En riesgo nuestro derecho a saber

Por Sibely Cañedo

Un escenario peligroso. Con el voto mayoritario y acelerado de Morena y sus aliados, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó este 23 de agosto el dictamen mediante el cual se propone la desaparición de siete órganos autónomos.

Estos organismos fueron diseñados para tomar decisiones independientes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en temas que ameritan dictámenes técnicos o resoluciones autónomas. Fueron resultado de una lucha histórica de organizaciones de la sociedad civil por la transparencia y rendición de cuentas, si bien es cierto que son instituciones perfectibles y sujetas a cambios.

Se trata de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

De avanzar este dictamen, se estarían derribando importantes contrapesos al poder político, en riesgo de avanzar hacia un sistema de partido hegemónico, más similar al viejo régimen del Partido Revolucionario Institucional que a una verdadera transformación de la vida pública nacional, como ha pregonado Andrés Manuel López Obrador desde que tomó el poder como Presidente de México.

Los argumentos se centran en que son organismos costosos, corrompidos, convertidos en una “burocracia dorada” sin resultados y que es mejor destinar esos recursos al combate a la pobreza, evitando la duplicidad de funciones.

No obstante, no ha habido una discusión de fondo y se ha ignorado a las organizaciones especializadas que se pronuncian por aplicar reformas y mejorar las estructuras ya existentes, aplicando controles anticorrupción en lugar de desaparecer lo que por décadas le ha costado al pueblo de México construir con recursos públicos y lucha social.

¿Pero cuáles serían las consecuencias si se concreta la eliminación de los órganos autónomos?

Hablaremos del INAI, que tiene el mandato constitucional de ser garante del derecho a la transparencia y protección de datos personales, así como de los órganos equivalentes de los estados, los cuales han servido a su vez para la consecución de otros derechos humanos y sociales.

Un claro ejemplo es la libertad de expresión, puesto que gracias al derecho al acceso a la información pública se han logrado revelar casos de corrupción y nutrir investigaciones que han servido de base para hacer diagnósticos de problemas sociales, con lo que se abona al conocimiento y a la generación de propuestas de soluciones fundamentadas en datos objetivos y confiables.

Por otro lado, organizaciones de la sociedad civil han utilizado información de transparencia para fundamentar denuncias por el mal uso de recursos públicos, elaborar estudios, evaluar políticas públicas y emitir recomendaciones que involucren las necesidades y el sentir de la ciudadanía.

Utilidad de órganos de transparencia: el caso de Iniciativa Sinaloa

Iniciativa Sinaloa ha presentado un total de 37 denuncias por faltas administrativas graves en los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León, como parte de una alianza con el proyecto periodístico Border Hub.

De manera adicional, en Sinaloa, nuestra organización ha interpuesto 7 denuncias por faltas administrativas asociadas a presuntos hechos de corrupción ante órganos internos de control, la Contraloría estatal y la Auditoría Superior del Estado.

Ha publicado 15 investigaciones sobre el uso de nuestros impuestos en obra pública, planteles escolares, contratación de publicidad oficial, el cumplimiento de obligaciones en el portal Compranet, conflictos de interés en el gobierno estatal, por señalar algunos temas.

Todo esto ha sido fundamentado en información proporcionada vía solicitudes de transparencia, no siempre a la primera por los sujetos obligados, sino que ha sido necesario interponer recursos de revisión ante negativas de entregar los datos y reservas de información.

El papel de los órganos garantes, en este caso las comisiones estatales de Acceso a la Información Pública, ha sido el revocar la clasificación de información, cuando darla a conocer significa un mayor beneficio para el interés público.

Si bien es cierto, hay mucho que mejorar en estos organismos, empezando por eficientar su operación, pugnar por los perfiles idóneos, reducir sus costos e incluso abatir posibles casos de corrupción, sostenemos que su desaparición no es la salida.

