La justicia ausente: ¿por qué una fiscalía especializada para proteger a quienes nos defienden y les dan voz?

Por Sibely Cañedo

“Hechos son amores y no buenas razones”. La consigna popular se escucha muy oportuna ante el compromiso realizado por el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de crear por fin la Fiscalía Especializada para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (PDDHyP) del Estado.

Y es como que sociedad civil organizada, la Red de seguimiento a la implementación de la Ley de Protección hemos solicitado por casi 3 años resarcir la omisión en que ha incurrido el Congreso del Estado, y que resulta clave para una política pública de protección efectiva.

Como parte de estas acciones, se presentó un juicio de amparo indirecto por la omisión del órgano legislativo, el cual fue admitido por un juez de distrito el pasado 31 de enero, lo que ha derivado en una serie de hechos y gestiones. Pero también nos lleva a realizarnos algunas preguntas:

• 1) ¿por qué crear una fiscalía especializada para proteger a quienes nos defienden y les dan voz?,
• 2) ¿no será esto una manera más de engrosar la burocracia y aumentar el gasto público de manera irrelevante?,
• 3) ¿cuál será la garantía de que esta fiscalía rinda los resultados esperados para acabar con la impunidad en los delitos cometidos contra periodistas y activistas?

En torno a la primera cuestión, recordemos que la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas fue aprobada el 24 de mayo de 2022, tras una exigencia ciudadana que duró aproximadamente 5 años, luego de que el asesinato del periodista Javier Valdez sacudió a su gremio en Sinaloa.

Tras la publicación de la ley ese mismo año, el grupo promotor – en el que se encuentra Iniciativa Sinaloa –, se conformó como Red de seguimiento para vigilar el cumplimiento de la legislación; desde entonces ha identificado como omisiones persistentes la falta de una fiscalía especializada y la no regulación de publicidad oficial. En esta ocasión nos enfocaremos en la primera.

Las obligaciones del Estado para la protección de estos dos gremios no emanan solamente de la legislación local; también la promulgación de la ley homóloga federal establece que los gobiernos de los estados deben instituir mecanismos de coordinación y de protección hacia la defensa de los DDHH y el periodismo; así como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos obliga al cumplimiento de los tratados internacionales de derechos humanos en este sentido.

Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señala como obligaciones de los Estados la prevención de agresiones contra periodistas y personas defensoras; la implementación de mecanismos de protección; la investigación y sanción de las agresiones, y por último, la reparación del daño a las víctimas.

Así, podríamos responder que la creación de una fiscalía especializada es un derecho ganado por los gremios con la aprobación de la ley de Protección en Sinaloa, pero además un pilar sin el cual la política de protección tambalea, debido a la impunidad de que gozan los agresores, perpetuando el ciclo de violencia.

En otras palabras, no hay incentivos para que los agresores, que en su mayoría son particulares vinculados al crimen organizado o funcionarios públicos, dejen de atentar contra periodistas o defensores en muy diversas formas: desde amenazas y discursos estigmatizantes, hasta la privación de la libertad y el asesinato, con lo cual no solo se trata de silenciar a las víctimas directas, sino a toda la sociedad.

Todo ello a pesar de que a nivel federal existe la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión (más conocida como FEADLE), la cual ha sido ampliamente criticada por su ineficiencia, además de ser mínimos los casos que atrae para su investigación desde los ámbitos estatales.

Por otro lado, los números también nos hablan de la necesidad de que exista una institución ministerial que investigue con un enfoque de libertad de expresión y considere el derecho a defender derechos humanos como parte de sus fundamentos. Para no considerar, por ejemplo, el ataque a balazos en contra de un medio, como si se tratara de simples daños a un bien inmueble.

Las amenazas y agresiones a defensores y periodistas se ha incrementado de forma significativa a partir de la llamada “narcoguerra” en Sinaloa, sumando esto a la deuda histórica de crímenes impunes.

“Narcoguerra”: el impacto en el activismo y el periodismo

A medio año del conflicto entre dos facciones del Cártel de Sinaloa, la violencia ha dejado 913 casos de homicidios dolosos, mil 242 privaciones ilegales de la libertad y 3 mil 336 vehículos robados en el estado, donde el grueso de los delitos se han localizado en Culiacán.

Estas son las cifras que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública reportó en el periodo de septiembre de 2024 a febrero de 2025, una muestra de los impactos que ha significado esta guerra para la población en general.

Sin embargo, los riesgos son aun mayores para quienes cubren la información relacionada con la inseguridad, la corrupción y violaciones de derechos humanos. Lo mismo para quienes ejercen la defensa de causas sociales, pues frecuentemente se enfrentan a poderes fácticos y afectan, con su trabajo, intereses económicos, políticos o delincuenciales.

