Por: Ángel Leyva, director de investigación de Mexicanos Primero Sinaloa

A principios del mes de febrero, el presidente López Obrador presentó 20 iniciativas de reformas constitucionales. Aunque este proceso apenas comienza, es importante hacer un análisis de aquellas que tendrán mayor repercusión sobre el derecho a aprender de niñas, niños y jóvenes. En ese sentido, se analizarán las relacionadas con la desaparición de la Mejoredu y el INAI, así como la concentración de las funciones del CONEVAL dentro del INEGI.

En el caso de la Mejoredu, fue el organismo que sustituyó al extinto INEE Si bien, éste ya había significado un retroceso democrático, el nuevo instituto se hizo cargo de distintas responsabilidades relevantes, entre ellas: realizar investigaciones, evaluaciones, indicadores, recomendaciones, así como a emitir lineamientos que ayuden a impulsar la mejora continua de la educación.

La decisión de derogar la fracción IX que le da sustento a la Mejoredu significaría un golpe para el derecho a aprender, ya que se requieren mecanismos objetivos e imparciales que orienten la política educativa de forma efectiva y eficiente para ajustar responsablemente donde sea necesario. Para esto, se requiere que el instituto sea externo, trasladar estas atribuciones a la SEP sesgaría la información y el contenido generado sería poco confiable para impulsar la mejora educativa que el país necesita.

 

En el caso de la desaparición del INAI, sería un gran retroceso para el derecho al acceso de información, el cual también repercutiría en el derecho a la educación, sobre todo considerando todos los avances que se han tenido desde hace más de 20 años en materia de transparencia y rendición de cuentas. Actualmente, hay numerosos sujetos obligados que niegan la información, por lo que se requieren procesos de intervención y apoyo por parte de los órganos garantes para exigir su cumplimiento.

Carecer de este organismo impediría las labores de contraloría social y de investigación de organizaciones de sociedad civil y los individuos, asimismo, aumentaría la opacidad y se vulneraria el derecho a saber por parte de la sociedad. Las autoridades podrían esconder datos e información pública valiosa sin ningún tipo de consecuencia, aumentando la corrupción y el abuso de poder.

La absorción del CONEVAL por parte de INEGI implica otro reto para la educación, ya que este organismo, aunque se centra en la política social, genera evidencia valiosa para la política educativa. Como bien señala este instituto, “lo que se mide se puede mejorar”, y su objetividad, tanto para la medición de la pobreza, como para la evaluación de programas, hace que todo el contenido generado sea fundamental y confiable para la toma de decisiones.

 

Los casos que aquí se mencionan, son valiosos organismos que se perderían por estas iniciativas basadas en ocurrencias y caprichos. Carecer de datos, información y evidencia oportuna y pertinente para impulsar la transformación educativa, implica navegar a ciegas ante las complejidades educativas para lograr los ajustes y mejoras que se requieren. Estas instituciones son fundamentales para conocer y mejorar lo que sucede en las escuelas y las comunidades escolares, por lo tanto, es imprescindible defenderlas y fortalecerlas para el futuro democrático.

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