El faro y la ciudad pierden la batalla

Con la postal de unos pilotes de acero anclados en la cima del cerro del crestón, el proyecto de la tirolesa triunfa y avanza a pesar de la resistencia ciudadana.

Este fin de semana todavía se tiene organizada una marcha de protesta por olas altas. Sin embargo, cada vez es menos la esperanza de la gente para incidir en algo, y la impotencia captura los ánimos.

Desde el principio esta fue una iniciativa contrario a las expectativas de los mazatlecos. Lo que la ciudadanía pide con urgencia es un desarrollo urbano ordenado, un alto a proyectos especulativos que sólo hacen más avasalladora la avalancha del turismo masivo y depredador.

Muchos creímos que al atentar contra un patrimonio cultural, ecológico y simbólico de tal calado como lo es el faro, la sociedad civil al fin iba a despertar para actuar de forma contundente.

Esto no ocurrió así, y salvo las modestas movilizaciones de grupos ecologistas, lo que atestiguamos en estos meses fue la facilidad que tienen los grupos empresariales para apropiarse de los recursos de la ciudad en complacencia de las autoridades de los tres niveles de gobierno.

La actuación más reprobable de todas fue la del alcalde de Mazatlán, Edgar González, por su deshonestidad y doble cara. Al final Edgar se descubrió como uno de esos políticos del montón que no les gusta quedar mal con nadie.

Lo debimos haber advertido desde hace mucho. No solo por sus tibias declaraciones cuando se refería al proyecto, sino también porque era obvio el compadrazgo político empresarial entre González y Guzmán, parecido al romance del Químico con los Arellano.

Del Gobernador los mazatlecos tampoco tuvieron apoyo. Un mandatario que por meses estuvo más preocupado por el resultado de las elecciones, y que cuando por fin se pronunció sobre el desarrollo de Mazatlán, lo hizo para alentar todavía más el crecimiento vertical dirigido por estos mismos empresarios.

De aquí en adelante desde el gobierno del estado presumirán los 329 millones de pesos en inversión en infraestructura que irán a parar en un necesario pero insuficiente paso vehicular sobre la avenida Luis Donaldo Colosio, cuando lo que se requiere es culminar de una vez por todas el programa de desarrollo urbano para que se vuelva guía del crecimiento.

Sin un instrumento de este tipo, las inversiones no atinan en incidir en un modelo de ciudad deseable a largo plazo, porque aún no está claro hacia dónde queremos avanzar, ni qué tipo de infraestructura y servicios requerimos para alcanzar la meta.

Ante la falta de regulación, las empresas chicas y grandes no encuentran límite a su búsqueda por mayores beneficios económicos, aunque esto implique un aprovechamiento rapaz de la ciudad.

En cuanto al gobierno federal, su participación es todavía más penosa. La política lopezobradorista, supuestamente dirigida a acabar con la corrupción empresarial, centraliza las actividades económicas prioritarias y las canaliza a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Secretaría de Marina.

No obstante, la gestión militar de puertos no ha quedado exenta de observaciones ni ha impedido que las empresas realicen negocios turbios como de costumbre. Para el caso de Mazatlán, la ASIPONA fue la oficina gubernamental donde se acordaron los negocios público-privados, solo que ahora el aval es más fuerte porque proviene del visto bueno del ejecutivo federal para que los generales tomen las decisiones que consideren necesarias.

Así, no hay quien detenga la destrucción que ya se hace inevitable. La retirada del patronato del faro de la gestión ambiental del cerro del Crestón, para cederle el control de la zona ecológica a los militares y a los empresarios, es un asalto que tendrá consecuencias en el ánimo de la sociedad civil, quedará por ver si el aliento se recompone o si en definitiva el abuso de poder se mantiene como la norma.