Al contrario, las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la transparencia y combate a la corrupción nos hemos pronunciado por someterlos a evaluación y aplicar las reformas pertinentes, en aras de garantizar que la sociedad pueda contar con la información confiable y verídica para poder participar en la exigencia de rendición de cuentas, transparencia y justicia social.

Si bien el dictamen, que avanzó en comisiones en la Cámara de Diputados el pasado viernes, contempla que las funciones de los órganos autónomos serían absorbidas por las secretarías o dependencias “de las que derivan”, en lo referente a transparencia sería muy cuestionable asignar esta tarea a un sujeto obligado, como la Secretaría de la Función Pública, dependiente del Ejecutivo.

De concretarse esta propuesta, peligra nuestro derecho a saber, consagrado en el Artículo 6o constitucional, además de violar el principio de progresividad, el cual establece que no se puede ir hacia atrás en el terreno de los derechos ganados para la ciudadanía.

Cabe preguntarnos cómo combatir la corrupción si quienes entregan la información pública son a su vez juez y parte, y por supuesto, a quién beneficiaría esta reforma si no es a los propios gobernantes y funcionarios corruptos, que ya de por sí gozan de altos niveles de impunidad.

Esto es incongruente si tomamos en cuenta que la premisa del gobierno de la Cuarta Transformación ha sido el de combatir la corrupción, cuando en los hechos se han debilitado y ahora se pretende extinguir entidades que, bien dirigidas, son clave para cumplir este propósito.

Reformas al vapor: la vuelta a un partido hegemónico

A unos días de terminar la actual Legislatura, quienes ocupan las diputaciones federales han entrado en un proceso de aceleración para dejar el camino planchado a las reformas estructurales enviadas por el Presidente López Obrador.

Entre estas reformas se encuentra la del Poder Judicial, donde uno de los puntos álgidos ha sido la propuesta de que los jueces y magistrados sean electos por voto popular, actualmente nombrados con participación del ejecutivo y del Senado.

Por las características del sistema político mexicano, marcado por la intromisión de poderes fácticos, prominente presidencialismo y dudoso financiamiento de campañas, expertos han advertido de los riesgos que esto puede implicar al socavar la autonomía de este poder, crucial para lograr un verdadero Estado de derecho en México.

Esta propuesta, aunada al discurso de estigmatización contra periodistas y activistas, la reciente aprobación de la sobrerrepresentación de Morena en el Congreso y ahora la posible eliminación de órganos autónomos, apunta al inicio de un ciclo donde el dinosaurio se muerde la cola: una regresión histórica con un nuevo partido hegemónico, reflejada en el espejo del que creíamos acabado régimen priista.

Desde  sus inicios en 1929,  como Partido Nacional Revolucionario, el PRI concentró el poder a base de una política corporativa y sindical, represión violenta, clientelismo popular, entrega de apoyos sociales, compra de votos y consabidos fraudes electorales, que marcaron la historia de nuestro país y desencadenaron una lucha durante decenios por la apertura del sistema a nuevas fuerzas políticas y libertades.

Es precisamente el régimen contra el cual luchó AMLO a lo largo de su carrera política y lo que juró cambiar.

Es por ello que estas reformas estructurales no deberían dejarse al vapor del fast track, sino entablar un debate profundo con diversos sectores de la sociedad para lograr una real transformación en un Estado de derechos, lo cual no se puede alcanzar si prevalece la opacidad y la falta de garantías al libre acceso a la información pública.

Sin los órganos de transparencia, el INAI y los homólogos estatales, se reducirían los recursos para contrarrestar la narrativa oficial, dejando a los “otros datos” de la Presidencia como única fuente de verdad de la vida pública.

En este escenario, esperemos que la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y quienes integren la próxima Legislatura, asuman su compromiso con vocación democrática y respeto a las libertades, no solo con apego a una continuidad irreflexiva sin cabida al diálogo y a la construcción colectiva de un mejor país.