Justicia exprés para los adversarios, justicia lenta para la ciudadanía

Por Sibely Cañedo

En Sinaloa, la justicia parece tener dos velocidades: una implacable para los adversarios políticos del gobernador y otra eternamente estancada para los ciudadanos que denuncian corrupción.

Este jueves 01 de mayo, el alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, se convirtió en el tercer alcalde desaforado en menos de tres años durante el gobierno de Rubén Rocha Moya, mandatario por el partido oficial.

Todo empezó con Jesús Estrada Ferreiro, ex alcalde de Culiacán, en junio de 2022; seguido unos meses después por Luis Guillermo Benítez Torres en Mazatlán. En todos los casos, la lógica fue la misma: denuncias por adjudicaciones directas, escándalos de sobrecostos, activación inmediata del Congreso y desafuero casi exprés.

En el caso de Vargas Landeros, se trató de contratos por adjudicación directa por 171 millones de pesos para la renta de 126 patrullas, todo un escándalo para el ex priista que infiltrado en Morena logró ganar la alcaldía de Ahome en 2021 y la reelección en 2024.

La ASE presentó la denuncia, la Fiscalía General del Estado pidió el desafuero y en cuestión de horas, el Congreso aprobó el retiro de fuero. Al día siguiente, el municipio donde las palmeras tocan el cielo ya tenía nuevo alcalde.

¡Ojo! Estamos de acuerdo en que se investigue a todos los funcionarios y gobernantes responsables de desfalcos al erario, abusos de poder o desvío de recursos públicos, de acuerdo con las evidencias.

Pero mientras estos casos avanzan con eficiencia abrumadora, cientos de denuncias ciudadanas siguen en el limbo. Iniciativa Sinaloa documentó que entre 2019 y junio de 2024 se recibieron 16,480 reportes (entre denuncias, quejas e informes de auditoría) en 58 órganos internos de control del estado. Sin embargo, apenas 10 casos fueron turnados a la Fiscalía Anticorrupción. Es decir, solo el 0.06%.

La mayoría de estos expedientes ni siquiera llegan al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA). Y de las pocas sanciones que se imponen, muchas son revocadas. En cuatro años, el Tribunal sólo aplicó dos sanciones por faltas graves.

Se pudo comprobar, además, que de estas más de 16 mil denuncias o quejas, más del 30% fueron archivadas por acuerdo de conclusión, un total de 5,019 casos en los que no se habrían encontrado elementos para fincar responsabilidades administrativas.

Para un gobierno que abandera la lucha contra la corrupción, extraña saber que secretarías tan importantes como la de Obras Públicas, Administración y Finanzas, Salud o la Sebides carecen de órgano interno de control, por lo que toda esta sobrecarga de trabajo es absorbida por la propia Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas.

Contrario a lo que ocurre con los desafueros de alcaldes, aquí el desinterés ha sido notorio tanto en la administración de Quirino Ordaz Coppel (2017-2021) como en la actual de Rocha Moya, donde muy poco se ha hecho para designar a los titulares de los OIC pendientes, capacitar a servidores públicos o incentivar su autonomía.

Además de los desafueros de alcaldes, en el actual sexenio se vinculó a proceso al rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Julio Madueña Molina, así como a altos funcionarios del comité de adquisiciones de la UAS, incluyendo a Héctor Melesio Cuén Díaz, hijo del ya finado político sinaloense Héctor Melesio Cuén Ojeda, ex rector de la UAS asesinado el 25 de julio de 2024  en una trama de narco y poder digna de serie de Netflix.

Con estos antecedentes pudiéramos pensar que el régimen de la 4T va hasta donde tope contra la corrupción, sin distingos. Sin embargo, nos brinca que en todos estos casos se trata de políticos que si bien han sido afines al régimen morenista, no se han alineado con los designios de Rocha Moya, incluso se puede considerar que en algún momento fueron firmes aspirantes a la gubernatura de Sinaloa.

De ahí viene que una percepción ampliamente difundida es que no es justicia lo que se busca ni combatir la corrupción per se, sino que el grupo en el poder, entiéndase Rocha Moya y su delfín el hoy senador, Enrique Inzunza, buscan allanar el camino rumbo a las elecciones de 2027.

Rapidez selectiva, omisiones estructurales

Además de la falta de autonomía y los altos niveles de impunidad administrativa, podemos constatar que la STRC y otros órganos internos de control se han convertido en un cuello de botella: denuncias que duran años en “etapa de investigación” y cuyos avances ni siquiera se informan a la ciudadanía o a las personas denunciantes.

