Por: Daniel Elizondo / Asesor Jurídico de Iniciativa Sinaloa A.C.

En los últimos días, en la Cámara de Diputados ha avanzado el paquete de reformas que pretende eliminar los órganos autónomos encargados de transparentar la información gubernamental. Por lo que considero necesario y oportuno realizar este breve análisis de la situación.

Gracias a las facultades constitucionales y legales con las que cuenta el INAI actualmente, la sociedad tiene claro ante qué institución pública puede acercarse y exigir datos e información que le son de su interés. Desde si mi colonia está dentro de un mapa de riesgo, cuánto se gastó en la pavimentación de mi calle, qué delitos son los más frecuentes en mi ciudad y así tomar cartas en el asunto, hasta saber a dónde se fueron miles de millones de pesos de nuestros impuestos en un período determinado. Fungiendo el INAI como un órgano encargado de informar verazmente a la sociedad acciones de gobierno con un medio probatorio (actas, convenios, contratos), así como ser un ente ante las cuales las dependencias rinden cuentas y se sienten vigilados en su actuar de acuerdo a la legislación.

Por ejemplo, gracias a los datos recabados por los institutos (autónomos) de transparencia a nivel federal y a nivel estatal, las organizaciones de la sociedad civil como Iniciativa Sinaloa A.C., hemos podido realizar investigaciones rigurosas en conjunto con periodistas reconocidos internacionalmente de temas que laceran directamente a la sociedad, y sobre todo a las personas de más escasos recursos y en situación de vulnerabilidad. Temas que van relacionados desde desvío de recursos públicos que bien pudieron haberse invertido en rubros como educación, salud o atención a víctimas, hasta casos de servidores públicos (de todos los niveles de gobierno) que han beneficiado ilegalmente a sus familiares, amigos, parejas y empresas con el dinero de los mexicanos, perjudicando directamente el dinero de los mexicanos. Logrando que nuestras investigaciones informen a la sociedad (quien juega un papel fundamental en una democracia) sobre los actos de corrupción más significativos.

El mayor reto para la sociedad mexicana al inicio de este siglo, fue el de cambiar la mentalidad de quienes forman parte del servicio público en materia de transparencia. Ya que gracias a la presión de la sociedad el gobierno se vio obligado a crear una ley que regulara las obligaciones del estado en transparencia, en donde por décadas el gobierno no tuvo la obligación de comprobar rigurosamente en qué gastaba el dinero de los mexicanos. Ley e instituciones públicas especializadas en el tema que han ido mejorando (hasta ahora) con el transcurso de los años.

Como sociedad civil organizada, en Iniciativa Sinaloa no nos hemos quedado con los brazos cruzados cuando las dependencias públicas nos niegan una información o nos dan información incompleta, sino que hemos trabajado estratégicamente mediante impugnaciones de carácter administrativo y judicial, para acotar esos espacios de discrecionalidad de las autoridades a la hora de responder solicitudes de información pública y de esa manera dar con la información veraz. Y que justo en este proceso es donde hemos encontrado en el INAI un aliado, gracias a las facultades que le confiere la ley y la constitución.

Por más que el discurso del ejecutivo federal vaya enfocado a eliminar el órgano constitucional autónomo encargado de vigilar que se cumplan las disposiciones de transparencia en el país con el fin de “reducir la burocracia”, y darle esas funciones a ciertas dependencias ya creadas dentro del gobierno federal, al tener más de 10 años trabajando directamente en materia de transparencia y combate a la corrupción, podría asegurar que en el caso de que se dé la desaparición del INAI habrá un retroceso enorme en el combate a la corrupción.

Y si algo le podría aconsejar a titular del ejecutivo federal es que tal vez, hablando particularmente del INAI, nos encontramos ante una institución pública que representa una “burocracia necesaria”, si así lo quiere ver, para el funcionamiento de nuestra democracia.

Podrán existir órganos constitucionales autónomos que sí puedan pasar a las responsabilidades del poder ejecutivo, pero no lo considero así en el caso del órgano autónomo encargado de la transparencia y rendición de cuentas del gobierno, por obvias razones. Las personas de manera individual y colectiva trabajan de manera más transparente y eficiente cuando existe un órgano autónomo que supervise sus funciones. ¿Por qué en el gobierno sería diferente?

Cierro esta reflexión con la aseveración de nuestra Directora Ejecutiva, Marlene León, que comparto en su totalidad: con la eliminación del INAI se agravará la corrupción.

Las opiniones expresadas aquí son responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la línea editorial de ESPEJO