La única constante es el cambio… y la lucha por un Estado de Derecho desde la ciudadanía 

Por Carmen Garnica, Vinculación e Incidencia en Iniciativa Sinaloa

“Todo cambia, nada permanece tal como está ahora”. Esta frase dicha hace aproximadamente 2500 años por el pensador griego Heráclito es una premisa muy actual, y no solo se relaciona con el contexto de inseguridad y de menoscabo de los derechos civiles en Culiacán del 9 de septiembre, los conocidos coloquialmente como Culiacanazos, son la evidencia de la incertidumbre que vivimos la sociedad de la capital sinaloense. De momento nos queda solo resguardarnos y estar atentos a los llamados de protección que emitan las autoridades.

Sin embargo, la falta de certeza va más allá del plano de seguridad en Sinaloa. En lo nacional podemos observar los cambios políticos y la búsqueda de reformas constitucionales que se busca aprobar antes de que termine el actual sexenio. Las cuales pueden afectar la concepción de la democracia en nuestro país. Entre ellas la reforma al poder judicial y la eliminación de los órganos autónomos federales.

El pasado 4 de septiembre por la tarde trabajadores del poder judicial, estudiantes y ciudadanía de Sinaloa marcharon en contra de la reforma judicial que se busca aprobar en México. A pesar de que estuvo en duda quién convocaba la movilización, se estima que al menos 500 personas participaron en la marcha donde se escuchaba el resonar de las voces con frases como “si el pueblo se informa, no pasa la reforma” o “el juez imparcial  es de carrera judicial”, entre otras. También se podían leer pancartas con textos como “México despierta, la dictadura está en puerta”, “La justicia no es un juego de poder es un derecho” y múltiples frases haciendo referencia al rechazo de la reforma que tanto el ejecutivo como parte del poder legislativo federal buscan aprobar a la brevedad. Durante los días siguientes continuaron las manifestaciones en semáforos de la calle Obregón en Culiacán.

Lo preocupante de esta reforma es que el objetivo principal de esta sea el de designar por medio de elección popular a jueces y magistrados por encima de la impartición de justicia. Esperemos no caer en el “velo de la ignorancia” que John Rawls menciona se vive en las naciones antes de entrar en el Estado de Derecho o en este caso a la inversa. Si bien todo es perfectible, y existe evidencia de que es necesario reformar, las reformas deben de garantizar el bien común y no buscar la perdida de contrapesos, los cuales son necesarios en toda democracia.

Otro tópico de interés nacional que incluso ha atraído la opinión de la Organización de Naciones Unidos y otros países es la iniciativa que busca eliminar a los órganos autónomos. El pasado 5 de septiembre la Red Ciudadana por la Integridad y Anticorrupción en Sinaloa (RECIAS) de la cual es miembro Iniciativa Sinaloa presentó en rueda de prensa su posicionamiento ante el intento de desaparecer los órganos autónomos en nuestro país. Entre ellos: la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).

Es preocupante que la desaparición de órganos autónomos implique la limitación de los derechos humanos en México, ya que estos organismos requieren de independencia para emitir datos, diagnósticos y resoluciones que sumen al equilibrio de poderes en las esferas económica, político y social. El acotar el actuar de estas instituciones es afectar al acta fundacional del sistema democrático en nuestro país. Por tomar como ejemplo el acceso a la información pública, la cual es un derecho humano fundamental para el cumplimiento de otros derechos como la libertad de expresión, acceso a la justicia y la participación ciudadana, esto implicaría que las toda lucha social que requiera de información confiable y verídica para generar diagnósticos de los problemas sociales y posibles soluciones se vea limitado en su actuar.

Bajo el derecho de participar en la vida pública, las organizaciones civiles que integran la RECIAS exigimos a las y los legisladores los siguientes compromisos:

No aprobar reformas al vapor, sin una discusión previa que tome en cuenta la participación ciudadana en todos los estados de la República, a través de procesos de parlamento abierto, y no solamente a nivel central.

Aprobar únicamente aquellas reformas que respeten el carácter progresivo de los derechos humanos y que no signifiquen un retroceso en materia de derechos y libertades ganados por la ciudadanía.
Considerar en todo momento que el acceso a la información pública es un derecho humano, que requiere garantías para su cumplimiento y que es además la base para el acceso a otros derechos humanos y sociales.

Respetar los logros de luchas ciudadanas en materia de transparencia y rendición de cuentas, fortaleciendo a los órganos autónomos a través de la búsqueda de reformas que mejoren su operación, eficiencia y combate a la corrupción, pero no su desaparición.