Ocurre con los colectivos de búsqueda y sus integrantes, principalmente mujeres. Ellas resultan incómodas a los grupos criminales que, como parte de sus estrategias, han masificado la desaparición de personas, lo cual las convierte en blancos visibles al momento de exigir justicia y buscar a sus seres queridos, por lo que han sido de los grupos más vulnerados.

Esto se refleja en el incremento de amenazas y agresiones contra las PDDDHyP en 2024: año en el que se registraron 98 agresiones, un aumento del 53% respecto a las 64 agresiones registradas en 2023, según datos oficiales del Instituto de Protección.

Gráfico 1. Número de agresiones contra periodistas y personas defensoras de DDHH en Sinaloa.

En los meses de septiembre y octubre, con el estallido de las disputas, el promedio mensual de agresiones se duplicó al pasar de 5 a 10 casos, en los que se registraron hechos como el atentado al diario a El Debate el 17 de octubre y la desaparición de uno de sus repartidores al día siguiente.

Desde agosto de 2022, año de creación del Instituto, hasta 2024 se reportaron 177 agresiones contra periodistas y activistas. La mayor parte son amenazas, actos de intimidación y estigmatización a través del discurso público, pero también hubo violencia física: lesiones, detenciones arbitrarias y privaciones de la libertad, además de ataques en el ámbito digital.

Consultar monitoreo a la ley de protección: https://monitor.iniciativasinaloa.org.mx/categorias/informes/

Ataques a libertad de prensa y DDHH: invisibilizados

Para el mes de febrero, ya eran 203 agresiones contra medios de comunicación, periodistas y defensores de derechos humanos; un dato relevante es que de todas ellas, al menos 156 podrían constituir delitos de acuerdo con el Código Penal para el Estado de Sinaloa. Sin embargo, solo 51 denuncias han sido presentadas por esos hechos ante la Fiscalía General del Estado.

Se conoce esto porque el Instituto acompañó a las PDDHyP agredidas a interponer denuncia; el resto se abstuvo de hacer uso de este derecho ya sea por la falta de confianza en las autoridades, por la presunta colusión de agentes del Ministerio Público con grupos delictivos o por haber recibido amenazas para no denunciar.

Aun así, de estas pocas denuncias solo 16 casos se consideran en la Fiscalía bajo el protocolo para investigación de delitos contra libertad de expresión o defensa de derechos humanos, un subregistro que impide dimensionar la magnitud del fenómeno.

Este número lo dio a conocer la fiscal Claudia Sánchez Kondo, quien el 25 de febrero recibió a un grupo de la Red de seguimiento: unas 15 personas, representantes de colectivos de búsqueda, periodistas y representantes de organizaciones de sociedad civil, quienes solicitaron la reunión para hablar de la fiscalía especializada.

Como se advierte, la mayoría de las agresiones son clasificadas en los delitos generales. Al preguntar la razón, no hubo una explicación clara, solo el compromiso de revisar la información. Lo que podría entenderse por una omisión o por falta de personal especializado.

En ese encuentro, Sánchez Kondo explicó lo que había sorprendido al grupo, al enterarnos por una nota periodística que los diputados de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado presentaron una iniciativa de ley para reformar la Ley de Protección y eliminar la obligatoriedad de crear la Fiscalía Especializada. En su lugar, se le darían más atribuciones a la ya existente Vicefiscalía de Derechos Humanos para atender esos casos.

Consultar nota: https://revistaespejo.com/2025/02/24/congreso-busca-penalizar-agresiones-a-periodistas-y-defensores-de-derechos-humanos-en-sinaloa/#google_vignette

Para la titular de la Fiscalía, esto representaría un avance, ya que a pesar de que hoy es una unidad administrativa sin investigadores asignados, las adecuaciones a la ley vendrían además con la contratación de más policías investigadores y peritos, a quienes se les capacitaría para hacer frente a este reto.

En ello coincidió la diputada María Teresa Guerra Ochoa, al ser cuestionada por parte de la Red, ante el aparente intento de desaparecer la fiscalía especializada en un madruguete legislativo, y ser reemplazada por una unidad especial, que según sus promoventes tendría los mismos efectos con menor gasto público.

Para la Red así, como para algunos de los consejeros del Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, esto representaría una regresión respecto a lo ya ganado en la ley. En tanto, la adhesión de los casos a la Vicefiscalía de Derechos Humanos seguiría siendo una atención generalizada, que no garantiza investigaciones adecuadas, puesto que se perderían en el cúmulo de denuncias por temas de derechos humanos.

Ante este panorama, integrantes de la Red optamos por llevar a Oficialía de Partes del Congreso del Estado una iniciativa ciudadana para la creación de la Fiscalía especial, a fin de ampliar la discusión sobre ese tema y ganar tiempo.

