Jorge Castañeda, los muertos, los desaparecidos

Esta reflexión trata de la instrumentalización de las cifras sobre desapariciones en el país para fines de golpeteo político, disfrazado de análisis de la violencia que van reproduciendo medios, partidos y columnistas, como el excanciller Jorge Castañeda.

El RNPDNO (Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas) a la fecha del 8 de julio de 2025, revelaba los siguientes datos: 367,392 personas desaparecidas, no localizadas y localizadas desde que se tiene registro (año de 1952 a la fecha); de éstas, 130,010 están actualmente desaparecidas, o sea, se desconoce su paradero y son el 35.39% del total; mientras que 237,382 han sido localizadas (el 64.61% del total). De las personas localizadas a lo largo de todo el periodo 1952-julio de 2025, con vida fueron 218,581 personas, o sea, el 92.08%, y sin vida fueron 18,801 personas, el 7.92%).

Cabe destacar que casi dos tercios del total de quienes han estado sin localizar o víctimas de una desaparición han podido ser ubicados con vida y de entrada un o una desaparecida no debe de contemplarse como persona fallecida. Parece una obviedad, pero, como veremos, no lo es para muchos “analistas”.

Esto no le resta importancia y gravedad al problema del persistente crecimiento y acumulación de casos, que son historias, vidas, familias y comunidades quebradas, de quienes deben seguir siendo buscados y buscadas y probablemente su ausencia se vincule con la comisión de delitos en su contra y un patrón de violencia endémica en los territorios.

El registro nacional, implementado en 2020, se actualiza en tiempo real y muestra, en el momento exacto de la consulta, una situación y cifras que son cambiantes y no serán las mismas al día siguiente, pues cada día se incorporan nuevos casos de reportes por desaparición de una persona, a la vez que algunos otros cambian de “estatus” o “categoría”, en caso de darse una localización con o sin vida, por ejemplo, o si las autoridades responsables corrigen o rectifican entro otros motivos.

Cuando, a través de este registro, visualizamos o sumamos la cifra de personas desaparecidas “por sexenio”, entre periodos presidenciales, a razón de una sana voluntad de comparación estadística o por algún afán político, debemos tener presente que en el resultado arrojado tendrá que ver la fecha de la consulta y puede variar.

El Registro, cuya estructura está siendo reformada y modificada por los cambios legislativos recientes en materia de seguridad, CURP biométrica y ley de desaparición, ha sido la herramienta más utilizada y citada en tema de desapariciones en sus cinco años de vida. Sin embargo, ha tenido muchas fallas de origen, en parte heredadas de sus versiones anteriores, y en la calidad de la información que contiene, precisamente en los datos de las personas desaparecidas, que en muchos casos no permiten usarlo para lo que fue creado, a saber, facilitar la búsqueda de personas entre bases de datos y ofrecer un cuadro fehaciente de sus características agregadas.

Cabe señalar que, como tendencia, es probable que sea proporcionalmente mayor el número de casos acumulados e irresueltos, de personas no localizadas y desaparecidas, que hayan sido reportadas en los últimos meses, o en años recientes, mientras que poco a poco tiende a disminuir el número de los periodos anteriores. El registro y la suma año con año de las cifras miden el número de personas desaparecidas que HOY siguen sin ser localizadas y que fueron desaparecidas en aquellos años, es decir, el total debe ser 130mil a la fecha actual.

Entonces, eso no mide o no nos dice cuántas personas estaban o se encontraban desaparecidas en 2012, al final del gobierno de Calderón, o en 2018, al inicio del mandato de AMLO, sino que nos dice que, al día de hoy, del universo total de las personas que hasta la fecha siguen desaparecidas, cierto número de ellas lo fueron en el año de 2012 o en 2018.

Atención, esto no quita para nada el hecho de que, en los últimos años, sí haya habido más casos registrados en absoluto, debido en gran parte a la expansión de este fenómeno violento, pero también, aunque solo en parte, a la mejora en el propio registro, aun con sus actuales y persistentes defectos, y al aumento de las denuncias.

De hecho, en materia de desapariciones y búsqueda de personas en entregas anteriores he mostrado límites y alcances de la narrativa oficial actual al respecto, en el entendido de que ha habido tropiezos y omisiones importantes en la misma, intentos más recientes de recuperación de diálogos y cambios legislativos, lo que se ha reflejado en una política pública todavía no integral y efectiva.