Las denuncias presentadas por Iniciativa Sinaloa que, por cierto, también han revelado adjudicaciones directas irregulares se han topado con pared en la STRC, la ASE y órganos internos de control.

Aquí algunos ejemplos concretos:

• Caso Academia de Beisbol: se trató de una denuncia presentada el 05 de abril de 2017 por contrataciones irregulares por más de 300 millones de pesos en el gobierno de Mario López Valdez. El 21 de febrero de 2024, es decir, SIETE AÑOS DESPUÉS, se notificó que el caso fue cerrado por acuerdo de conclusión al no encontrar elementos para fincar responsabilidades.
• Caso PREECASIN: es una denuncia presentada el 27 de febrero de 2020. A más de cinco años, no se han informado avances en las investigaciones, a pesar de que Iniciativa Sinaloa presentó un amparo por omisión de la STRC, cuyo fallo le dio la razón a IS. Al no haber OIC de la Secretaría de Obras Públicas, es un procedimiento que se encuentra bajo investigación de la unidad de responsabilidades administrativas de la STRC.
• De acuerdo con los hallazgos de la investigación Preecasin, la Caja negra del Gobierno de Sinaloa, entre 2017 a 2019 la constructora estatal gastó más de mil 227 millones de pesos con márgenes de transparencia ínfimos, alejados de los que exigen las licitaciones públicas.
• Iniciativa Sinaloa mantiene otras dos denuncias por faltas administrativas graves ante la STRC, con base en los reportajes Sinaloa, la facturación invisible y Los procesos de adjudicaciones directas en los Servicios de Salud de Sinaloa, presentadas en 2020 y 2021. Hasta el momento, tampoco se han notificado avances de esos procesos.

Por parte de la ASE, tampoco ha habido resoluciones favorables a las denuncias presentadas por esta organización.

• Contratación de empresas fantasma: La contratación de empresas facturadoras de operaciones inexistentes por parte de dependencias del gobierno estatal, congreso local y cuatro municipios, fue denunciada por la orga ante la STRC y la Auditoría. Esto fue el 17 de febrero de 2021. Necesitaron tres años para informar que no tenían competencia  (ver acuerdo).
• Caso ISIFE: En enero de 2024, se presentó ante la ASE y ante el OIC del Instituto Sinaloense de Infraestructura Física Educativa (ISIFE) las respectivas denuncias por el exceso de adjudicaciones directas, más de 500 millones de pesos de 2017 a 2021. A pesar de todas las evidencias mostradas en la investigación Inversión en infraestructura escolar: la tubería rota de los recursos públicos, el tema sigue en etapa de investigación, sin informar ningún avance.
• Estudio de las contralorías internas:  después de presentar el estudio Órganos internos de control: el eslabón débil de la lucha anticorrupción en Sinaloa, solicitamos una auditoría de desempeño a la STRC. La ASE respondió que la petición no podía ser aplicada, a pesar de estar basada en la Ley de la Auditoría Superior del Estado para hacer sugerencias en el Plan Anual de Auditorías 2025.

Es por esto que nuestra organización propuso una reforma legislativa para reducir los plazos en las investigaciones, como sucede con otras materias jurídicas. En específico, modificaciones a los artículos 91 y 93 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, no obstante, el Congreso del Estado optó, sin mayores discusiones, por desechar la reforma que hubiera significado reducir los grados de impunidad y combatir la corrupción de manera más efectiva. Tal como lo anunció el órgano legislativo en comunicado del 23 de noviembre de 2023.

Tras este recuento, podemos concluir que hay una diferencia abismal sobre la manera en que las autoridades investigadoras, encargadas de las auditorías y de procuración de justicia abordan las denuncias ciudadanas y los casos con implicaciones político-electorales emanados del Poder Ejecutivo.

Lo que deja al descubierto esta cruda diferencia es que en Sinaloa, la justicia se administra no bajo los principios del Estado de derecho, sino bajo los intereses del poder en turno. La Fiscalía, la Auditoría y el Congreso operan con sincronía cuando se trata de remover a un alcalde, pero son incapaces de actuar con la misma determinación frente a las denuncias de la sociedad civil, por más pruebas documentales que se les entreguen.

Así se profundiza una crisis institucional que debilita la democracia, desacredita a las autoridades y amenaza con hacer del combate a la corrupción un espectáculo de vendettas políticas. Que los desafueros ocurran en días, mientras cientos de denuncias duermen años, es una señal clara de la justicia desigual que vivimos.

Ojalá que todas las denuncias, sin importar su origen, se investiguen con la misma celeridad y determinación que los desafueros exprés. Porque no puede haber gobernabilidad ni democracia sin justicia pareja.