Por: Luis Daniel Rodríguez, Investigador de Mexicanos Primero Sinaloa
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El informe Education at a Glance 2025 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), publicado recientemente, ofrece una radiografía que confirma lo que desde hace años se observa en las escuelas mexicanas: la ampliación de la cobertura no ha venido acompañada de una inversión suficiente para sostenerla.

México avanza en acceso, pero sigue rezagado en gasto por estudiante y en la distribución equitativa de los recursos públicos, lo que mantiene una educación que depende más del esfuerzo de las familias que del compromiso del Estado.

En los primeros años de vida, donde se forman las bases del aprendizaje, la cobertura continúa siendo mínima. Menos del 5% de las niñas y niños de 0 a 2 años está matriculado en educación inicial, mientras que en países como Corea, Luxemburgo o los Países Bajos las tasas superan el 60%. Aunque la población infantil de 0 a 4 años ha disminuido —un 9% entre 2013 y 2023, y se espera otra reducción del 10% hacia 2033—, esta tendencia no ha sido aprovechada para fortalecer la atención educativa temprana. Así, la primera infancia sigue siendo la etapa más olvidada del sistema educativo mexicano.

El siguiente gran obstáculo aparece en la educación media superior. Si bien la proporción de jóvenes de 25 a 34 años que no ha concluido este nivel bajó de 49% a 41% entre 2019 y 2024, México continúa 28 puntos por encima del promedio de la OCDE (13%). En países como Corea o Canadá, prácticamente todos los jóvenes alcanzan este nivel. El rezago en la media superior implica una pérdida de oportunidades educativas y laborales que limita el desarrollo económico y perpetúa la desigualdad.

A esto se suma un patrón de inversión insuficiente y desigual. México destina 4.3% de su PIB a la educación, frente al 4.7% de la OCDE. Pero el contraste real se observa en el gasto por estudiante, ya que se invierte solo 2,790 dólares anuales en educación básica y media superior, contra un promedio de 13,210 dólares en los países de la organización. Mientras que, en educación superior, la diferencia es igual de profunda, con una inversión de 4,430 dólares por estudiante en México, frente a 15,102 dólares en los miembros de la OCDE. Estas cifras ubican al país entre los que menos invierten por alumno, lo que se traduce en aulas más saturadas, infraestructura deficiente y menores condiciones para enseñar y aprender.

Por otra parte, el financiamiento público tampoco compensa la brecha. En la educación básica y media, los recursos gubernamentales cubren 83.8% del gasto, mientras que en la OCDE la proporción asciende a 90.1%. En el nivel superior, el panorama es aún más desigual, pues solo 59.8% del gasto proviene del sector público, frente al 71.9% internacional. La consecuencia de esto es que las familias mexicanas deben asumir un mayor peso económico en la educación, pagando cuotas, materiales o transporte que, en otros países, son cubiertos por el Estado.

El informe confirma que el derecho a aprender en México sigue condicionado por el lugar donde se nace y por el ingreso familiar. Por ello, sin una inversión pública y sostenida que fortalezca la educación desde la primera infancia y reduzca la carga sobre los hogares, el país continuará atrapado en el mismo ciclo: más años de estudio, menos recursos y un costo creciente para las familias que buscan garantizar lo que debería ser un derecho, no un privilegio.

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