Por otro lado, es interesante describir cómo, de manera tendenciosa, otros entes y personas de poder político y/o mediático, como la revista Nexos, el PAN o Jorge Castañeda, pretenden usar este argumento burdamente para llevar agua a su molino, sin hacer claridad sobre temas tan relevantes como la relación entre los homicidios y las desapariciones u otras manifestaciones de las violencias.

Cuando hablamos de personas desaparecidas no podemos confundirlas con personas asesinadas, como si fuera posible intercambiar las unas por las otras y así, en un dos por tres, crear nuevas estadísticas delictivas, pero así lo hacen quienes deciden usarlas irresponsablemente.

El gobierno ha informado en junio que los homicidios en México fueron 10,767 y se redujeron 13,4% en los primeros cinco meses de este año, frente a igual período de 2024, mientras que disminuyeron “en 25.8 por ciento, de septiembre de 2024 a mayo de 2025, lo que significa 22 homicidios diarios menos que en septiembre del año pasado”, según un comunicado de la presidencia.

El 3 de julio pasado en su blog de Nexos, Jorge Castañeda publicó una nota titulada ¿Hay menos muertos?, en la cual repite un argumento bastante refrito, pero poco riguroso, acerca de la relación entre la estadística de homicidios dolosos en el país y la de personas desaparecidas, con el fin de supuestamente demostrar que la baja en el delito de homicidio en México, registrada en el presente sexenio, pero también en la segunda parte del anterior, no es real, y que se estarían, de alguna forma, ocultando los homicidios con las desapariciones.

Es decir, se sostiene que si cada año, o en cada periodo de corte considerado, bajan los homicidios, pero al mismo tiempo sube la cifra de personas desaparecidas, entonces no se puede afirmar que “hay menos muertos”, a saber, menos homicidios dolosos. Y, citando su texto: “La crítica se basa en la contabilidad: ¿hay menos muertos, o los están contabilizando de manera diferente?”.

Esto en efecto es posible, lo de contabilizar diferente, pero no tiene que ver con las desapariciones. En distintas ocasiones fiscalías y gobiernos, durante ciertos periodos, han sido señalados por maquillar sus cifras a través de los márgenes de maniobra, la interpretación o la franca manipulación en la clasificación de los delitos: por ejemplo, sucedía en Guanajuato a principios del sexenio pasado con los números muy elevados de los homicidios culposos “con otro elemento” (distinto a las armas de fuego o armas blancas), que podrían encubrir homicidios dolosos “desclasificados” y “transformados” en culposos.

Conviene citar integralmente el argumento central del ex titular de la SRE: “La duda es pertinente incluso para el 2024. Ese año, según las cifras del SESNSP, tuvieron lugar 30,048 homicidios dolosos: casi la misma cifra que en 2023 (29,721). Cesó el alza de estos muertos. Pero si vemos los números de personas desaparecidas y no localizadas del Registro del mismo nombre (RNPDNO), el total creció casi 30 %: de 10,547 a 13,083”.

Con lo anterior, el autor concluye que podemos sumar homicidios dolosos y desapariciones y así “tenemos 40,000 en 2023, y 43,000 en 2024. Se trata de un incremento de casi 9 %”.

Este tipo de matemáticas se basa en la aberración de considerar a todas las personas desaparecidas como muertas y así sumarlas al total de homicidios, para presuntamente mostrar que en el país “hay más muertos”, como reza el título del artículo de Castañeda. Además, se funda en datos que son arrojados por la página del registro en el momento de la consulta, por ejemplo, el 3 de julio, pero que varían conforme haya nuevas localizaciones o cambios en los mismos, y conforme se modifique la fecha de consulta, por ejemplo, si se vuelve a repetir el análisis el 10 de julio o en 2026.

Por lo cual sería muy cuestionable, incorrecto, usarlos así sin más para “estimar homicidios” de un año cualquiera, no sé, el 2023 o 2024, como hace Castañeda. El RNPDNO, aun con sus fallas, nos da información valiosa, demográfica y organizada, acerca de las desapariciones y localizaciones, pero no es propiamente una herramienta tan fina ni pensada como tal para este tipo de función.

Castañeda, para reforzar, incluso repite el mismo cálculo para los primeros cinco meses del 2025, pero además se lanza a imaginar un futuro nebuloso y ficticio, como si las cifras de un trimestre o semestre sobre asesinatos y desapariciones empaquetadas pudieran proyectarse linealmente, así, sin más ajustes.