Ver comunicado: https://iniciativasinaloa.org.mx/presentan-iniciativa-ciudadana-para-la-creacion-de-la-fiscalia-especializada-para-la-proteccion-de-periodistas-y-defensores/

Un tema de dinero

Sobre el tema del presupuesto, se advierte que la Vicefiscalía requeriría una inversión importante, que no ha sido especificada. Actualmente, es una unidad con atribuciones administrativas destinada a la atención de recomendaciones de las comisiones oficiales de derechos humanos, sin facultades de investigación.

La Red solicitó conocer cuál es la diferencia entre la creación de una unidad y una Fiscalía especializada, ya que al parecer todo se reduce a un tema presupuestal.

Por lo tanto, cabe reflexionar cuál es la importancia que tiene para el Gobierno del Estado y para la sociedad el reducir la violencia e impunidad contra quienes son agredidos por defender los derechos de todas y todos: quienes revelan casos de corrupción, quienes luchan por las personas más marginadas, quienes buscan a las personas desaparecidas, quienes promueven la igualdad y la equidad de género, entre muchas otras luchas sociales. Simplemente, es una labor invaluable para la vida pública y la democracia, que debería ser valorada por todos, y no se le deberían escatimar los pesos y centavos.

Si es un tema de dinero, pensemos que el 17 de enero de 2024, el gobierno estatal inauguró una pista de hielo que costó 3.7 millones de pesos en Culiacán; o si pensamos en obras de mayor magnitud, se ha solicitado un crédito por 2 mil 300 millones de pesos para incentivar la obra pública, que incluye un centro de convenciones para la capital sinaloense con un costo de 300 millones de pesos, cuando el Instituto de Protección, tiene un presupuesto anual actualmente de 13 millones.

El titular del Poder Ejecutivo tiene las facultades para hacer la propuesta del presupuesto en el próximo ejercicio fiscal e incluir la creación de la Fiscalía Especializada para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Y no solo la facultad, sino la obligación de ley, y para recordarle de esto parte de la Red de seguimiento nos reunimos con el Gobernador el pasado 06 de marzo, luego de varios meses de solicitar audiencia, donde se desarrolló un diálogo cordial en el que se hizo un compromiso público importante, el cual valoramos. Pero a su vez, la Red se compromete a continuar con los mecanismos de vigilancia ciudadana a fin de que llegue a su cumplimiento.

Para ello, se acordó iniciar mesas de diálogo con la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado durante el mes de marzo, en las que esperamos conocer propuestas detalladas y hacer también nuestras aportaciones.

En clave de participación ciudadana

La tercera pregunta que nos hicimos al inicio de esta entrega, fue cómo garantizar que esta fiscalía dará resultados y que al final no se convertirá en un elefante blanco y burocrático más.

Las inercias institucionales y la arraigada corrupción en nuestro sistema político hacen de esto un reto mayúsculo; sin embargo, la experiencia que nos ha dejado el ejercicio de monitoreo de la ley es que bajo la observación permanente de la ciudadanía es lo único que puede arrojar una esperanza de crear una institución funcional, que pueda abatir la impunidad histórica, representada en 7 periodistas asesinados desde el año 2000 y al menos 9 defensores de derechos humanos ultimados por motivo de su labor en el estado de Sinaloa, sin que sus deudos hayan conocido la justicia plena.

Comprobado está que el modelo actual no da resultados, sobre todo porque los delitos ni siquiera se investigan con perspectiva de derechos humanos o libertad de expresión, por lo que tenemos cierto que de seguir igual no pasará nada, al contrario, la violencia y agresiones continuarán incrementándose, mucho más en el escenario actual.

Finalmente, la creación de una Fiscalía Especializada para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas no es solo una necesidad urgente, sino una obligación ineludible para garantizar la justicia en un contexto de violencia creciente. Los avances alcanzados hasta ahora, como la aprobación de la Ley de Protección, deben traducirse en acciones concretas que frenen la impunidad que sigue imperando en el estado. Sin este órgano especializado, la capacidad del sistema de justicia para investigar y sancionar las agresiones a estos sectores vulnerables será limitada y, en consecuencia, seguirán siendo blanco fácil de ataques y amenazas. La falta de voluntad política y la presencia de intereses creados no deben seguir siendo un obstáculo para que se logre un verdadero cambio en la política de protección y justicia.

A medida que avanzamos en el proceso, la participación ciudadana se convierte en un factor crucial para asegurar la transparencia y efectividad de la nueva fiscalía. No basta con que se cree la estructura; debe funcionar bajo una vigilancia constante y un compromiso firme por parte de los organismos de la sociedad civil para evitar que se convierta en una nueva burocracia inoperante.

El Gobierno del Estado tiene la oportunidad de mostrar que “hechos son amores” y que el compromiso con la justicia y la seguridad de los periodistas y defensores no es solo un discurso, sino una realidad tangible que requiere inversión y determinación. En este sentido, la sociedad debe continuar exigiendo resultados concretos, porque la protección de estos derechos fundamentales es esencial para la democracia y el bienestar de todos.