiento y evaluación; conocer el funcionamiento de los sistemas de información pública y si los recursos educativos se ejercen con eficacia, eficiencia y sin discrecionalidad.
La transparencia de la información no es un accesorio del gobierno, sino una condición para la mejora continua y la confianza ciudadana. La rendición de cuentas no es solo un ejercicio de comunicación gubernamental: es una herramienta para saber dónde estamos parados y qué hace falta mejorar.
Durante más de once años MPS ha insistido en la importancia de tomar decisiones de política educativa basadas en evidencia. Lograr mejores resultados requiere colaboración, corresponsabilidad y apertura. Por ello, invitamos a las autoridades educativas a sumar esfuerzos con las comunidades escolares, las familias y la sociedad civil. Reconocer las áreas de oportunidad no debilita al gobierno: lo fortalece, porque permite corregir el rumbo. Con trabajo conjunto se reforzará que las políticas educativas no se queden en el papel, sino que se traduzcan en mejores oportunidades para aprender. Porque, al final, más allá del informe y sus cifras, lo verdaderamente importante es que la educación en Sinaloa sea cada vez mejor.

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