Literalmente: “Disponemos de cifras análogas para los primeros cinco meses de este año. La de homicidios dolosos es de 10,767; si la extrapolamos para todo el año, nos daría 25,800. La de desaparecidos es de 7,323; si la extrapolamos para todo 2025, nos daría 17,500. Si sumamos los dos, nos arroja un total de 43.3 mil muertos por estos conceptos para todo el año: casi la misma cifra que el año anterior”. O sea, tenemos ya previstos, para 2025, unos 43,300 “muertos por estos conceptos”, afirma Castañeda.

Pero ojo, la frase implica que estamos considerando a todos los desaparecidos como muertos, como cifras nada más, que entonces deberían sumarse a los homicidios.

Absurdo y hasta ofensivo el razonamiento, ya que justo la reivindicación desde hace más de medio siglo por parte de las familias en búsqueda de sus seres queridos, además de las previsiones legales, afirman que prevalece la presunción de vida y la búsqueda en vida, y que las personas no sean consideradas simplemente como “números” o estadísticas de “asesinatos”. La propia desaparición representa una perdida ambigua porque se desconocen el paradero y la suerte de la persona, así que asimilarlas a personas fallecidas para inventarse un argumento “contrafactual” sobre los homicidios dolosos en el país es una operación trivial y malintencionada.

Extrapolamos un rato, sumamos peras con manzanas, y da como resultado una caja de papayas. La misma operación especulativa le gustó a Héctor Barrera, secretario general del PAN en la Ciudad de México, quien en una nota en la página del partido reitera la misma cantaleta sobre cómo “La posible reclasificación de homicidios como desapariciones podría estar distorsionando la percepción de la seguridad en el país”.

Sigue el excanciller: “En 2023, la suma de desapariciones y homicidios dolosos de enero a mayo fue de 16.7 mil; en 2024 fue de 17.6, y en 2025, como ya dijimos, alcanzó el total de 18,000, un poco más que durante el bienio previo. No hay tal disminución de muertos por estas dos causas, sin incluir otras posibles”. En su explicación falaz, las dos causas son la misma, están todos muertos, según el autor, por eso los sumamos y los homicidios no han caído.

Y acto seguido Castañeda condensa todo nuevamente: “El problema yace obviamente en el incremento de desaparecidos. Estos se pueden deber a una mejor contabilidad y acopio de datos, o a una mayor propensión por parte de los autores de los asesinatos a desaparecer cuerpos, o a una maniobra de las autoridades de clasificar homicidios y desapariciones de manera diferente, o a una combinación de estas explicaciones”.

Explicaciones que no lo son, porque presuponen situaciones y factores cuya dimensión y proporción desconocemos: no sabemos exactamente cuántas personas desaparecidas estarían siendo asesinadas, lo que sí sabemos es que históricamente cerca de dos terceras partes de ellas, son localizadas con vida y no muertas, y hay entidades, como Guanajuato, en donde este dato llega al 85-90%.  El mismo Registro nacional arroja la cifra de solo 16 personas, nada más, cuya desaparición es investigada o vinculada por homicidio o feminicidio.

Ahora bien, es indudable que existe un fenómeno de ocultamiento de cuerpos de personas, denunciadas como desaparecidas, que pudieron haber sido asesinadas por integrantes del crimen organizado o grupos paramilitarizados, a veces con tolerancia o colusión de servidores públicos y corporaciones del Estado, pero vaticinar sobre los números y la proporción de estos casos para así sumarlos a priori, sin comprobación, a la cifra de homicidios dolosos es una movida especulativa y hasta estigmatizante para con las víctimas de estos crímenes.

Es un poco como cuando, en pleno auge mesiánico belicista de la narcoguerra de Calderón, se les caracterizaba como “daños colaterales”, o bien, se inferían y vomitaban estadísticas sobre que, según, el 70% de los homicidios eran entre criminales, o sea, “cosa de ellos” y no de la “gente de bien”, en un claro ejercicio de poder y creación de “enemigos internos” a combatir con lujo de violencia militar.

A manera de cierre el nuestro remata así, cito: “Asimismo, es posible que ahora la proporción de desaparecidos que siguen con vida haya cambiado. Pero una disminución de muertos no parece existir. Ahora sí que “les venimos con el cuento de que los muertos son los muertos”. Allí están”.

Entonces, se afirma sin corroboración, fuentes o evidencias, que ahora la proporción de localizaciones con vida habría cambiado, y que los muertos son los mismos porque sí, o sea, “no parece existir” la disminución de muertos, como los llama Castañeda. Me parece, en cambio, que lo que ha disminuido es el sentido común y la ética en el análisis de fenómenos tan dolorosos y pervasivos como la violencia, la pérdida de vidas, la ausencia.